Además de la violencia que ejercieron contra las mujeres manifestantes el domingo, policías municipales de Irapuato las torturaron y amenazaron con violarlas y decapitarlas, denunciaron padres de las víctimas a representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La mujeres duraron retenidas en el Ministerio Público e incomunicadas de sus familias al menos 14 horas. Sin embargo, la situación desbordó la solidaridad de las colectivas y organizaciones civiles para su defensa. Fueron imputadas por daños y lesiones, pero nunca se mencionó con claridad quién presentó estos cargos.
Por la noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo público un comunicado en el que confirma que fue el Gobierno Municipal que encabeza Lorena Alfaro García el que ratificó la denuncia contra las mujeres ante el Ministerio Público.
Testimonios de madres de la víctimas, entre ellas cinco menores de edad, señalan la brutalidad con la que fueron tratadas por elementos de la Policías Municipal, pues una vez capturadas fueron intimidadas con amenazas de muerte y agresiones sexuales.
“A todas las chicas que detuvieron las encerraron en la Presidencia Municipal de Irapuato. Ahí las golpearon, las asaltaron, les quitaron sus teléfonos y las amenazaron que las iban a violar con el tolete que traen las policías, que las iban a hacer pedacitos y que las iban a tirar al río. A todas les dijeron lo mismo”, relató el padre de la joven Fátima Guadalupe Franco Gómez, una de las detenidas.
“…A todas les dijeron lo mismo, todas están súper golpeadas, lo que más me preocupa es que se violentó su derecho a la vida ahí adentro de la presidencia”, insistió el hombre al comunicarse con un representante de la oficina de la ONU, a través de un video llamada mientras permanecía a la espera de noticias de su hija.
Afuera del Centro de Readaptación Social de Irapuato, padres de las mujeres respaldadas por organizaciones feministas, colectivos de personas desaparecidas y organizaciones como Las Libres y Amnistía Internacional permanecieron para exigir la liberación de todas ellas.
COINCIDEN TESTIMONIOS DE TORTURA CONTRA DETENIDAS
“Entré a ver a mi nieta, me la golpearon, tiene 13 años y mi hija me dijo que uno de los comandantes le dijo que si se metía le iba a mochar la cabeza, así le dijo y a mi niña le duelen mucho sus costillas porque la golpearon. Tiene 13 años, ¿cómo es posible que nos hagan ésto estos policías?”, comentó agobiada la abuela de dos mujeres que fueron detenidas tras la manifestación y a quienes pudo ver después de largas horas de incomunicación.
Se trata de Jocelin Daniel Vázquez, de 32 años, y Romina, de 13 años, quienes presuntamente se encontraban en el lugar donde se dio la agresión policial y fueron detenidas sin haber tenido intervención en la manifestación. Las policías asumieron que eran participantes porque iban vestidas de negro y tres de ellas las sometieron.
“A mi hija la golpearon; les decía: ‘no puedo respirar, me voy a morir’. No la soltaban, estaban encima de ella. ¿Cómo es posible que pase esto de verdad?”, insistió la mujer.
La hermana de estas mismas personas recalcó que salieron a dar la vuelta y que cuando comenzó la violencia, las policías las acorralaron y sometieron, supuestamente porque pertenecían al bloque negro.
“Salieron ellas a pasear. Ella andaba paseando con las niñas en el centro y como a las niñas les gusta vestirse de negro, las confundieron con las muchachas, pero de todos modos no tiene por qué golpearlas ni tratarlas así”, agregó Mayra Cristel Daniel Vázquez.
Lamentó que los policías en Irapuato no detienen a las personas que tienen que detener y por el contrario, agreden a gente inocente y sobre todo menores de edad. “No se vale que abusen y nada más por vestir de negro”.
Juan Rangel dio testimonio también de las lesiones que presentaba su hija al verla después de 14 horas de que fue detenida. Citlali Ramírez, de 19 años, pasaba por el lugar camino a su trabajo cuando ocurrieron los hechos y decidió grabar con su teléfono lo que pasaba, lo que ocasionó que la detuvieran.
Estos mismos abusos fueron referidos por madres en conjunto al director de Vinculación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, Efraín Alcalá. La PRODHEG confirmó que abrió una queja de oficio por los hechos registrados en la manifestación.
“Las golpearon entre cinco y siete policías, tenemos videos. Mi hija no participa en las marchas, ella iba pasando, iba al trabajo, se ve cómo un policía, tres mujeres la tumban hacia el suelo y se le dejan caer las tres a mi hija y me la golpearon”, evidenció una madre.
Otra aseguró que intervino para evitar que su hija menor fuera golpeada de forma brutal y sostuvo tener golpes en la espalda realizados por las mujeres policías que intervinieron tras la protesta.
Y todas rechazaron que las manifestantes hayan llevado picos y palas u otros objetos que pudieran hacer daño. Además sostuvieron que no existe evidencia de que alguna agente haya sufrido lesiones, como lo afirmaron autoridades municipales. No obstante, los cargos contra las 29 detenidas son por lesiones y daños.
