El Radar
Por Jesús Aguilar
La empresa CEMAT Construction, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, ha retomado su intención de explotar tierras del ejido Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí.
El objetivo: replantear su proyecto extractivista, pero ahora mediante un nuevo enfoque que incluye rentar las tierras de uso común del ejido y modificar el reglamento internopara debilitar la oposición de los comuneros y activistas que se oponen.
Para ello, los líderes del comisariado ejidal han convocado a una asamblea el próximo 15 de junio, en la cual se tratarán dos puntos clave:
• Un informe de demanda ante la PROFEPA, lo que podría ser una forma de cubrir legalmente acciones pasadas o preparar el terreno para futuras operaciones.
• El seguimiento a la actualización del reglamento ejidal, que es lo que preocupa más a las organizaciones defensoras del territorio, porque puede abrir la puerta a decisiones contrarias a los intereses colectivos, como la renta o venta de tierras.
¿Qué denuncian los movimientos sociales y comuneros?
El movimiento de defensa de Corcovada y Guardianes de la Sierra de San Miguelitoalertan que esta estrategia es una nueva forma de presión de la empresa para avanzar en su proyecto, aprovechando estructuras ejidales cooptadas y posiblemente con el respaldo del Gobierno del Estado. Saben que la única barrera sólida para frenar esto es el compromiso expresado públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó categóricamente en su última visita a San Luis Potosí que no habrá permisos para explotar Corcovada.
Sin embargo, se teme que actores políticos y empresariales estén intentando “torcer” esa voluntad presidencial, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente de San Luis.
Antecedentes de luchas similares: El caso Cerro de San Pedro y el FAO
El documento recuerda el caso de la Minera San Xavier, que durante años intentó explotar Cerro de San Pedro, pese a la oposición ciudadana y múltiples resoluciones legales en su contra. El Frente Amplio Opositor (FAO) logró detener el proyecto en una docena de ocasiones, pero la minera volvía con respaldo político —como ocurrió con el exgobernador Marcelo de los Santos, que protegió a la empresa aún con dictámenes en su contra.
Este antecedente sirve como advertencia: aunque las comunidades ganen legal y moralmente, los poderes fácticos encuentran caminos para imponerse si no hay voluntad política real y firme desde el más alto nivel.
Explicación sencilla del conflicto actual:
1. La empresa CEMAT quiere explotar tierras del ejido Corcovada.
2. Antes buscaban comprar o imponer; ahora quieren “rentar” la tierra y cambiar las reglas internas del ejido para quitar poder a sus opositores.
3. El comisariado ejidal lanzó una convocatoria a asamblea para avanzar en estos cambios.
4. Los defensores del territorio temen que el Gobierno del Estado ayude a la empresa a cambio de favores o intereses.
5. Solo la presidenta Sheinbaum ha sido clara: no habrá explotación en Corcovada.
6. Pero temen que se esté intentando presionarla o engañarla para permitir el proyecto.
7. Organizaciones como Guardianes de la Sierra llaman a prepararse para resistir, como se hizo en Cerro de San Pedro.
¿Por qué importa?
Este caso no es solo un conflicto ambiental, sino un choque entre modelos de país: uno basado en la defensa del territorio, el agrarismo, la propiedad comunal y el respeto ambiental; y otro, donde el poder empresarial y político intenta imponer megaproyectos sin el consentimiento de las comunidades.
La lucha en Corcovada resuena más allá de San Luis Potosí, porque muestra si realmente el nuevo gobierno federal se comprometerá con el pueblo, o si seguirá permitiendo que los intereses económicos de siempre operen desde la sombra, como en el pasado.
¿Qué dice el Gobierno del Estado?
Aunque no hay pronunciamientos claros al respecto, hay indicios consignados por Astrolabio de cómo la dirección de Minería estatal estuvo en contacto con los comuneros de la zona.
El gobierno del estado no tiene jurisdicción directa en la generación de permisos de explotación minera que son responsabilidad federal, sin embargo, fuentes fidedignas afirman que los argumentos que se han esgrimido ante la propia Presidenta Sheinbaum son que los opositores son operadores de Cementos Moctezuma, “depreadores” del progreso esperando sumas multimillonarias por ceder en la construcción del entronque
75 D de la empresa META de Vicente Rangel Mancilla, vinculada también a uno de los principales detractores del régimen actual Claudio X. González.
¿Qué posición establecerá el Procurador Agrario Nacional Víctor Suárez en esta nueva ofensiva?
¿Cómo no afectará la objetividad en la toma de decisiones el tinglado de intereses que se han calentado en el tema?
