El RADAR
Por Jesús Aguilar
En política fiscal hay dos formas de aumentar la recaudación: decirlo de frente o hacerlo en silencio. La Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí optó claramente por la segunda.
Mientras el discurso público del alcalde Enrique Galindo insiste en que no habrá nuevos impuestos y que los ajustes responden únicamente a la inflación, la revisión puntual de la iniciativa revela incrementos reales en diversos rubros, particularmente en el predial residencial, derechos y servicios municipales, algunos de ellos muy por encima del índice inflacionario.
Los datos son claros:
en ciertos tramos del predial los aumentos alcanzan hasta 26 por ciento, cuando la inflación anual ronda cifras de un solo dígito. No se trata de una percepción ni de un debate ideológico: es una comparación directa entre las tablas de 2025 y 2026.
La pregunta no es si hay aumentos. Los hay.
La pregunta es por qué y para qué.
Primera explicación: recomponer finanzas heredadas
Una lectura posible —y razonable— es que el gobierno de Galindo intenta revertir una situación financiera frágil heredada del trienio anterior. La administración 2021-2024 cerró con márgenes estrechos, limitada capacidad de inversión y una recaudación que hoy resulta insuficiente para sostener servicios, mantenimiento urbano y proyectos nuevos.
Desde esta óptica, los aumentos “silenciosos” serían una estrategia de corrección fiscal: no anunciar alzas directas para evitar costo político, pero sí ajustar tarifas clave para recuperar oxígeno financiero. El énfasis en ampliar la base contributiva y regularizar cobros atrasados refuerza esta hipótesis.
Aquí el mensaje implícito es claro:
sin recursos propios, no hay ciudad que funcione.
Segunda explicación: autonomía frente al poder dominante
Hay una segunda lectura que no es solo financiera, sino política. El Ayuntamiento de la capital es hoy un gobierno de oposición tanto al régimen estatal verde como al proyecto nacional de la 4T. En ese contexto, fortalecer la recaudación local se vuelve una condición de supervivencia.
Un municipio con baja recaudación depende más de participaciones estatales y federales, y por tanto es más vulnerable a presiones políticas. Incrementar ingresos propios —aunque sea de forma discreta— es una manera de ganar margen de maniobra, pagar nómina, sostener programas y no quedar atado a decisiones ajenas.
Visto así, los aumentos no solo buscan dinero: buscan autonomía operativa en un entorno político adverso.
Tercera explicación: el horizonte 2027
La tercera hipótesis combina las dos anteriores y añade un elemento clave: el futuro político. Desde el inicio del actual gobierno municipal ha sido evidente que la administración no solo gobierna el presente, sino que piensa en el 2027.
Una hacienda municipal más fuerte permite obras, programas visibles y capacidad de respuesta. Todo eso se traduce en capital político. Hacerlo sin anunciar grandes alzas reduce el desgaste inmediato y permite construir un discurso posterior de “eficiencia administrativa”.
En ese sentido, la Ley de Ingresos 2026 no es neutra: es parte de una estrategia de acumulación de recursos y control, indispensable para cualquier proyecto político competitivo en un escenario polarizado.
El punto de fondo
El problema no es únicamente que existan aumentos. El verdadero problema es la distancia entre el discurso y la realidad. Decir que no hay incrementos cuando los números muestran otra cosa erosiona la confianza pública y abre flancos innecesarios.
La ciudadanía puede aceptar ajustes si se explican.
Lo que difícilmente acepta es descubrirlos en la letra pequeña.
En El Radar, el dato es simple:
la Ley de Ingresos 2026 sí aumenta la carga fiscal efectiva en varios rubros, aunque no se le llame así.
Y eso obliga a una discusión honesta sobre prioridades, herencias financieras y ambiciones políticas.
Porque en política, como en los impuestos, lo que no se anuncia también cuenta.
Y esto es directamente proporcional a las intenciones de llegar con pocos raspones a competir en el 2027, y eso no se puede soslayar.
