El polémico intento del expresidente Donald Trump de modificar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento ha generado preocupación entre comunidades migrantes, especialmente las de origen mexicano. La iniciativa plantea reinterpretar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, vigente desde 1868, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La medida, anunciada bajo el título “Protección del Significado y el Valor de la Ciudadanía Americana”, apunta a negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados, turistas o trabajadores temporales. Si esta propuesta se implementara, más de 125 mil niños nacidos al año de padres mexicanos podrían quedar en un limbo legal, sin un estatus migratorio claro ni acceso a derechos básicos, como atención médica y educación. Según datos del Pew Research Center y otras instituciones, los nacimientos de hijos de migrantes representan cerca del 14% del total anual en Estados Unidos.
El impacto de esta propuesta no se limita a los mexicanos. Familias originarias de países como India, China, Filipinas y El Salvador también enfrentarían consecuencias. Sin embargo, debido a su peso demográfico, México sería el país más afectado. Actualmente, al menos 10.6 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, casi una cuarta parte de los migrantes en el país.
El rechazo a esta medida ha sido inmediato. Organizaciones como CASA y el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) han presentado demandas en tribunales federales. Un juez en Seattle ya dictó una suspensión temporal de la orden ejecutiva, argumentando que podría ser “descaradamente inconstitucional”. Además, fiscales generales de 22 estados han unido esfuerzos legales contra la iniciativa.
Especialistas y defensores de derechos humanos consideran que esta reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda socava los principios fundamentales de igualdad y justicia. Thomas Wolf, del Centro Brennan para la Justicia, enfatizó que negar la ciudadanía a ciertos niños nacidos en Estados Unidos representa un ataque directo a la Constitución y la historia democrática del país.
Mientras tanto, historias personales ilustran el temor y la incertidumbre que viven las familias migrantes. Patricia y Ernesto, mexicanos con residencia legal en Manhattan, relatan cómo registraron a su hija como ciudadana estadounidense al nacer, un proceso que consideran sencillo bajo las normas actuales. Sin embargo, otras mujeres embarazadas, como Georgina, quien vive en Nueva York con visa temporal, temen por el futuro de sus hijos y describen la propuesta de Trump como injusta e insensible.
La narrativa de Trump de que Estados Unidos es el único país que otorga ciudadanía por nacimiento también ha sido desmentida. Según la Librería del Congreso, al menos 12 países, incluidos Canadá, México y la mayoría de América Latina, ofrecen este derecho de forma incondicional. En contraste, la ciudadanía en Europa suele depender del estatus de los padres o de años de residencia.
La controversia en torno a esta medida no solo afecta a los migrantes actuales, sino que también pone en jaque un derecho consagrado por más de un siglo. Aunque algunos conservadores han intentado restringir este principio en el pasado, el consenso legal y académico indica que la Constitución estadounidense es clara al respecto. Por ello, activistas y especialistas confían en que la medida será finalmente declarada improcedente.
