Ángel Castillo Torres
Las acusaciones hechas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona contra el gobierno que encabezó Juan Manuel Carreras López son muy graves. Provocan asombro, repugnancia e irritación. De acuerdo con revelaciones divulgadas por el joven gobernante, existen indicios de que durante la administración del güero Carreras se cometieron presuntos actos de corrupción que causaron un daño al erario público por el orden de los 2 mil cuatrocientos millones de pesos. De comprobarse estos latrocinios tendríamos que aceptar que Juan Manuel Carreras interpretó magistralmente el papel del legendario Ali Babá y sus cuarenta ladrones. Esta descomunal cantidad de millones de pesos hurtados del presupuesto estatal destapa un albañal nauseabundo, desnuda también al exgobernador Carreras que con un estilo mustio siempre aparentó ser un funcionario intachable. La verdad es que detrás de esa cara de “yo no fui” se escondía un consumado político de doble moral. Ahora sabemos que como servidor público “carreritas” encabezó un equipo de cleptócratas que se dedicaron a la rapiña.
De comprobarse estas irregularidades estaríamos ante hechos con apariencia de delito y en consecuencia, Juan Manuel Carreras y sus 40 ladrones van a sufrir las de Caín. Todos esperamos que esta ofensa a la sociedad potosina sea castigada con todo el peso de la ley. Que se inicien los procedimientos judiciales para que estos personajes sean exhibidos en todas sus miserias y se proceda a la reparación del daño devolviendo el dinero que obtuvieron de manera desleal. Ya la Fiscalía General del Estado ha integrado las carpetas de investigación que abren la posibilidad de que Carreras y sus secuaces sean llamados a ocupar el banquillo de los acusados para que respondan por sus fechorías.
En lo que se ha podido saber de este apestoso asunto, tenemos que estos malvados simulaban adquisiciones de productos que nunca ingresaban a los almacenes del gobierno pero que sí se pagaban. Un ejemplo escandaloso fue la compra fingida de cartuchos de tóner por los que la Oficialía Mayor del gobierno del estado pagó 189 millones de pesos. Ello ocurrió en plena pandemia ocasionada por el Covid 19 cuando los burócratas estatales no acudían a trabajar y realizaban home office, por lo que resulta absurdo aceptar que utilizaron tal cantidad de tinta en las impresoras. Esta audacia del ex gobernador y su oficial mayor en turno le ha merecido al güerito Carreras obtener el título de El Rey del Tóner. Tenemos entonces que en cinco años y luego de la revisión de las cuentas públicas del gobierno de Juan Manuel Carreras ha brotado pus y se han detectado irregularidades por 2 mil 402 millones de pesos. De esta cantidad, según versión del actual gobernador, el 68% de las anomalías corresponden al periodo en que Elías Pesina, actual dirigente estatal del PRI y flamante regidor del Ayuntamiento de la capital era oficial mayor. La sola sospecha de que Pesina pudiera estar involucrado en esta repugnante trama debería ser motivo para que se retirara de los dos cargos en los que lo colocó el Dr. Carreras para cubrirlo con un manto de impunidad. Saludable sería para él y su partido que se despoje del blindaje que le brindan los cargos que ostenta. Ello mientras se define su culpabilidad o inocencia. Lamentablemente Elías está pasmado ante la posibilidad de ser sujeto de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. El dirigente priista se ha atrincherado en un silencio que amplifica las sospechas de su probable culpabilidad. Las acusaciones que pesan sobre los hombros de Juan Manuel Carreras y su pandilla han provocado que el tribunal de la opinión pública exija que se les lleve a juicio. Se demanda que si son culpables se les aplique un castigo ejemplar para que sirva de ejemplo de lo que no debe de hacerse en los cargos públicos. El gobernador Gallardo tiene una invaluable oportunidad de hacer justicia (no revancha) frente a los agravios que han cometido estos pérfidos funcionarios. Es forzoso hacer justicia y castigar a los responsables. En la sociedad hay hambre y sed de justicia (Luis Donaldo Colosio dixt); ni siquiera los priistas están dispuestos a defender lo indefendible. Si acaso resultaran culpables que paguen (con cárcel si es preciso). Al respecto y para apreciar la pena ajena que domina el ánimo de los cuadros distinguidos del PRI, el diputado Edmundo Torres Cano, quien fuera secretario particular del exgobernador Juan Manuel Carreras, sentenció: “se debe investigar y si hay alguna responsabilidad que se sancione, el PRI es mucho más que una sola persona”.
Y la nota de cinismo en este caso la ha dado el baquetón de Alejandro Leal Tovías (Alias el Caco), actual diputado priista al jugarle al Tío Lolo. Declaró el “Caco” a los medios de comunicación que cuando fue secretario general de gobierno con Carreras ni por enterado se dio de este batidillo. (A ver quién se lo cree). Gesticulando de manera teatral como es su costumbre cuando quiere fingir demencia sentenció compungido: “los funcionarios y exfuncionarios de la Oficialía Mayor deberán dar la cara a partir de lo que arroje la investigación solicitada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona por gastos excesivos en rubros como papelería, material de limpieza y consumibles de cómputo. La verdad que yo no participaba en ningún comité de adquisiciones, mi función era la gobernabilidad externa e interna del gobierno, mi función era en otro tipo de gobernanza”. Genio y figura hasta la sepultura ya se lavó las manos y empinó a Carreras y a Elías con tal de salvarse. En fin, esta historia continuará, van a rodar cabezas.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