UNE REPRESIÓN A COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES
La brutalidad con la que actuaron policías municipales de Irapuato generó reacciones inmediatas de rechazo y solidaridad de colectivos y organizaciones civiles para demandar la liberación inmediata de las 29 detenidas.
Colectivos feministas de diferentes ciudades realizaron movilizaciones a través de redes sociales, mientras que otras se trasladaron a las afueras del Cereso en la colonia Morelos para hacer la misma exigencia.
Bibiana Mendoza, del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Hasta Encontrarte, recordó que hace dos años se dio la misma situación en una manifestación en Guanajuato y el grupo recibió apoyo de la sociedad civil.
“Muchas asociaciones que nos apoyaron y nos respaldaron y que gracias a eso se obtuvo la liberación de nuestras compañeras. El día de hoy venimos a devolver ese favor que con tanto amor nos dieron tantas personas. Este país, este estado necesita muchas luchas para la detención a la violencia y nosotras, así como las autoridades se pronuncian a favor de la Ley, nosotras nos pronunciamos a favor de las manifestaciones, a favor de un alto a la violencia, a favor de no más mujeres, no más hombres, más niños, más niñas desaparecidas en el estado”, dijo.
A través de un mensaje en redes sociales, Amnistía Internacional rechazó el uso excesivo de la fuerza pública e hizo un llamado a autoridades de Irapuato a garantizar el respeto de todos los derechos humanos de las mujeres detenidas.
Además, como representante de esta organización, se presentó en la zona de protesta la abogada Marcela Villalobos, quien reprochó los agravios cometidos contra la manifestantes, la criminalización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza.
“Los manuales del uso de la fuerza lo dicen y lo que vimos fue una represión terrible, detenciones arbitrarias además de menores de edad, de mujeres que simplemente por el estigma de vestir de negro están siendo violentadas y criminalizadas”, comentó en entrevista.
Insistió que es algo grave que las mujeres estén siendo imputadas por protestar y exigir justicia por las personas desaparecidas en la ciudad. A la alcaldesa, Lorena Alfaro le reprochó la postura sobre los hechos, pues señaló que la violencia es parte del municipio y la autoridad le ha fallado a los mujeres al no garantizar seguridad cuando son víctimas de otros delitos como la desaparición y los feminicidios.
Las Libres por la causa común, asumen representación de detenidas
Las horas transcurrieron sin que las familias supieran algo sobre las detenidas, pudieron verlas alrededor de las 11 de la mañana y después de esto tuvieron contacto con integrantes de Las Libres.
Representantes de la organización se presentaron con las familias y le ofrecieron representación legal gratuita, pues desde la noche previa se presentaron en el lugar abogados ofreciendo servicios para evitar imputaciones graves como el delito de terrorismo.
Después de varias horas en las instalaciones del Ministerio Público, Verónica Cruz habló con las familias y confirmó que las detenidas tenían cargos por daños y lesiones, pero aseguró que saldrían en libertad.
Explicó que la demora para la liberación de las mujeres se debió a los procesos de investigación, las declaraciones y las revisiones médicas a las que para entonces, ya estaban siendo sometidas todas las víctimas.
“Les van a pedir que hagan entrevista y les vamos a pedir que se reserven su derecho a declarar y se puede ejercer la representación; son muchas compañeras, no va a ser tan inmediato como quisiera que fuese”, reconoció Cruz Sánchez. Sin embargo, garantizó que la liberación llegaría.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato pidió la intervención de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, con lo que se concretó una reunión remota con el representante del organismo, Jorge Nava. La organización documentó los hechos con testimonios de los padres y se comprometió a avisar a la relatoría sobre las detenciones arbitrarias y a enviar el informe a su sede en Ginebra.
“Nadie gana”, dice Huett sobre represión policial
Aunque la secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, reconoció actos de represión parcial por parte de policías en Irapuato, también cuestionó sobre el tipo de valores e idea que se están generando en los hogares ¿Hubo represión?, cuestionó un reportero, a lo que la funcionaria respondió: “no una represión generalizada, pero sí probablemente algunos puntos donde se pudo haber actuado conforme a protocolo de derechos humanos”.
“Yo creo que es uno de los tipos de eventos donde nadie gana, es uno de los tipos de eventos donde todos quedamos muy dolidos. Evidentemente la marcha se da por una manifestación legítima de visibilizar la violencia que hay contra las mujeres y no me refiero exclusivamente al caso de Guanajuato; evidentemente esta marcha tenía una motivación de un evento nacional, es una marcha contra la violencia que nos acaba confrontando y generado más violencia entre nosotros”, enfatizó.
Aseguró que en Guanajuato los protocolos para el uso de la fuerza están homologados y son conocidos por los elementos de las policías municipales, aunque dijo que se deben reforzar constantemente.
También dijo que corresponde a los elementos, como servidores públicos, no dejarse llevar por las emociones o por enojos, “creo que también algunas compañeras policías se equivocaron y eso desafortunadamente deslegitima todo ejercicio de autoridad que se pueda haber dado en el marco de este caso”.
Sin Embargo
