En México sólo siete entidades federativas han tipificado los ataques con ácido o con sustancias corrosivas, a pesar de que este tipo de violencia en el país ha ido en aumento, de acuerdo con activistas.
Jalisco, donde Luz Raquel Padilla Gutiérrez fue víctima de agresión con una sustancia química previo a su asesinato, cuenta con una iniciativa que hasta el momento no se ha aprobado. La madre cuidadora ya había sido atacada con sustancias químicas en mayo pasado, sin embargo, las lesiones en su pecho no fueron suficientes para que las autoridades dieran celeridad a su denuncia y buscaran a sus agresores.
Activistas y especialistas en la materia han denunciado que el crimen contra Luz Raquel muestra nuevamente cómo las autoridades minimizan este tipo de casos, a pesar de que siguen en aumento.
“Esto solamente es la punta del iceberg de un problema muy grave y muy complejo que apenas se empieza a reconocer en México. […] y, aunque el problema lleva ocurriendo desde hace al menos tres décadas en el país, la verdad es que puedo decir con mucha seguridad que ha habido un aumento muy significativo de este tipo de casos en los últimos años y que es producto de la impunidad social y del Estado; de las redes de complicidad y de la falta de castigo”, indicó Ximena Canseco, investigadora de la Fundación Carmen Sánchez, organización que ha documentado ataques con ácido y ha hecho labor para visibilizar e impulsar legislaciones en contra de estas agresiones.
En México se han registrado al menos 33 ataques con ácido, sin contar las agresiones con otras sustancias corrosivas, los cuales datan desde 1988, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez. En Jalisco, al menos una mujer transgénero ya había sido atacada con ácido, en octubre de 2020.
De los ataques sólo con ácido documentados por Fundación Carmen Sánchez, dos se registraron en el año 2012. Los años 2014 y 2015, registraron un caso respectivamente. Para el año 2016, hay dos casos registrados. Para el año 2017, la cifra creció a tres casos y en el 2018, a cinco casos.
En tanto que en el 2019 se contabilizaron al menos tres víctimas y cuatro en el año 2020; sin embargo, el año anterior, 2021, la cifra se disparó a nueve casos: dos en la Ciudad de México, dos en Coahuila y en Puebla. En tanto que, en Veracruz, Michoacán, Quintana Roo y Jalisco, se registró uno en cada entidad federativa.
Durante este año se ha tenido conocimiento de al menos un ataque, ocurrido el pasado 27 de junio en Puebla, Puebla.
Ximena Canseco explicó que en la documentación que lleva la Fundación Carmen Sánchez sólo se incluyen ataques con ácido, pero estimó que las agresiones con otro tipo de sustancias corrosivas podrían ser cientos a nivel nacional.
EL CASO DE JALISCO
El asesinato de Luz Raquel Delgadillo Gutiérrez, quien había denunciado constantemente amenazas y fue previamente agredida con una sustancia química en Zapopan, Jalisco, ha puesto de nueva cuenta en los reflectores la violencia “ácida” o ataques con corrosivos.
El 14 de mayo pasado, la Diputada local María Dolores López Jara de Movimiento Ciudadano, el partido en el Gobierno de Jalisco, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del estado a fin de sancionar con penas de 9 a 12 años de prisión a quien lesione con ácidos o cualquier tipo de sustancia corrosiva a cualquier persona, agravándose la pena un tercio cuando los daños sean en cara, cuello, brazo, mano o que afecte la funcionalidad de los órganos sexuales.
La propuesta de la legisladora también contempla “regular la venta de ácidos, sustancias corrosivas, tóxicas e inflamables; así como sancionar la venta sin licencia de ácidos o sustancias corrosivas, tóxicas e inflamables”.
“Es visibilizar como lesiones graves y que, aunque no pongan en peligro la vida, sí son irreversibles los ataques con ácidos (…). En estos no vemos una intención de feminicidio, es peor, marcar a las mujeres de por vida, echarles a perder su figura, su rostro, pero sobre todo su dignidad”, detalla la iniciativa.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Igualdad Sustantiva, hasta el momento no se ha dictaminado, debido a que aún falta la instalación de mesas de trabajo especializadas en la materia, indicó la legisladora en entrevista con SinEmbargo.
“Nos faltan un par de mesas estas técnicas, justamente para prever que se clasifiquen adecuadamente las sustancias corrosivas. La iniciativa tiene sus tiempos y debe de llevar en el proceso legislativo”, dijo.
La Diputada consideró que la iniciativa va en tiempo y que en agosto podría ser dictaminada e incluso aprobada por el pleno del legislativo jalisciense.
