El Radar por Jesús Aguilar
San Luis Potosí no tiene un problema de quejas. Tiene un problema de poder.
En cuatro meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró al menos 152 quejas contra autoridades: 26 en enero, 21 en febrero, 42 en marzo y 63 en abril. No es una anécdota administrativa. Es una gráfica de temperatura: conforme avanza el año, sube la inconformidad ciudadana y aparecen los mismos nombres de siempre: Fiscalía, Seguridad Pública, reinserción social, ayuntamientos, educación e Interapas.
La radiografía es clara: detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, retrasos en investigaciones, omisiones médicas, falta de medicamentos, acoso escolar, suspensión de agua, cobros indebidos y actos administrativos sin fundamento legal. No son errores de ventanilla. Son formas cotidianas del abuso cuando el ciudadano queda solo frente al escritorio, la patrulla, la carpeta de investigación, la celda, la escuela o la llave seca.
El dato más delicado está en abril: 63 expedientes, con Interapas a la cabeza con 10 denuncias; la Fiscalía con nueve; Seguridad Pública con siete; Prevención y Reinserción Social con siete; y la UASLP con cinco. Ese mes también obligó a la CEDH a emitir 13 medidas precautorias para evitar daños irreparables.
Ahí está el dato que más impacta: cuando una comisión debe dictar medidas urgentes para agua, salud, seguridad, cárcel y escuela, lo que falla no es un área. Falla el modo en que el poder trata a la gente.
La ley local dice que la CEDH es un organismo autónomo con plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión, y que su objeto esencial es proteger, defender, observar, promover y educar en derechos humanos. También faculta a su presidencia a pedir medidas precautorias inmediatas, emitir recomendaciones, diagnósticos e informes, y elaborar indicadores sobre la situación de derechos humanos en la entidad.
Pero una comisión no se mide sólo por existir. Se mide por incomodar.
Los Principios de París de Naciones Unidas establecen que las instituciones de derechos humanos deben tener mandato amplio, independencia real, pluralismo y capacidad efectiva para proteger y promover derechos. Luigi Ferrajoli lo resume desde el garantismo: los derechos fundamentales son la “ley del más débil” frente a la ley del más fuerte.
Por eso el expediente potosino duele doble. Porque mientras las quejas suben, la CEDH también enfrenta cuestionamientos por opacidad: reconoció cuatro recomendaciones en 2026, pero al 20 de mayo no aparecían publicadas oficialmente; además arrastra el pendiente del informe especial sobre desapariciones prometido desde 2019.
La pregunta no es si hay quejas. La pregunta es si hay consecuencias.
Porque una queja sin seguimiento se vuelve desahogo. Una medida precautoria sin vigilancia se vuelve trámite. Una recomendación no publicada se vuelve secreto. Y una Comisión de Derechos Humanos que no incomoda al poder corre el riesgo de convertirse en una oficina de recepción del dolor ajeno.
San Luis Potosí necesita una CEDH que no administre expedientes: que nombre patrones, exhiba reincidencias, obligue a reparar daños, publique recomendaciones, mida cumplimiento y le diga al ciudadano, sin discursos, que no está solo frente al abuso.
El poder siempre prefiere ciudadanos cansados.
Los derechos humanos existen exactamente para lo contrario.
