EL RADAR, el editorial de ANTENA.
El uso de presos políticos y chivos expiatorios en San Luis Potosí ha sido un generador de polémica y a menudo explosivo detonador de criticas a su sistema de justicia y de su panorama político. Marcelo de los Santos lo inició con el caso Galarza, Toranzo lo incrementó con los casos Azuara, Picharra y Paulín. Carreras, favorecido por sucios trucos con muchos agentes de su momento político, no tocó a nadie, dicen los insidiosos, que por algo será.
Hoy se han dado golpes de mesa para simular justicia o mantener el control político o una línea discursiva. La historia de Miguel Lutzow, como un importante servidor público durante la parte más álgida de la pandemia reciente y el trato que se le ha prodigado nos implica una reflexión profunda de las cosas que no podíran suceder en un estado donde la justicia se imparte sin sesgos políticos o revanchas.
Ayer en Astrolabio, el periodista José de Jesús Ortíz presentó un profundo análisis de la situación del último secretario de salud del gobierno de Juan Manuel Carreras.
La persecución política y el uso de personajes “clave” como muestra del poder, envoltorios podridos de mierderos transferidos y sujetos libres por la pre$ión o las turbias negociaciones como es el caso de Mónica Rangel y sus impresentables cajas de huevo
La historia al revisarla nos da la razón, para los secuestrados por Tik Tok he aquí algunos ejemplos:
Movimiento zapatista y conflicto de Chiapas: En la década de 1990, el gobierno mexicano tomó medidas enérgicas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su líder, el subcomandante Marcos. Varios indígenas fueron detenidos y acusados de ser simpatizantes o miembros del EZLN, a menudo sin pruebas suficientes. Estas detenciones se consideraron intentos de reprimir la disidencia e intimidar a la población indígena.
Guerra Sucia: Durante las décadas de 1960 y 1970, México, como muchos países latinoamericanos, se enfrentó a disturbios sociales y políticos. El gobierno empleó tácticas como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales contra presuntos activistas de izquierdas. Muchas personas fueron detenidas bajo vagas acusaciones de subversión, y algunas fueron recluidas como presos políticos.
Protestas en Oaxaca en 2006: En 2006 estallaron protestas en el estado de Oaxaca contra el entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz. La respuesta del gobierno a las protestas incluyó la detención de activistas y el uso de la fuerza. Algunos de los detenidos afirmaron ser presos políticos y chivos expiatorios detenidos para reprimir la disidencia y mantener el control.
Desaparición masiva de Ayotzinapa: En 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecieron en circunstancias sospechosas. El caso sigue sin resolverse, pero ha sido ampliamente criticado como emblemático de la corrupción y la connivencia entre las autoridades locales, el crimen organizado y el gobierno federal. Muchos creen que algunos de los estudiantes pueden haber sido utilizados como chivos expiatorios para proteger intereses poderosos.
Casos relacionados con los cárteles: En la lucha contra los cárteles de la droga, ha habido casos en los que se ha detenido a personas y se las ha presentado como miembros de alto nivel de los cárteles o capos, para después revelarse que eran inocentes o agentes de bajo nivel. Estos casos suscitan preocupación por la manipulación de la justicia para crear la apariencia de progreso en la guerra contra las drogas.
Es esencial señalar que el sistema de justicia mexicano y potosino ha experimentado reformas para abordar algunos de estos problemas, como la introducción de los juicios orales y los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos humanos. Sin embargo, los retos persisten, y siguen surgiendo acusaciones de presos políticos o chivos expiatorios utilizados con fines políticos.
Abordar estas cuestiones requiere esfuerzos continuos para fortalecer el Estado de derecho, proteger los derechos humanos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema de justicia penal de México.
Ricardo Gallardo Cardona tiene en frente limpio el panorama para rectificar, escuchar a otras voces que no lo endiosan, reconocer que puede hacer las cosas diferentes y replantear su “persecución” contra la herencia maldita, con un verdadero ejercicio de justicia y transparencia, tiene todo que ganar si lo hace, si no, repetiría inconscientemente el viejo camino que lleva a la ignominia.
