Un total de 23 municipios que finalizaron su gestión el 30 de septiembre están bajo investigación por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) por presuntamente haber reportado y pagado obras públicas que nunca se realizaron y haber falsificado o inventado padrones de beneficiarios de programas sociales. Estas irregularidades podrían derivar en denuncias penales.
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del estado, informó que estas anomalías corresponden al ejercicio fiscal 2023. Debido a los tiempos estipulados por la ley, las auditorías suelen realizarse con un año de retraso, lo que significa que los hallazgos actuales se refieren al año anterior.
“Estamos identificando estas anomalías, especialmente la ausencia de obras que fueron pagadas pero no ejecutadas. Los nuevos presidentes municipales deberán atender estos requerimientos”, explicó Lecourtois López.
El auditor también anticipó que el ejercicio fiscal 2024 será clave, ya que se revisará el próximo año. Además, destacó que es poco probable que los nuevos alcaldes ayuden a resolver las observaciones pendientes si hubo tensiones con las administraciones salientes.
Lecourtois López señaló que, además de las obras inexistentes, se han detectado irregularidades en los apoyos sociales, donde no se encontró un padrón de beneficiarios o estos fueron falsificados. Estima que alrededor del 40% de los municipios investigados practicaron estas irregularidades.
El IFSE, aseguró, sigue actuando con responsabilidad, utilizando herramientas jurídicas para garantizar el correcto uso de los recursos públicos y sancionar donde sea necesario.
