La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación de otros 15 indígenas detenidos por la masacre de 1997 en la comunidad de Acteal, en Chiapas. Sin embargo, ellos tendrán que vivir en el exilio, pues según un acuerdo con las autoridades locales no podrán regresar a sus comunidades.
“A los ojos de la comunidad ellos (los liberados) son culpables”, dijo a CNNMéxico el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León. “Era muy riesgoso su regreso a Chenalhó (municipio donde se ubica Acteal)… Porque una cosa era la exoneración legal que les otorgó la Corte, y otra la percepción social sobre su inocencia”, agregó.
Para evitar hechos violentos, las autoridades y los liberados firmaron en 2009 un acuerdo para evitar que los indígenas exonerados regresaran a Chenalhó y a sus comunidades de origen. El gobierno les otorgaría tierras de cultivo, una casa y proyectos productivos, inicialmente en comodato (figura que establece que pueden hacer uso de los recursos, pero no tienen la pertenencia legal de ellos) por un periodo de cinco años, al término del cual los bienes pasarían a ser de su propiedad.
“La cárcel no es juguete, abandona uno a la familia. No pude darles estudio a mis 11 hijos, que quedaron muy pequeños. Ahora no sabemos si vamos a regresar. No lo asimilamos. Aceptamos firmar el acuerdo pero no me siento contento porque quedo distanciado de mi familia. Es un destierro”, dijo a CNNMéxico Jacinto Arias Cruz, quien fue presidente municipal de Chenalhó cuando ocurrió la masacre, y quien salió libre este miércoles.
Arias sostiene que antes de la masacre pidió ayuda al entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, para detener la violencia en la región. No lo logró “y me castigaron injustamente”.
Agregó que la violencia que derivó en la masacre de los 45 indígenas tzotziles provino de “las organizaciones”, entre ellas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “A ellos (los sobrevientes) les gusta la organización, les gustó asociarse con las personas que no les gusta vivir en paz. Antes de eso todos vivíamos tranquilos”, señaló.
“No tenemos rencor”, pese al exilio
En diciembre de 1997, pocos días después del asesinato de 45 indígenas tzotziles, Lorenzo Ruiz Vázquez y otros indígenas de Chenalhó fueron detenidos con engaños y trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Chiapas, estado ubicado al sur de México.
Tras pasar 10 años en prisión, acusados de los delitos de homicidio, lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 14 indígenas fueron liberados en 2009 por una resolución de la SCJN, que actuó tras un recurso interpuesto por la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Lorenzo recuerda que al salir de prisión, la noche del 12 de agosto de 2009, lloró. Primero de alegría al saber que saldría de prisión y después de tristeza, cuando le informaron que no podría regresar a su comunidad de origen, ni acercarse al municipio de Chenalhó.
Nosotros no tenemos ningún rencor, pero “solo Dios sabe quién es el provocador”, dijo Nicolás Hernández Pérez, liberado en febrero de 2012, quien sostiene que aceptó firmar el acuerdo que le impide regresar a su poblado, “para no caer en la provocación”.
Hernández Pérez considera que hay un motivo para la reubicación: “Nosotros no tenemos ningún rencor, cambiamos nuestra forma de pensar y actuar cuando estuvimos en prisión… Allá ellos (los sobrevivientes de Acteal) si nos guardan rencores”.
Pendiente, la resolución de la CIDH
Los sobrevivientes de la masacre, integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, realizaron protestas contra las resoluciones de la SCJN que, desde 2009, han derivado en la liberación de los detenidos implicados en la masacre para exigir que permanezcan en prisión.
Sostienen que reconocieron plenamente a los 79 detenidos como las personas que participaron en la muerte de sus compañeros e insisten en que son los autores materiales de estos hechos. “Ellos siguen teniendo sus armas escondidas, siguen amenazando, y algunos han ido a Chenalhó”, acusan.
Como sobrevivientes, interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja para que esta instancia pida al Estado mexicano llevar a juicio al expresidente Ernesto Zedillo; a quien fuera secretario de Gobernación en 1997 y hoy es secretario de Educación, Emilio Chuayffet; al exgobernador Ruiz Ferro, y al entonces general de la Secretaría de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre. A todos ellos consideran autores intelectuales de la masacre.
Otro grupo demandó a Ernesto Zedillo en una corte de Estados Unidospara exigir una indemnización económica. Los sobrevivientes sostienen que no se ha aplicado justicia contra el que consideran fue un “crimen de Estado”.
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/04/12/los-indigenas-liberados-por-el-caso-acteal-van-de-la-carcel-al-destierro
