Un padre y su hijo, indígenas mixtecos, pasaron diez años en prisión en México por un crimen que aseguran no cometieron, hasta que una apelación les devolvió la libertad, no porque el juez los considerara inocentes sino incapaces de “comprender el alcance jurídico de su conducta”.
Se trata de Sebastián y Marcial Zúñiga, quienes hace unos días recuperaron su libertad tras afrontar un juicio tardío y lleno de anomalías, que culminó con una sentencia a 17 años de prisión.
Leobardo Zúñiga también fue acusado y condenado en el mismo caso, pero obtuvo su liberad hace unos meses por un gesto humanitario hacia él, después de perder la vista en la cárcel por una diabetes mal tratada.
“Todo calumnias”, son las pocas palabras que Marcial Zúñiga logra articular a través del teléfono de su hermana Hilda, que habla un poco más de castellano y asegura a Efe que por encima de todo lo que ahora quieren es saber la verdad.
Por qué su tío Leobardo, su padre Sebastián y su hermano Marcial pasaron diez años en prisión por un crimen que aseguran no haber cometido y para el que incluso tienen testigos que confirman que no estaban en el lugar ni en el momento del homicidio.
El 12 de agosto de 2001 un niño fallecía en el municipio de Ayutla de los Libres, en el sureño estado mexicano de Guerrero, tras verse atrapado por una ráfaga de balas. Nadie vio de dónde venían los disparos, pero el dedo acusatorio cayó sobre estas tres personas.
“El proceso tuvo muchos vicios, entre los que destacan la ausencia de un intérprete y traductor, el trabajo del defensor público no fue bueno y tuvieron que echar mano de cuatro abogados privados que solo les robaron y no hicieron nada por ellos”, dijo a Efe José Luis Gutiérrez, director general de Asilegal, una ONG que se interesó por el caso en 2010.
Para pagar a estos abogados, explicó Hilda, la familia tuvo que vender todos sus terrenos y se quedaron sin nada.
“Estamos pensando en recurrir la apelación. Si bien es cierto que nos dio la libertad, lo que queremos retomar es un amparo para que se reconozca la inocencia de ellos, porque esto les deja un estigma muy fuerte en su comunidad”, explicó Gutiérrez, quien añadió que piensan ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero primero son los médicos y los psicólogos los que están valorando la posibilidad de este recurso porque “ahora están muy desgastados”.
Y es que los Zúñiga no quedaron libres porque el juez los declarara inocentes, sino por un argumento “completamente cultural, discriminatorio” que ni siquiera es jurídico, dijo Gutiérrez.
La decisión se basó en que “no cuentan con la capacidad suficiente para comprender el alcance jurídico de su conducta” y que son personas productivas que “han tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre su conducta y valorar sobre su libertad”, precisó.
Ante las denuncias sobre el abuso de la prisión preventiva, “los jueces se cuidan para determinar la culpabilidad porque así no hay una mayor responsabilidad para ellos (…) Cuando los quieren liberar, justo les dan la sentencia del tiempo que llevaban ahí y así nos tapan un poco la boca”, aseguró.
Pese a que el crimen se produjo en 2001, el juicio de los Zúñiga tardó años en comenzar y culminó en febrero de 2012 con una sentencia de 17 años que se redujo a diez tras la apelación, justo el tiempo que ya habían cumplido en prisión.
“Hay un gran abandono por parte de los dirigentes de los tribunales y de las procuradurías de darle seguimiento a los casos”. Las condiciones de trabajo de los jueces son “precarias”, tienen muchos casos, hay “corrupción y clientelismo”, dijo.
En México, un país con una sobrepoblación carcelaria de 47.476 personas, de las 242.754 que estaban en prisión en enero de 2013, según datos de la Secretaría de Gobernación, un 41,3 % están esperando una sentencia o incluso que comience su juicio.
“Este es un caso emblemático del abuso de la prisión preventiva. Si en teoría tenían todas las pruebas, tendrían que haber tenido elementos suficientes para condenarlos, cosa que no fue así”, añadió Gutiérrez.
El equipo de Asilegal selecciona casos de personas que llevan varios años en prisión preventiva, principalmente indígenas sin recursos como Pedro Gatica, que permaneció preso durante casi 12 años y fue liberado tras ser absuelto de homicidio en 2011.
Asilegal ha podido comprobar que en la mayoría de ocasiones los indígenas condenados se sumergen en el trabajo de la cárcel y se olvidan de su proceso.
“Es muy triste que cuando hablamos con ellos ven esto resignados, ‘el destino me tocó así’, y cuando les dices no, vamos a luchar y ver la posibilidad no lo creen”, indicó Gutiérrez.
Lo que Hilda aún no puede creer es que el verdadero asesino del niño, “un hombre del pueblo que se marchó”, siga en la calle, y se pregunta si alguien va a hacer algo para detenerlo.
“Hicieron con ellos lo que quisieron”, porque “somos pobres”, lamentó Hilda.
