El recurso de revisión es una herramienta legal que cualquier ciudadano puede utilizar cuando una autoridad entrega información incompleta, incorrecta o simplemente no responde a una solicitud hecha por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o de forma escrita. En estos casos, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es la instancia encargada de analizar el caso y, si corresponde, ordenar que la dependencia entregue la información solicitada conforme a la ley.
Sin embargo, entre 2020 y 2025, más de 12 mil recursos de revisión fueron rechazados por este organismo, según datos difundidos por la organización Ciudadanos Observando. Las cifras muestran que en 2024 se desecharon 2 mil 665 solicitudes, mientras que en 2023 fueron mil 825. En 2022 se registraron 2 mil 352 rechazos, en 2021 se contabilizaron mil 539 y en 2020 la cifra alcanzó los 2 mil 539 casos.
De acuerdo con la información presentada, durante el último año también se rechazaron mil 112 solicitudes de transparencia, lo que representó el nivel más bajo de resoluciones emitidas en el periodo analizado. La organización señaló que varios de estos recursos sí cumplían con los requisitos, por lo que consideró que debieron ser admitidos y revisados.
En 2025, las dependencias que acumularon más inconformidades fueron el Ayuntamiento de Santa María del Río, con 57 casos; la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con 47; el Ayuntamiento de Tierra Nueva, con 41; la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 32; y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con 30 recursos presentados por ciudadanos.
Esta situación ocurre en medio de cambios importantes en el sistema de transparencia del país. Luego de la reforma federal aprobada a finales de 2024, que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a otros organismos autónomos, el Congreso de San Luis Potosí aún tiene pendiente ajustar las leyes locales para definir el futuro del organismo encargado de garantizar el acceso a la información en el estado.
