Leticia Vaca
“Estoy aquí por mi madre; porque cuando nosotras quisimos irnos, mi padre nos amenazó con matarnos, porque no había dinero suficiente para vivir, porque con el salario mínimo que mi mamá ganaba no nos ajustaba, porque prácticamente todas mis amigas sufrieron violencia sexual de un perpetrador conocido en su infancia (…) porque mi novio me dijo que si me iba, me iba a matar, porque en la honorable Facultad de Derecho me dijeron siempre que las mujeres solo estudiamos mientras nos casamos, porque cuando regreso a casa de noche, camino de prisa y asustada, estoy aquí para que no me pase nada (…) porque a pesar de todo esto, me niego a ser una cifra de muerte”, expuso la activista Fátima Patricia Hernández Alvizo, durante el primer Parlamento de Mujeres.
Luego del acto protocolario se procedió a tomar protesta a las 35 mujeres que participaron en el Primer Parlamento de Mujeres celebrado en el recinto legislativo “Ponciano Arriaga Leija”, quienes plantearon principalmente temas encaminados al reconocimiento de las mujeres en el ámbito laboral y social, el derecho a una vida libre de violencia y la libertad de decidir sobre su cuerpo.
Además, se habló de los derechos de las mujeres transexuales de quienes hubo dos representantes, entre ellas, Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, quien habló del desconocimiento de la sociedad al no proporcionarles un tratamiento de salud adecuado, “el cual incluye el tratamiento hormonal, orillándonos a la auto hormonización (…) vivimos el rechazo familiar, violencia y discriminación, muchas nos hemos visto obligadas a abandonar nuestros hogares y nuestros estudios, la transfobia también impide que las mujeres trans accedamos a empleos formales”.
En ese sentido, Portillo Vázquez hizo un exhortó al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría General y la Subsecretaría Jurídica de Derechos Humanos, se impulse una modificación al reglamento interno de la Ley del Registro del Estado para implementar un proceso administrativo y adecuación “sexo genérica” que garantice a las personas trans el derecho a su identidad real.
Entre las participantes también estuvo María de Jesús Armendáriz Prieto “Marichuy”, quien propuso en favor de las víctimas de violencia de género una reforma a la Ley de Atención a Víctimas; su participación y su propuesta, dijo, fueron dirigidas a Gobierno del Estado.
“Desde esta tribuna con el respeto que me merecen, hoy voy a ser su voz para que escuchen nuestra voz y en qué nos están fallando: uno, autoridades tanto del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo cual, yo propongo una propuesta de reforma legal a Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, en su artículo 154 inciso uno, donde habla de un estudio socioeconómico (…) o sea, después de haber pasado todo, ahora nos van a revictimizar porque nos tienen que hacer un estudio socioeconómico porque lo marca la ley, que la reparación del daño se haga en base a la capacidad económica de quien generó el daño, no de la víctima”.
Mediante la indemnización, la víctima puede constatar que los daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias para el responsable, porque para Gobierno “es muy fácil violar nuestros derechos humanos (…) nada más nos mandan con el psicólogo”, agregó Armendárez Prieto.
Desde tribuna aprovechó para acusar de ser “elefantes blancos” al Centro de Justicia Para Mujeres, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y al Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, “desde los altos funcionarios debemos atacar esto, ellos tienen el poder, un gobernador sumiso”.
Al término de las participaciones se pidió que los legisladores a través de la Comisión de Derechos Humanos le den un seguimiento mensual a los temas planteados.
Con información de: Astrolabio Diario Digital
