¿A qué nivel de degradación tiene que llegar la vida cotidiana en México para que haya cambios? ¿Cuántas más muertes inocentes necesita la sociedad para despertar? ¿Qué se requiere para que los ciudadanos asuman el reto de dirigir el destino de este país?
Asistimos a una de las épocas más oscuras y convulsas, producto de la ingobernabilidad y la impunidad que protege a la clase política corrupta e indolente.
Los focos rojos de violencia aumentan en la República, pero entre todos, Veracruz, ocupa un lugar muy destacado. Es uno de los narcoestados más ignorados por el gobierno federal. Gobernado eternamente por el PRI y donde impera la ley de la selva, o más bien, la ley del narcogobierno, la pax de Javier Duarte.
Si antes fue Fidel Herrera el gobernante que permitió a este hermoso estado convertirse en territorio Zeta, ahora es Javier Duarte, — el gran depredador de la prensa que ocupa el primer lugar en asesinatos de periodistas— quien cosecha las mieles del éxito.
Los mexicanos no solo tenemos que enfrentar el creciente poderío de los cárteles de la droga diversificados en múltiples células, sino el nacimiento de otros grupos delictivos de todo tipo.
“Los Porkys”, son una banda criminal integrada por Juniors, la mayoría, hijos de funcionarios de los distintos gobiernos priístas o bien de gente con dinero. Contrario a otros cárteles, a Los Porkys no les interesa el tráfico de drogas ni el narcomenudeo, mucho menos el trasiego de armas. Les sobra el dinero, porque tienen a sus padres obteniendo millones de dólares. Aunque evidentemente siguen acumulando riqueza a través del tráfico humano.
A Los Porkys les interesa el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Los Juniors se encaprichan de jovencitas y menores de edad; las secuestran, las violan, las desaparecen y a veces las asesinan.
Su última víctima se llamaba Columba Campillo González de 16 años de edad. El miércoles pasado, salió a correr por la tarde al bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río y fuelevantada. Dos días después encontraron su cuerpo en un terreno baldío del fraccionamiento Los Delfines, estaba atada de pies y manos y fue violada. Era estudiante de la Universidad del Valle de México.
No es la única, en los últimos días también fue levantada Melissa Espinoza Hernández de 16 años, quien había desaparecido el mismo miércoles, al salir de la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana en el Puerto. Ella alcanzó a enviar un mensaje por el celular pidiendo ayuda a algunos amigos.
Dos días después, fue secuestrada una tercera joven de 16 años, estudiante del Conalep Jalapa. A las pocas horas fue lanzada con vida, a la calle Encanto en el centro de la ciudad. Tenía muestras de haber sido violada.
Los Porkys, al más puro estilo mafioso, recorren la ciudades veracruzanas buscando hermosas jóvenes para secuestrarlas. Algunas no han regresado, otras fueron ejecutadas, y el resto violentadas sexualmente.
Su modus operandi funciona como el utilizado por los Zetas en las ciudades del noreste del país. Los jefes de plaza raptan mujeres y niñas para convertirlas en sus parejas por un tiempo y luego venderlas a los giros negros que ellos mismos controlan. Se encaprichan de ellas cuando las ven en la calle, trabajando en algún negocio comercial, esperando el autobús o cuando se divierten con otras amigas en los antros.
Luego empiezan a seguirlas para determinar sus rutinas y finalmente son levantadas, algunas incluso de sus propias viviendas. El caso del municipio de Apodaca en el estado de Nuevo León, da cuenta, como en tan solo dos años, desaparecieron 200 jovencitas entre 15 y 25 años, la mayoría de colonias populares.
En Veracruz han desaparecido más de 6 mil mujeres y niñas en los últimos años, según estadísticas de organizaciones no gubernamentales. No es casual que ahora nos enteremos que hay un cártel dedicado exclusivamente al tráfico de mujeres que anualmente genera ganancias por 10 mil millones de dólares a los cárteles mexicanos, en especial, a otros cuatro: los cárteles del Golfo, Los Zetas, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios, según denunció en su reciente informe, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe.
Veracruz es tierra de feminicidios. Tan solo entre 2012 y 2013 se cometieron 175 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo el 49 por ciento se investigó como feminicidios. A pesar de no aceptar el componente de género en todos los casos, las autoridades veracruzanas registraron el año pasado más de 70 feminicidios.
El caso de los Porkys, se trata de delincuencia común, pero igualmente con asociación delictuosa para cometer deleznables crímenes que se inscriben en el tráfico humano con fines de explotación sexual. Todo indica, que los Juniors se encaprichan de las chicas y no les importa nada porque se saben impunes.
Pero ¿quiénes son los Porkys, presuntamente protegidos por el gobierno del priísta Javier Duarte? Su estela delincuencial es amplia. En 2012, algunos miembros de esta banda, hijos de funcionarios del gobierno de Miguel Alemán fueron detenidos, como Alberto Manuel Navarra Velasco, alias “El Beto”, después de siete años de estar prófugo por el asesinato del estudiante de la preparatoria Xalapa, Manlio Humberto Palomeque Ruiz en agosto del 2001, ejecutado con la ayuda de Cristian Ricardo González y González alias “El Taz” y con Alejandro López Lule “El Cepi”, hijo de la odontóloga Patricia Lule González, quien fue liberado en extrañas circunstancias por la juez María Guadalupe Pérez García, al igual que a Miguel Contreras Forzan “El Negro”, según consta en la averiguación previa con número 386/2001.
Estos Juniors han gozado de distintos niveles de impunidad por sus vínculos familiares. “El Taz” por ejemplo es hijo del ex contralor de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan Reinaldo González García. Y “El Beto” es hijastro del ex futbolista “El Calaca Blanco”.
Por lo pronto, el asesinato de Columba Campillo González y la desaparición de las demás chicas, exhibe la podredumbre de la narcopolítica en Veracruz. Las autoridades ya han filtrado que el Porky o Junior responsable del asesinato de la joven huyó a Estados Unidos. ¿Habrá justicia? Difícilmente, aunque su madre, Paloma González Márquez, ya la ha exigido al gobierno de Javier Duarte y le ha advertido: “Mi hija no será un número más en las estadísticas nacionales”.
Fuente: Sin Embargo
