Carlos Rubio
Javier Pérez Contreras, Francisco Pablo Alvarado Silva y Carlos Alberto Ávalos Hernández son los tres jueces que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado que ha seguido el juicio en contra de Alejandro N. y que, a falta de dos testigos por presentarse, está por llegar a la etapa de alegatos, para que pueda emitirse una sentencia.
Desde el 4 de julio los jueces han escuchado a 38 testigos presentados por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que representa a la víctima del caso, y por la defensa de Alejandro N., exprocurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.
En la primera audiencia se vislumbró la posibilidad de que el adolescente víctima pudiera acceder a un juicio justo, sin mayor vulneración de los derechos. Ante una solicitud de la defensa, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado negó que el juicio se llevara a cabo de forma privada y sin presencia de la prensa, priorizando el principio de máxima publicidad.
Minutos más tarde los jueces volvieron a negar una solicitud de la defensa que pretendía retirarle a la víctima al representante de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, bajo el argumento de que ya había cumplido los 18 años.
Estas muestras de respeto a la víctima y al proceso se fueron dilatando con el paso del tiempo, por medio de aplazamientos que priorizaron la agenda de los jueces, sobre los derechos del adolescente.
Una de las primeras suspensiones del juicio se dio durante casi un mes por el periodo vacacional del Poder Judicial del Estado; más adelante, el juicio se aplazó “por cuestiones de agenda y de disposición de las salas”; posteriormente fue el contagio de covid-19 del juez Javier Pérez Contreras lo que detuvo el juicio; el quinto aplazamiento se dio debido a que un juez tenía otro juicio agendado, y finalmente, el 9 de septiembre, a solicitud de los jueces, las audiencias fueron aplazadas por 10 días más.
Cinco ocasiones en las que los jueces y el Poder Judicial del Estado vulneraron a la víctima, retrasando su acceso a la justicia.
Francisco Pablo Alvarado Silva
Francisco Pablo Alvarado es quien preside el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado. Rindió protesta como juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral apenas el 11 de enero de 2022, al mismo tiempo que lo hizo Carlos Alberto Ávalos Hernández, otro de los jueces que componen la terna.
Aquel día la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, “les pidió regir su actuar con los altos valores y principios éticos de los servidores judiciales”, según describe el comunicado.
Alvarado Silva egresó de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, misma institución en donde cursó un posgrado en Derecho.
En 1999 comenzó su carrera como secretario de Acuerdos en el Juzgado Menor Mixto de San Martín Chalchicuautla. Para 2002 se volvió agente del Ministerio Público; primero adscrito durante 12 años a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, para después adherirse a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Matehuala.
Su carrera escaló en 2016 cuando se convirtió en subprocurador Regional para la zona Huasteca norte. Tres años después ascendió a fiscal especializado en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.
Su último cargo antes de convertirse en juez fue el de director general de la Coordinación de Delegaciones de la FGE.
De acuerdo con su curriculum, su objetivo es “ejercer de manera integra, congruente, proba y humana, mi profesión de abogado, en aras de servir en el trabajo y a la sociedad, con ello representar un ejemplo en mi familia”.
Javier Pérez Contreras
La información disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia sobre el juez Javier Pérez Contreras se encuentra desactualizada. Según su curriculum publicado en agosto de 2022, “a la fecha” se sigue desempeñando como secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Familiar en San Luis Potosí.
De acuerdo con la información disponible, Pérez Contreras inició su carrera en la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Posteriormente, en 1999, se convirtió en agente del Ministerio Público.
Su ingreso al Supremo Tribunal de Justicia se dio a partir de su cargo como actuario judicial adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Ciudad del Maíz. En 2006 se convirtió en secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de Matehuala y posteriormente ocupó el mismo cargo en el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar en la capital potosina.
En su desempeño como juez, Javier Pérez fue removido de la capital a Ciudad Valles y fue sometido a dos procedimientos administrativos, debido a irregularidades que encabezó Juan Paulo Almazán Cué, quien presidió el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 2017 a 2020. Por ello, fue parte de los jueces y la magistrada afectados por actos de corrupción del entonces presidente.
En 2019 formó parte de los inconformes que promovieron un juicio político en contra de Almazán Cué por ejercicio indebido de funciones, abuso de poder y violaciones sistemáticas de derechos humanos, mismo que fue desechado por le Congreso del Estado.
El 3 de marzo de 2020 fue ratificado como juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral.
Carlos Alberto Ávalos Hernández
Carlos Ávalos finalizó sus estudios como licenciado en Derecho en 2013 y obtuvo su título hasta 2016 a través de la Universidad Potosina.
De acuerdo con su curriculum, fue en noviembre de 2014 cuando ingresó a laborar al Poder Judicial del Estado, como oficial judicial del Centro Integral de Justicia Penal de Ciudad Valles. Después, en 2019 se convirtió en oficial redactor. Al igual que el juez Pérez Contreras, la información de Ávalos Hernández se encuentra desactualizada, ya que afirma que ostenta actualmente el último cargo mencionado.
De acuerdo con la Plataforma Estatal de Transparencia, los tres jueces perciben mensualmente un sueldo bruto de 65 mil 268.79 pesos y de forma neta ganan 51 mil 405.78 pesos, que en conjunto suman 154 mil 217.34 pesos.