“Vamos a buen tiempo, sin embargo, bueno este caso (el de Luz Raquel) pues encendió las alertas. Nosotros estaríamos únicamente a la espera de las mesas técnicas para que el dictamen ya pase a aprobación, que te puedo decir que prácticamente la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de Jalisco se sumaron a esta iniciativa por lo que no habría una falta de consenso”, expresó.
En Jalisco se registró al menos un ataque con ácido. Se trata del caso de Zoe, una joven mujer transgénero que fue atacada con ácido en octubre de 2021, en la colonia Centro de Guadalajara. La víctima presentó quemaduras de segundo grado en el 60 por ciento de su cuerpo.
Además, es la tercera entidad que más reporta lesiones dolosas en contra de mujeres durante el primer semestre de este año con un total de 2 mil 186 mujeres víctimas de algún tipo de ataque.
El primer lugar lo tiene Estado de México, muy por encima de todas las entidades federativas, con un total 7 mil 945 mujeres lesionadas de manera dolosa, seguido de Guanajuato con 3 mil 391 mujeres víctimas de lesiones dolosas, de todo tipo.
La experta Adriana Reyes Flores, perita en psicología forense y coordinadora de investigación de la Fundación Carmen Sánchez, explicó que es importante que se tipifiquen estos delitos porque la falta de una adecuada penalización o tipificación ocasiona que las investigaciones se realicen de manera deficiente y también impide un claro registro que permita dimensionar la incidencia de estos delitos.
“Es muy importante porque la falta de una legislación y que no esté plasmado en una Ley, impide que se haga una investigación efectiva y esto ha ocasionado que en muchos de los casos las investigaciones se inicien por delitos de lesiones y esto implica una menor penalidad y por lo tanto implica también formas de investigación diferentes e impide también que las víctimas puedan tener acceso a diversas reparaciones a la rehabilitación física psicológica, que ellas necesitan”, detalló.
Las investigadoras explicaron que cuando una mujer sufre este tipo de violencia, la clasificación se deja a consideración del Ministerio Público, lo que ha provocado que en la mayoría de las carpetas estén llenas de omisiones que atrasan u obstaculizan los procesos para acceder a la justicia, pues los agentes del Ministerio Público, en algunos casos, integran las carpetas de investigación como violencia doméstica e incluso como lesiones simples, delitos que son catalogados como no graves. En el mejor de los casos los catalogan como intentos de homicidio, pero las penas para este delito son muy bajas.
“Cuando una persona llega a poner una denuncia, lo que hace (la autoridad) es buscar dentro del catálogo de delitos con cual empata esa conducta, pero ante la ausencia de esta legislación específica de ataques con ácido (o sustancias corrosivas), es decir, lo que hace la autoridad ministerial es buscar un delito que se asemeje a esta conducta, que se está reportando, denunciando, y eso es lo que hace que justamente se investigue como lesiones porque es lo que más se le aproxima, es decir, que no es un descuido meramente de los ministerios públicos sino que es lo que está en la Ley, de ahí la importancia”, abundó Reyes Flores.
Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí son los únicos estados que, desde el 2019 y hasta el 2021, empezaron a cambiar sus códigos penales para castigar con cárcel a quienes cometen este tipo de violencia que pretende destruir la vida de las víctimas y que la ONU ha considerado como “una forma devastadora de violencia de género”.
En tanto, en el Senado se aprobó en marzo pasado una reforma al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar esos ataques con diferentes tipos de sustancias químicas como violencia física contra las mujeres. De acuerdo con el proyecto avalado, los ataques con sustancias contra las mujeres se consideran “como una forma de violencia física”.
El proyecto, se devolvió a la Cámara de Diputados con modificaciones, instancia que tendrá que dictaminarlo y aprobarlo, pues el Senado avaló detallar las sustancias con las que se pueden violentar a las mujeres donde se incluyen el uso de ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.
De las agresiones con ácido de las que se tienen conocimiento, las más antiguas datan de noviembre de 1988, en la delegación Gustavo Álvaro Madero, en la Ciudad de México; seguido por otro caso en 1990 y otro más en 2001, ocurrido también en el Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez.
Sin embargo, la fundación advirtió que las víctimas podrían ser muchas más y que la cifra negra podría ser mucho mayor, por eso instan a las autoridades a establecer un sistema nacional para recabar, analizar y publicar periódicamente datos.
“La verdad es que sabemos que el porcentaje es muchísimo mayor de mujeres que han sido víctimas de ataques con ácido sustancias corrosivas sustancias químicas entre sustancias inflamables”, detalló Ximena Canseco.
Sin Embargo
