Después de casi dos meses hospitalizada, de litigios y de peticiones internacionales, los médicos han practicado una cesárea a Beatriz, la salvadoreña con una gestación de alto riesgo que aguardaba permiso del Gobierno para interrumpir su embarazo. La mujer, de 22 años, con patologías renales graves y lupus, ha sido intervenida después de que el equipo de facultativos que la atiende constatase que tenía contracciones. Estaba a punto de entrar en la semana 27 de gestación, y su salud había empeorado mucho. “Me encuentro muy cansada. Se me está cayendo el pelo muchísimo y me cuesta respirar”, suspiraba poco antes de la intervención, recostada en la cama. Los médicos, que esperaban cualquier indicio o un agravamiento más agudizado de su estado de salud no lo dudaron. Ahora permanece ingresada en cuidados intensivos, según fuentes hospitalarias.
La niña que esperaba ha nacido anencefálica (sin cerebro) y con otras anomalías gravísimas. Cinco horas después de la intervención ha muerto. Unos momentos de angustia para la familia. “Lo estamos pasando mal. Han dejado pasar mucho tiempo… tengo miedo de que pueda estar sufriendo”, remarcaba Delmy Cortés, la madre de Beatriz. Es una mujer fuerte y con una mirada franca, pero está nerviosa. Está preocupada por cómo se sentirá su hija cuando despierte. “Ha pasado mucho. No solo de salud…”, cuenta.
Beatriz lleva semanas alejada de su familia y de su hijo, de 14 meses. Es una mujer de origen muy humilde que apenas ha salido de su pueblo Jiquilisco, en el centro del país. Cuando los médicos le dijeron que su vida corría riesgo por el embarazo, solicitó a principios de abril un amparo legal para poder abortar. Sus abogados –miembros de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto— se basaban en que el Gobierno de El Salvador debía proteger el derecho a la vida de esta mujer, que estaba siendo vulnerado. Tras múltiples recursos, el miércoles pasado la Sala de lo Constitucional denegó ese amparo. En su resolución recordaba que la Constitución prohíbe el aborto, aunque incidía en que los médicos debían proporcionar a Beatriz el “tratamiento que resulte idóneo para su condición médica”.
Y a en la grieta que deja ese argumento, la que apunta que deben ser los médicos quienes decidan el tratamiento para mantenerla con vida, es a lo que se ha aferrado el Gobierno salvadoreño para autorizar la intervención. También al hecho de que, al ser una gestación tardía el procedimiento que necesitaba Beatriz ya no se denominaba médicamente aborto, sino parto sobrevenido. Finalmente esta práctica tampoco ha sido necesaria. Según ha aclarado la ministra de Sanidad esta noche en un programa de televisión, el parto estaba empezando a desencadenarse por sí solo.
La presión interna y externa ha sido muy grande. El jueves, horas más tarde de que se conociera que el Constitucional denegaba la petición de aborto de Beatriz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instaba al Gobierno de Mauricio Funes a que ordenara la intervención para salvar la vida de la mujer. La resolución, además de vinculante, es histórica porque es la primera vez que este organismo (dependiente de la OEA) se pronuncia sobre un caso de aborto.
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