Los feminicidios que nadie previno 

DESDE LA MANO IZQUIERDA, OPINIÓN

El 25 de julio de 2018 se publicaron las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México del Comité para la Eliminación de la Discirminación contra la Mujer que vigila el cumplimiento de la Convención (CEDAW). Es relevante dado que el cuestionario enviado al país para revisar la situación de las mujeres se respondió por parte del gobierno federal durante la administración de Peña Nieto y con los pendientes allí descritos se habría recibido esa política por el actual presidente. Elijo el fenómeno feminicida para verificar algún cambio que funja también de punto de partida de la siguiente titular. 

El Comité de entonces manifestó su preocupación por la violencia contra las mujeres a partir del uso de estereotipos sexistas que justificaban crímenes graves como la violencia familiar, la desaparición forzada, la tortura sexual y los asesinatos perpetrados tanto por hombres vinculados a las víctimas como por agentes estatales y pertenecientes al crimen organizado, a razón de ello solicitó al Estado adoptar medidas de prevención para preservar la vida e integridad de las mujeres combatiendo la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la marginación y la pobreza. 

Respecto a la atención, se pidió homologar los procedimientos de búsqueda: la Alerta AMBER  y el protocolo Alba, crear otros para desaparición, feminicidio y trata además de evaluar la repercusión del mecanismo de Alerta de la Ley General de Acceso y en cuanto a la sanción, el Comité solicitó la tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales del país, la investigación, enjuiciamiento y aplicación de penas a los responsables, incluidos agentes estatales y no estatales como cuestión prioritaria. 

Casi dos años después, el 14 de agosto de 2020, el gobierno de México reportó haber firmado acuerdos, reformado algunas leyes y elaborado el PROIGUALDAD 2020 – 2024. También hizo manifiesto que en la pandemia tuvo como actividad “esencial” el funcionamiento de refugios y centros de atención a mujeres víctimas y a sus hijos. 

Al haberse creado una comisión nacional para responderle a la CEDAW, descubrieron que el delito de feminicidio ya estaba vigente en todo el país (lo cual se sabía desde 2017) pero prometieron promover una armonización para que quedase igual que el artículo 325 del Código Penal Federal. Podemos recordar de ese año la propuesta de Gertz Manero de desaparecer la figura por completo, un modelo presentado por el senado, similar a la legislación del Sur y hasta el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio del ex ministro Arturo Zaldivar.

Por fortuna, ninguna de esas ideas prosperó, pero sí lo hizo la impunidad, sabemos que en los años del gobierno a punto de terminar, se iniciaron 45,643 carpetas de investigación entre presuntos feminicidios, homicidios dolosos y culposos donde las víctimas fueron mujeres y niñas pero que menos del 25% acabaron en sentencias. 

El aparente énfasis puesto en la homologación del delito que finalmente no llegó a nada, tampoco se realizó sobre los protocolos, México se conformó con informar y el Comité de expertas con recibir, información acerca de que en 29 Estados tenían instrumentos para investigar los asesinatos violentos de mujeres y su desaparición mismos que estaban desfasados por haberse creado en el sistema penal tradicional o en la transición, por ello el “avance” consistió en seguir recomendando el apego a los criterios de la sentencia de Mariana Lima, no sabemos si alguno lo hizo. 

Recién, en noviembre del año pasado, fueron enviados nuevos cuestionamientos, ahora para preparar el décimo informe periódico de México, entre los que se encuentran datos estadísticos desagregados por sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, origen étnico, ubicación geográfica y condición socioeconómica, sobre la situación actual de la mujer en el Estado y el Comite CEDAW ha vuelto a pedir la armonización del delito de feminicidio y su tipificación en todos los códigos de conformidad ocn la Ley General de Acceso entre otros puntos similares a los de 2018 pero ahora adjetivados de urgentes. Alguien aquí no está poniendo atención. 

Claudia Espinosa Almaguer

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