A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha
El 2023 será recordado en la historia política de México como un año de cambios significativos en su estructura judicial. La aprobación de la reforma judicial, aunque polémica y objeto de amplios debates, representa un momento crucial para el sistema judicial del país.
Esta reforma busca reestructurar el funcionamiento del Poder Judicial, con el propósito de garantizar una mayor eficiencia y transparencia en la impartición de justicia. No obstante, dentro de este proceso, surge una cuestión esencial que ha sido poco discutida: la situación de los trabajadores no juzgadores del Poder Judicial Federal.
Uno de los pocos actores políticos que levantaron la voz a favor de este sector de trabajadores fue la senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, su bautizo de fuego dentro de su flamante encargo en la cámara alta.
Durante su participación en la discusión de la reforma judicial, González Silva enfatizó la urgencia de brindar certidumbre a la plantilla laboral no juzgadora del Poder Judicial Federal. Este sector incluye a aquellos empleados administrativos, secretarios, auxiliares, y otros trabajadores cuya labor, aunque esencial para el funcionamiento del sistema judicial, tiende a ser opacada por el protagonismo de jueces y magistrados.
La senadora subrayó que estos trabajadores también necesitan seguridad laboral y una estructura clara que les permita continuar desarrollándose profesionalmente sin temor a perder sus empleos o enfrentar condiciones laborales precarias. En palabras de González Silva, la reforma judicial debe ser integral y no puede enfocarse únicamente en la reestructuración de los cargos de jueces, sino también en la protección de los derechos laborales de aquellos que sostienen el sistema desde las bases.
La reforma judicial en México ha sido vendida como un esfuerzo para combatir la corrupción dentro del sistema y mejorar la impartición de justicia.
Por más cuestionable y criticable que haya sido como se logró que pasara con la mayoría calificada en medio de amenazas, traiciones y descalificaciones el calor elevado de la discusión y confrontación abierta dejó del lado a la mayoría de los integrantes del poder judicial, ahí es donde la voz de la Senadora González Silva es lo más rescatable.
Las condiciones laborales de estos trabajadores. Si bien la reforma ha sido celebrada por muchos sectores como un avance hacia una justicia más eficiente, para la plantilla no juzgadora, las incertidumbres respecto a su situación laboral no han sido del todo resueltas.
El Impacto en los Trabajadores no Juzgadores
Para los trabajadores del Poder Judicial que no ejercen funciones de jueces o magistrados, la reforma genera incertidumbre. Las modificaciones estructurales, la posible reducción de personal y los cambios en la forma en que se gestionan los recursos humanos dentro del Poder Judicial pueden tener consecuencias directas sobre sus condiciones de trabajo.
González Silva ha destacado que estos empleados, en su mayoría, forman parte de una plantilla que ha dedicado años al servicio público y que merece ser tratada con dignidad y respeto. La necesidad de una estabilidad laboral es fundamental para garantizar que estos trabajadores continúen desempeñando su labor con el compromiso que los caracteriza. No se trata únicamente de juzgadores, sino de un entramado más amplio de personas que hacen posible el correcto funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia.
En el estreno como parlamentaria de la senadora González Silva en la discusión de la reforma judicial destaca por su enfoque en la dimensión humana del cambio legislativo. En lugar de centrarse únicamente en los aspectos técnicos y jurídicos, su intervención hace un llamado a recordar que detrás de cada reforma existen trabajadores cuyas vidas pueden verse afectadas por decisiones políticas.
La propuesta de González Silva subraya la necesidad de crear mecanismos de protección para los empleados del Poder Judicial no juzgadores, con el fin de garantizar que los cambios estructurales no resulten en una precarización de su situación laboral. La certidumbre y la estabilidad que la senadora promueve son pilares fundamentales para asegurar un ambiente de trabajo adecuado que permita el correcto funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.
Su esposo, Ricardo Gallardo, en horario laboral de martes integró la reunión de la bancada de su partido el Verde Ecologista en el Senado de la República, el mensaje para muchos fue claro, el político en funciones más fuerte de este partido buscará atenuar los efectos del albazo del bloque oficialista en protección de los trabajadores.
