Las niñas, niños y adolescentes de San Luis Potosí enfrentan una situación preocupante: entre 2019 y 2025 se han denunciado 55 casos de abuso sexual en entornos escolares, pero solo 7 han sido resueltos. La mayoría de las víctimas siguen esperando justicia, mientras lidian con el trauma y la falta de respuestas rápidas por parte de las autoridades.
Los menores afectados tienen entre 0 y 17 años, y aunque en los casos de abuso y acoso sexual las niñas son mayoría, también se han registrado numerosos casos de violencia contra niños. Por ejemplo, se han denunciado 22 casos de violación, de los cuales 12 fueron contra niños y 10 contra niñas.
La Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales ha confirmado que hay 55 carpetas de investigación activas por agresiones sexuales ocurridas en planteles educativos. De ellas, 52 siguen en curso, 47 aún se investigan, 7 se han judicializado y solamente 7 se han resuelto.
Sin embargo, los datos varían ligeramente entre dependencias. Mientras esta Fiscalía entrega un número global, la Vicefiscalía detalla que se han registrado 22 denuncias por violación, 6 por acoso sexual (5 contra niñas y 1 contra un niño), 10 por abuso sexual y una más por tocamientos. Es decir, 39 casos están clasificados según el tipo de delito.
Lo alarmante es que, pese al número de casos, el sistema de justicia ha avanzado muy poco. La Vicefiscalía reconoce que solo 4 carpetas han sido judicializadas, una tiene orden de aprehensión pendiente, y el resto siguen en trámite. Esto demuestra un fuerte rezago en el proceso legal, lo cual también genera miedo, estigmatización y revictimización entre las personas afectadas.
Un dato preocupante es que ninguna de las dos fiscalías quiso dar los nombres ni la ubicación de las escuelas donde ocurrieron los abusos. Se amparan en acuerdos internos de confidencialidad (FGE/FFME/AR/01/2025 y V/AR/05/2025), lo que impide a padres y docentes saber dónde ocurrieron los hechos o si fueron en escuelas públicas o privadas.
Aunque las autoridades aseguran que todas las víctimas han recibido atención psicológica, también admiten que no existen programas de seguimiento a largo plazo para las familias. Algunas víctimas han sido canalizadas al Centro de Justicia para las Mujeres o a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero no se especifica si estos apoyos realmente funcionan o son suficientes.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) es responsable de prevenir estos delitos en los planteles, pero hasta ahora no hay claridad sobre qué acciones concretas ha tomado. La Vicefiscalía incluso señala que no es posible precisar las medidas aplicadas por esta institución educativa.
Colectivos ciudadanos y defensores de derechos de la infancia han alzado la voz y piden que las autoridades educativas sean más transparentes. Exigen también que las fiscalías tengan más recursos y sensibilidad para llevar estos casos con rapidez y justicia. En un estado con más de medio millón de estudiantes, muchos temen que estas 55 denuncias solo sean una pequeña parte del problema real.
