Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció, a través de una carta, que no comparecerá mañana miércoles ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclaren diversas irregularidades en su actual proceso judicial.
Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.
En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.
Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.
Lozoya Austin afirmó que el pasado 30 de mayo compareció por escrito ante el juez de control y agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación, ante quienes solicitó copia de los registros que obran en la indagatoria, mismos que le fueron negados, lo que consideró un hecho “inaudito” en el proceso.
El ex director de Pemex previó que sí responde a los requerimientos de la autoridad, lo más probable es que sea ingresado de forma inmediata a una prisión, a pesar de que el protocolo en este tipo de casos no establece dicha sanción, según afirmó en su carta.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertadora que todas estas acciones son en definitiva una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya Austin.
En cuanto al congelamiento de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exdirector de Pemex lamentó que la medida haya sido aplicada también a las cuentas de su esposa y de su madre, ya que además de las afectaciones personales, esa acción también impacta en la vida de sus empleados y familias.
Lozoya Austin negó, también, haber adquirido de forma ilegal una propiedad en Ixtapa, Zihuatanejo, y usar una aeronave oficial para trasladarse hasta ese domicilio en Guerrero. Por otra parte advirtió que en cuanto la FGR cumpla con las garantías establecidas en la ley, estará dispuesto a colaborar con la indagatoria y revelar los nombres de todas las personas involucradas en los hechos que se investigan.
“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”, escribió el ex funcionario federal.
“Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del estado de Derecho”, finalizó el ex director general de la paraestatal petrolera mexicana.
El pasado 5 de junio, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, otorgó a Lozoya Austin la suspensión definitiva a cualquier orden de aprehensión en su contra, por lo cual el ex director de Pemex no podrá ser detenido por la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no es grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa.
El pasado 29 de mayo, la FGR solicitó a la a Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la emisión de una ficha roja para buscar y aprehender al exdirector de Pemex, contra quien pesa una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal, por lo que el ex funcionario federal ya es buscado en 190 países para enfrentar a la justicia mexicana por una denuncia presentada en su contra por la representante legal de la paraestatal.
La ficha roja fue girada por la Interpol con base en la orden de aprehensión que libró el pasado 25 de mayo, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien confirmó por escrito a Ortega Tlapa que había instruido la captura del ex funcionario federal por el delito de lavado de dinero.
Ese mismo día, Ortega Tlapa suspendió provisionalmente la orden de aprehensión 487/209, librada en contra Lozoya Austin, aunque dicha medida no lo protege de un mandato sobre un delito con prisión preventiva oficiosa. La jueza acordó celebrar el próximo 24 de junio, a las 09:30 horas, la audiencia constitucional en este juicio de garantías, un requisito esencial para dictar la sentencia en el amparo.
El ex director general de Pemex -del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016-, presentó la demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión que algún juez federal pudiera haber girado en su contra, a solicitud de la FGR, por delitos que el posible imputado dice desconocer.
Por su parte, Juan Jesús Javier Lozoya Austin y Gilda Margarita Austin y Solís, hermano y madre de Lozoya Austin, obtuvieron suspensiones provisionales para saber si existen “actos fuera de juicio” o una “orden de aprensión” en su contra, luego de que la FGR emitiera orden de captura contra del exdirector general de Pemex.
Las suspensiones fueron otorgadas por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, según los números de expedientes 463/2019 y 464/2019, los cuales les permitirán saber si existe una investigación en curso en la cual estén involucrados.
El juez determinó para el 18 de junio la fecha para la audiencia constitucional, misma que determinará si se admite a trámite el juicio de amparo indirecto para determinar si existen “actos fuera de juicio” o una “orden de aprensión” en contra de la madre y el hermano del ex funcionario federal.
Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin, aseguró ese mismo 5 de junio, que podría citar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, luego de que su cliente fuera acusados de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal.
“Yo citaría hasta al ex presidente Enrique Peña Nieto, no se movía una hoja si no era por instrucciones del Presidente”, indicó el litigante, entrevistado por el periodista Carlos Loret de Mola en la cadena Televisa. Por otra parte, ante la posibilidad que su cliente se entregue, Coello Trejo señaló que ello dependerá de si los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa.
“Yo lo llamaría como abogado, el hecho de ser testigo no quiere decir que sea Dios, el señor tiene que comparecer y comparecerán quienes tengan que comparecer, y en todas las operaciones, señaló el abogado de Lozoya Austin, quien indicó, también, que solicitará que comparezcan los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, porque “ellos autorizaron y hay que conocer la ley de Petróleos Mexicanos, a fuerzas por ley”.
El 3 de junio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Lozoya Austin, fue incluido en en la Lista de Personas Bloqueadas AB de CV. Ello debido a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades licitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
La UIF explicó que Lozoya Austin tiene expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable. Con lo anterior, se prevén los medios de prueba que considere conducente, así́ como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.
La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -conocida también como Ley Antilavado-, respaldadas en las obligaciones que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo.
El pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal inhabilitó como servidor público, por un periodo de 10 años, a Lozoya Austin, por “inconsistencias en su declaración patrimonial”.
“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la SFP.
“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”, indicó la institución cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y que más temprano este día, anunció la inhabilitación de dos ex altos mandos de Pemex que trabajaron durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Además de Lozoya Austin, otra persona fue inhabilitada por 15 años y se le impuso una sanción económica por casi 620 millones de pesos, luego de que la SFP detectara irregularidades y un sobrecosto en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.
Pemex compró dicha compañía bajo la dirección de Lozoya Austin, durante el Gobierno de Peña Nieto, y en su momento indicó que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado Baja California Sur.
Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que Lozoya Austin ha negado.
En enero de 2014 Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a Altos Hornos de México (AHMSA) la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 442 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.
En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab arrojó que AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con Odebrecht y Lozoya Austin.
Dicha empresa, de acuerdo con testimonios de ejecutivos brasileños, fue utilizada para pagarle al entonces director de Pemex los consejos que proporcionó a la filial de Odebrecht en México, alcanzando el monto de 3 millones 703 mil 540 dólares.
Las transferencias, realizadas a Grengemouth durante febrero y marzo de 2014, se debieron al pago de un asesoramiento para la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova. Dicha cuenta fue proporcionada por Lozoya Austin para que se le pagaran sus servicios, según los ex ejecutivos de Odebrecht.
Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova, Coahuila.
