Ello de acuerdo con información publicada por elblogdelnarco.com, Tras la guerra contra el narco emprendida durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, en 2006, las organizaciones criminales no sólo se han dividido y expandido por estados del país que eran totalmente pacíficos, ahora han firmado convenios con grupos regionales de Colombia.
Se trata principalmente de los carteles de Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, quienes habrían hecho alianzas con grupos ubicados en determinadas subregiones o departamentos de Colombia. Por la parte colombiana los asociados señalados son el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Que se ubica en Chocó, Catatumbo y Arauca (frontera con Venezuela); Clan del Golfo, ubicado en la región de Urabá; y el grupo de Los Contadores, en el departamento de Nariño (frontera con Ecuador).
Según declaraciones de oficial de la Policía Antinarcóticos, el coronel Carlos Bueno, iniciaron presencia en el país sudamericano para verificar el producto y han conseguido hacer inversiones en los laboratorios.
“Están muy bien establecidos la zona, ellos tienen el control territorial e infraestructura”, señaló.
La manera de operar, de acuerdo con los agentes colombianos, ha buscado tener el control de los laboratorios en suelo colombiano, desde donde se saca la pasta con la que se elaborará la droga y finalmente se procesa en suelo mexicano.
La diferencia está en que dejaron de comprar cocaína directamente, para comprar infraestructura que les permita acercarse más al proceso inicial y que el costo sea menor a lo que pagaban originalmente.
Una de las causas atribuibles a ese fenómeno, según analistas colombianos consultados por el medio informativo de ese país, los carteles mexicanos aprovecharon que tras el proceso de pacificación de Colombia, iniciado a partir de 2016, las tierras que dominaban algunos grupos no fueron decomisadas por el gobierno de Colombia, lo cual ha dejado una puerta abierta para la expansión del negocio de los carteles mexicanos.
Un indicador de la problemática es que 25 personas con nacionalidad mexicana han sido detenidos en el último año, por transportar pasta o el producto con rumbo a México o Centroamérica.
