Este martes estuve en el programa “En LÉscola con Núria” un programa de la abogada defensora de derechos humanos Núria González López desde Barcelona https://dlvradio.es/260enlescolaconnuria/ hablé acerca de los ataques a la libertad de expresión construidos desde el derecho penal en San Luís Potosí a través de la Ley Serrano.
Para quienes nos leen desde otros lugares, el pasado 23 de junio el legislativo tenía pleno y hacía allí se dirigió una protesta ciudadana conformada por diversos grupos cuyas causas no han sido atendidas.
Cuando llegaron al Congreso, ubicado en la plaza de armas del centro de la capital se les cerraron las puertas y se abrieron paso, en una foto ampliamente difundida en medios se observa a dos personas con una placa metálica contra la puerta (giratoria) que según impediría entrar a las y los potosinos a un edificio público a ver a sus representantes.
La gente entró contra la voluntad la mayoría de las y los diputados, no sólo fue una oposición física, sino que se pronunciaron en tribuna acusaciones falsas de que la gente iba alcoholizada y drogada, para justificar llamar a la policía para que se les detuviera. Consiguieron entrar y el autor de los 3 tres artículos de la Ley Serrano salió del recinto mientras el pueblo potosino, clamaba a rendir cuentas.
Las fotografías tomadas a los diputados en las salas interiores muestran mentones levantados, sonrisas burlonas, el pecho abierto, los brazos amplios, el PAN, el PVEM, MORENA, el PRI, MC, PT, Nueva Alianza, dieron declaraciones, desde amenazas de denuncia, a excusas, propuestas tardías de modificaciones o derogación, pero la respuesta verdadera es que al otro día el Congreso estaba vacío.
En la actualidad hay por lo menos 4 delitos en San Luis, incluida la de Serrano que pueden usarse como herramienta para la represión pública. Hace un par de columnas publiqué algunos, por ejemplo, los artículos 170 TER, 170 QUATER y 170 QUINQUIES denominado “Mensajes Intimidatorios”.
En el dictamen publicado en la Gaceta le pidieron opinión a la Fiscalía, se respondió que era muy amplio, difuso y dable para ser derribado por la Suprema Corte, aunque “legitimo” porque el bien jurídico es la paz pública y la seguridad colectiva (inclusive dentro del capítulo de delitos que son contra las personas).
El dictamen reconoce que otras legislaturas no han querido hacer figuras así por intervenir en materia federal sobre crimen organizado, pero para las y los diputados es de relevancia castigar con cárcel a quien elabore, coloque, difunda o exhiba mensajes “intimidatorios”.
El Congreso sabe de su impedimento, pero en la justificación de evitar que la gente escriba en cartulinas en este momento es delito que cualquier mensaje se realice con la finalidad de coaccionar a una autoridad a realizar una función pública con 2 a 5 años de prisión. Es decir, si la autoridad considera intimidatorio lo que escriban las madres buscadoras, quienes piden agua, justicia, la evitación del fracking, las consultas indígenas, el acceso a la justicia o cualquier tipo de causa puede ser investigado.
Antes de acabar como Poncio Pilatos esta iniciativa de María Leticia Vázquez Hernández fue aprobada en la sesión ordinaria por la Comisión Primera de Justicia el 1 de abril de 2025 con los votos de:
Dip. María Leticia Vázquez Hernández (presidenta) – A favor
Dip. Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez (vicepresidenta) – Sin firma
Dip. Dulcelina Sánchez de Lira (secretaria) – A favor
Dip. Carlos Artemio Arreola Mallol (vocal) – Abstención
Dip. Jessica Gabriela López Torres (vocal) – Abstención
Dip. Tomas Zavala González (vocal) – A favor
Dip. Rubén Guajardo Barrera (vocal) – A favor
Iniciativa de Mensajes Intimidatorios
Ese es el mismo caso del Halconeo presentada por el titular del Poder Ejecutivo sobre el cual también se advirtió en mayo de 2025, dejemos de oír las declaraciones de los diputados y vamos a las votaciones de la Gaceta, a los hechos, a las firmas, allí la votación fue:
Dip. María Leticia Vázquez Hernández (presidenta) – A favor
Dip. Martha Patricia Aradillas (vicepresidenta) – A favor
Dip. Dulcelina Sánchez de Lira (secretaria) – A favor
Dip. Carlos Artemio Arreola Mallol (vocal) – Abstención
Dip. Jessica Gabriela López Torres (vocal) – Abstención
Dip. Tomas Zavala González (vocal) – A favor
Dip. Rubén Guajardo Barrera (vocal) – Sin firma
Iniciativa “Halconeo”
A estas alturas, allí donde el gesto vale más que la palabra, la sensación de ofensa de parte de estos legisladores y la muestra que hace la ley Serrano no es una alteración puntual, sino el síntoma de un cáncer donde todos han sido cómplices por mucho que algunos integrantes busquen seguir siendo opción para la ciudadanía que en su momento querían mandar a prisión.
A lo largo de esta legislatura diversas plumas hemos escrito sobre la situación de sus iniciativas, estamos ante gente que gana 100 cien mil pesos mensuales, además de aprobarse millones de pesos en asesoría y han arrastrado la norma penal hacía una incertidumbre jurídica y político criminal al grado de hacerla ininteligible, si no sabían lo firmado o si no les importó, si se abstuvieron, entonces ¿de que sirven?
¿Por qué hasta ahora?
El gremio de abogados y abogadas lo sabían. Salir a medios a opinar ahora y no haberlo advertido, es promoción de imagen. No es lo mismo señalar algo corriendo riesgos, que hacerlo cuando organizaciones como Artículo 19 o periodistas nacionales e internacionales acompañan el clamor por un Estado de Derecho. Ello no sólo alude a su “experto” favorito, sino a los operadores, los jueces de San Luis Potosí, los magistrados, el poder judicial que fue “votado” tiene claro que está ante figuras inconstitucionales y usaron los tipos para justificar prisión de todos modos.
Claudia Espinosa Almaguer
