Mientras el país celebra el Día de las Madres, decenas de niñas, niños y adolescentes en SLP viven el duelo y la incertidumbre en silencio
Mientras miles de familias celebraron el Día de las Madres en San Luis Potosí, al menos 115 niñas, niños y adolescentes crecen en medio del duelo, la confusión y el abandono. Son hijos e hijas de mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, cuyos casos han dejado una estela de dolor que rara vez ocupa los discursos públicos.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reconoce que, entre 2015 y marzo de 2024, 115 menores quedaron en orfandad a causa del feminicidio de sus madres en territorio potosino. Detrás de cada número hay una infancia rota, un lugar seguro que se perdió para siempre.
Invisibilizados, sin atención garantizada
No es una situación nueva, ni exclusiva de San Luis Potosí. Desde 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha advertido sobre este problema creciente. Aquel año, el estado registró 18 menores huérfanos por feminicidio, aunque las cifras —al igual que la atención— han sido parciales e inconsistentes.
En 2021, por ejemplo, San Luis Potosí no reportó oficialmente ni un solo caso de orfandad por feminicidio, aunque la Fiscalía General del Estado documentó 24 asesinatos de mujeres ese mismo año. La omisión de estas cifras agrava el silencio institucional que rodea a estas infancias.
A nivel nacional, en 2021 se contabilizaron al menos 829 menores huérfanos por feminicidio. La mayoría tenía entre seis y doce años de edad: una etapa en la que las preguntas se multiplican, pero las respuestas y los abrazos escasean.
¿Quién cuida a los hijos de las víctimas?
La orfandad por feminicidio no solo es una tragedia emocional, también es una crisis estructural. De acuerdo con el análisis de resultados del Monitoreo 2021 sobre niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (NNAOF), la mayoría de estos menores queda bajo el cuidado de abuelos, tíos o hermanos mayores. En algunos casos alarmantes, los menores regresan con el padre, incluso si fue él quien asesinó a la madre.
En otros, nadie sabe con certeza quién quedó a cargo. No hay un seguimiento claro, ni un registro público actualizado. San Luis Potosí no cuenta con un programa estatal específico para atender a estas víctimas indirectas del feminicidio, a diferencia de estados como Jalisco o Coahuila, donde ya existen políticas públicas que contemplan apoyo económico, educación y acceso garantizado a servicios de salud hasta la mayoría de edad.
Además, el análisis revela que un tercio de los niños en esta condición enfrenta vulnerabilidades económicas severas, y muchos más presentan afectaciones psicoemocionales o viven con alguna discapacidad.
Un llamado urgente en medio del silencio
Mientras el calendario marca un día de festejo, 115 niñas y niños potosinos siguen esperando justicia, cuidado y protección real. No necesitan flores ni discursos: necesitan un Estado que no los olvide, que los acompañe y les garantice el derecho a crecer en paz.
