El Canciller mexicano, José Antonio Meade, confirmó esta noche que la ex Procuradura Marisela Morales Ibáñez será la Consul de México en Milán, Italia.
“La ex Procuradora Marisela Morales habría sido invitada para que colabore con nosotros en un Consulado de Carrera en Milán. Se está ya en proceso de generar las acreditaciones y los procesos administrativos necesarios para que esto así suceda”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras participar en la Conferencia Anual de Municipios León 2013.
El ex Secretario de Hacienda en la administración de Felipe Calderón Hinojosa destacó frente a los medios la trayectoria de Morales en la Procuraduría General de la República a pesar de que los “grandes casos” que integró contra funcionarios se hayan “caído”.
Dijo que Morales Ibáñez cuenta con una larga experiencia en diferentes “esferas”.
“Notablemente en la esfera de la procuración de justicia, el balance de su gestión refleja una gente comprometida con su trabajo, una gente que hizo esfuerzos importantes en materia de la seguridad, una gente que fue valiente y entera en enfrentar sus responsabilidades”.
Meade negó que con esta designación se proteja a la ex funcionaria luego de su accidentado paso por la PGR, e incluso dijo desconocer las imputaciones en su contra.
Aunque precisó que si la ex Procuradora tuviera cuentas pendientes, “tendría que desahogarlas y enfrentarlas como cualquier otro servidor público que se encuentre en esa hipótesis”.
El pasado 30 de abril, el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), José Cuitláhuac Salinas, dijo sobre el caso de la detención del general Tomás Ángeles Dauahare –detenido en el sexenio de Calderón y liberado en el de Peña Nieto por falta de pruebas– que desconocía el arresto, pues este lo llevó a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud y que, por órdenes de la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales Treviño, se le ocultaban algunas averiguaciones, entre ellas la del General.
Aunado al caso de Ángeles Dauahare, están los de Noé Ramírez Mandujano, ex Subprocurador de la extinta SIEDO; el de la ciudadana francesa Florence Cassez, y el de MVS, todo ellos resueltos en la actual administración.
En los dos pimeros casos, la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto fue decisiva. En otros dos fue un asunto decidido por tribunales. Como sea, los cuatro eran “emblemáticos” para el ex Presidente Felipe Calderón; de ellos habló en público; él y/o sus funcionarios de primer nivel.
“Si estamos haciendo una ‘Operación Limpieza’ es a partir de investigaciones de largo aliento que han permitido obtener información y desarrollar inteligencia que permitirá desmontar redes de corrupción sobre las cuales pudo operar durante muchos años, por desgracia, la delincuencia organizada”, dijo Calderón en 2008 sobre el operativo que llevó a la cárcel a militares apoyándose en las declaraciones de testigos protegidos.
Por esa “limpieza” pagaron Tomás Ángeles Dauahare y Noé Ramíez Mandujano, apresados por testigos protegidos y quienes en menos de 24 horas fueron liberados a mediados de abril.
Con Calderón un total de 379 narcotraficantes se acogieron al programa de testigos protegidos. Esta polémica figura permitió a su gobierno encarcelar a funcionarios públicos e incluso miembros del Ejército, muchos de los cuales, como el General Dahuajare, o Noé Ramírez Mandujano, tuvieron que ser puestos en libertad por falta de pruebas.
En el último revés a Calderón, la Suprema Corte concedió cuatro amparos a MVS Multivisión en contra de la negativa de la de otorgarle la prórroga de las concesiones de la banda de 2.5 GHz, cuyo rescate fue anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en agosto pasado con bombo y platillo.
Otra acusación contra Marisela Morales, ocurrió cuando el 28 de enero abogados del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington, presentaron en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra la ex procuradora General de la República quien impulsó orden de arresto en su contra.
Según la denuncia, Yarrington Ruvalcaba sufrió “violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos y sus garantías individuales”, por parte de la entonces funcionaria federal, quien dejó el cargo el 1 de diciembre pasado.
En enero de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que investigaba a Yarrington por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado, y en agosto, Marisela Morales confirmó que un juez federal había emitido una orden de aprehensión por delitos contra la salud.
En esa ocasión, la ex Procuradora dijo a la prensa que Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1994 a 2000, estaba considerado prófugo de la justicia y que la PGR utilizaba todos los mecanismos a su alcance para localizarlo.
