Con lágrimas en los ojos y pancartas en mano, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros protestaron pacíficamente frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Ahí exigieron a la institución que cumpla con la promesa que hizo desde 2019: entregar un informe especial sobre desapariciones en San Luis Potosí, el cual nunca ha sido publicado.
Durante la protesta, Edith Pérez, presidenta del colectivo, criticó que la CEDH no ha mostrado el compromiso que se espera de un organismo creado para proteger los derechos humanos. Señaló que esta omisión refleja la falta de voluntad política para atender la crisis de desapariciones en el estado.
Las madres buscadoras recordaron que desde el año 2018 a la fecha, en San Luis Potosí se han reportado al menos mil 818 personas como desaparecidas o no localizadas. De ellas, más de 700 siguen sin ser encontradas, según datos oficiales.
El grupo también denunció el abandono institucional en las tareas de búsqueda y justicia. Afirmaron que las familias de personas desaparecidas enfrentan investigaciones sin avances, expedientes detenidos y, muchas veces, maltrato por parte de las autoridades encargadas de brindarles apoyo.
En la protesta se advirtió que la desaparición de personas en el estado se ha vuelto más común desde 2009, pero fue en 2018 cuando el problema se volvió aún más grave. Las cifras han seguido aumentando cada año, especialmente en 2023, y durante 2025 el ritmo ha sido alarmante.
La situación se ha extendido por todo San Luis Potosí, aunque la mayor cantidad de casos se concentra en la zona metropolitana. También se han documentado focos de violencia en regiones como el Altiplano, donde se han descubierto fosas clandestinas; en la zona Media y Centro, donde se han usado ácidos para desaparecer cuerpos; y en la Huasteca, donde grupos criminales reclutan a jóvenes.
Edith Pérez también recordó que la desaparición de personas es una violación grave a los derechos humanos. Dijo que aunque en México existe desde 2017 una ley federal que obliga a las autoridades a investigar y coordinar la búsqueda de personas desaparecidas, las fallas del sistema siguen siendo enormes, tanto a nivel nacional como local.
Los datos muestran que las principales víctimas son hombres jóvenes de entre 20 y 40 años. En el caso de las mujeres, muchas desaparecen desde los 15 años, lo que evidencia la relación de estos casos con delitos como feminicidio, trata de personas y violencia extrema.
A pesar de todo, el colectivo ha logrado algunos avances importantes. Uno de ellos fue la propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones, misma que ya fue aceptada por el Congreso local. Aun así, las madres buscadoras insisten en que eso no es suficiente si no hay un cambio real.
San Luis Potosí no solo enfrenta esta crisis por la violencia que vive el país, también por su ubicación como punto de paso de migrantes y por su cercanía con regiones dominadas por el crimen. Esto hace más urgente una respuesta clara y efectiva por parte del gobierno.
“El silencio institucional también desaparece”, gritaron las madres frente a la CEDH, reclamando la indolencia con la que se ha tratado este tema. Años han pasado y sus exigencias siguen sin ser escuchadas.
