El Radar
Por Jesús Aguilar
En un país donde la tierra sigue siendo un patrimonio esencial, no solo económico sino también identitario, el acceso a la justicia agraria debería estar blindado contra los intereses mezquinos.
Sin embargo, lo que sucede en la Procuraduría Agraria, delegación San Luis Potosí, muestra el rostro más agrio de una institución que nació para proteger al campesino, pero que hoy —según testimonios y prácticas sistemáticas— se ha convertido en un obstáculo más para el ejidatario potosino.
La estructura de la Procuraduría Agraria en el estado parece estar bien organizada sobre el papel: cinco residencias distribuidas estratégicamente en San Luis Potosí, Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale, con un delegado al frente, Gustavo López Rodríguez. Cada residencia con su jefe, visitadores agrarios y abogados que, se supone, deben atender de manera gratuita y expedita los problemas agrarios en cada región. Pero en la práctica, ese andamiaje institucional se ha pervertido al punto de que muchos lo consideran un “mercado paralelo de justicia”.
Trámites que deberían ser gratuitos… y no lo son
Lo que debería ser una gestión sin costo se ha convertido en un lucrativo negocio para algunos funcionarios de medio y bajo nivel. La compraventa de parcelas, uno de los trámites más recurrentes en el campo potosino, se cotiza entre 3,000 y hasta 10,000 pesos, dependiendo del tipo de contrato y la zona. A esto se suma el cobro por asistir a asambleas ejidales —con tarifas que varían según el tema a tratar— y peticiones de “apoyo económico” con excusas tan cínicas como “no hay para las copias” o “no hay gasolina en el vehículo oficial”.
Este tipo de prácticas no son hechos aislados. Son un patrón. Una costumbre institucionalizada que se extiende por las cinco zonas del estado. Lo más alarmante es que, según denuncias reiteradas, los delegados estatales tienen pleno conocimiento de estos abusos sin que se haya implementado una sola acción contundente para erradicarlos.
Corrupción estructural, contubernio y silencio
Aún más grave es la relación de complicidad entre la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), otra institución señalada por su opacidad y lentitud, y que aparece una y otra vez en estas denuncias como beneficiaria de “mordidas” para agilizar trámites. Hay quienes aseguran que el dinero que piden algunos funcionarios de la PA es “para untarle la mano al del RAN”, como si esa fuera la única forma de que un trámite camine.
Incluso se ha reportado que visitadores y abogados solicitan dinero para “promover juicios ante el tribunal unitario”, algo que no solo es ilegal, sino que vulnera gravemente los derechos de los campesinos, muchos de los cuales no saben leer ni escribir, y se ven obligados a pagar lo que sea para no perder su tierra o su derecho a la misma.
Un delegado omiso, una institución en ruinas morales
Gustavo López Rodríguez, actual delegado en San Luis Potosí, ha permanecido en un silencio cómplice frente a este deterioro institucional. No ha sancionado, no ha removido, no ha transparentado. Y mientras tanto, los ejidatarios, los hombres y mujeres de campo, siguen siendo víctimas de un sistema que opera más como cártel burocrático que como una entidad protectora.
Este estado de cosas ocurre bajo la administración del procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, quien ha reiterado en múltiples foros su compromiso con la justicia social. Pero lo cierto es que ese discurso no ha permeado en las bases operativas, donde el campo mexicano sigue siendo víctima de su propia burocracia.
¿Y el gobierno de la 4T?
En tiempos de la autodenominada transformación del país, estos vicios contradicen el discurso de justicia, honestidad y combate a la corrupción. Las delegaciones agrarias no solo deben ser auditadas, deben ser refundadas, y los responsables de lucrar con la miseria campesina, sancionados penalmente.
Validar el derecho agrario implica más que leyes: implica voluntad. Y mientras esa voluntad no se traduzca en acción, seguiremos teniendo una Procuraduría Agraria que, en vez de defender la tierra, la convierte en moneda de cambio.
Ecos de los señalamientos previos a Ismael Carrillo del RAN.
En la anterior entrega del Radar señalamos con argumentos sólidos el tremendamente oscuro trabajo realizado por el titular de la delegación del RAN en San Luis Potosí, sus abusos, inoperancia y casos flagrantes de nepotismo y enriquecimiento ilícito.
¿Estará el Procurador Agrario local en la línea del titular del Ran?
¿Los seguirá protegiendo el impresentable Ricardo Monreal?
