En septiembre de 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), efectuada con el propósito de conocer los delitos más representativos del fuero común, ocurridos durante el 2011 a los hogares y a las personas mayores de 18 años. Al aclarar que en el informe los delitos mayores –como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército y tráfico de indocumentados– quedaban fuera del estudio, este instituto federal informaba que, en 2011, en México se habían registrado 22 millones 389 mil 492 delitos.
Aunque la cifra es terrible por sí sola, dentro del mismo informe se destaca que un total de 20 millones 507 mil 937 delitos no se denunciaron; es decir, 91.6% de las víctimas prefirió no denunciar. Que un país tenga estas estadísticas significa que sus ciudadanos tienen poca credibilidad en su sistema de justicia y, aún más, que éste no funciona.
Pero esto no es nuevo. Hace cerca de 20 años, un grupo de abogados en Monterrey, Nuevo León, conscientes del mal desempeño del sistema penal en el país, decidió emprender acciones para contribuir a mejorarlo.
“Dado el tamaño del problema, pensamos que la mejor manera de iniciar nuestros trabajos era enfocándonos a ayudar a reos de escasos recursos que estuviesen sufriendo una injusticia. Considerábamos que como el sistema se movía con dinero, influencias, etcétera, pues los de menos recursos, los pobres, eran los que peor sufrían los vicios del sistema”, comenta el abogado Ernesto Canales Santos, Presidente del Patronato de la Fundación Renace, organización con una amplia trayectoria, y que prevalece en la opinión pública, entre otras cosas, por su participación en la realización del documental Presunto Culpable.
La práctica diaria en la revisión y servicios jurídicos a una gran diversidad de casos, los hizo tomar consciencia de las grandes fallas que presentaba el sistema, mismas por las que las injusticias continuarían presentándose como una constante.
Esto los motivó a coordinar la realización de estudios que los llevarían a integrar, junto con otros especialistas y miembros de la academia, la empresa y la comunicación, la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y debido Proceso Legal. Posteriormente estructuraron una propuesta para modificar de raíz el Sistema Penal, que en diciembre de 2006 presentaron de manera formal a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Un paso firme que logró, en marzo de 2008, que se aprobara la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que se publicó en junio de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación.
Impulsada por ciudadanos, se trata de una de las reformas de mayor envergadura en la historia de México, que permitiría dejar atrás el viejo modelo judicial inquisitorio para transitar al modelo denominado acusatorio, basado en el régimen de derechos humanos.
Como se explica en el “Cuaderno de Apoyo” editado por el Centro de Documentación e Información de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con esta Reforma se espera revertir el hecho de que “la procuración e impartición de justicia, lejos de satisfacer las necesidades de los sujetos que intervienen en su sustanciación, se ha visto rebasada por prácticas de corrupción e inequidad, provocando que víctimas y acusados padezcan, indistintamente, la incertidumbre jurídica e impunidad que caracteriza al sistema”.
Ya que el cambio radical que se pretende es estructural y cultural, a la Federación y a los estados se les otorgó un plazo de ocho años para implementarla; es decir, hasta 2016. Sin embargo, a menos de la mitad de que este plazo concluya (estamos a tres años y siete meses), hay estados que, como dice Ernesto Canales “prácticamente no han hecho nada, no han tomado ninguna reforma legal, y dentro de estos está el Distrito Federal y el Gobierno Federal”.
EL SISTEMA ACTUAL
De acuerdo con Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC (IMDHD), el sistema inquisitorio actual “trata mal a todo mundo, y dentro de esto hay grupos especialmente maltratados. Uno que hemos venido constando son las mujeres, ya que es un sistema básicamente organizado por hombres, con la mentalidad masculina, y eso hace que sus derechos se vuelvan muy difíciles. Oyes testimonios de mujeres que van a denunciar abusos sexuales o violencia por parte de sus parejas, y con lo primero que se encuentran es que el Ministerio Público no les cree, desconfía de ellas, duda. En su mentalidad creen que las mujeres tienen la culpa de que eso haya pasado. Ese tipo de problemas. O que en caso de violencia, muchas veces se niegan a recibirles su denuncia, y se los dicen: ‘es que al rato usted ya se habrá contentado con su marido y me va a hacer trabajar de balde’. No las motivan, al contrario. No hay una perspectiva de que están frente a mujeres que están siendo víctimas de violencia en una sociedad enormemente inequitativa en relación a las mujeres”.
Edgar Cortez agrega: “Otro grupo vulnerable son los niñas y las niños, ya sea como víctimas de delito o a veces como responsables. Y uno tercero, no digo que sean los únicos sino que son de los relevantes, son los integrantes de comunidades indígenas, ya que no hablan español porque su lengua originaria es otra y a veces, como dicen expertos, manejan un español funcional –para moverse, comprar cosas, vender– pero no para una comunicación compleja. Son algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad, en parte porque nuestro sistema de justicia, con la base de que todos somos iguales ante la ley es como muy homogéneo, y hasta ahora ha sido muy lento para ir entendiendo y adaptándose a la realidad, de que hay grupos que hemos colocado en situación de desventaja y el sistema de justicia tiene que entender estas realidades de desventaja a la hora de atender a las personas, ya sea como víctimas de delito o como acusados”.
Cuestionado sobre si los mexicanos conocemos nuestros derechos en materia de justicia, el especialista del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, responde enfático:
“No, creo que no. Creo que la cultura jurídica ciudadana; es decir, saber básicamente nuestros derechos y una cierta noción de cómo funciona el sistema, es muy pobre, y en la mayoría de los casos inexistente. En parte porque el sistema de justicia penal ha funcionado históricamente de manera opaca, de que no sabemos qué pasa, cómo suceden las cosas. Considero que la gente que llega ahí, ya sea a presentar una denuncia o acusado como posible responsable de haber cometido un delito, se siente en un sistema hostil, desconocido, difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos; eso también hace que la corrupción sea muy alta, porque al estar ahí y sentirte intimidado lo que uno trata de hacer es salir de ahí lo más rápido, como sea. Se piensa: ‘De entrada la corrupción no está bien, pero mejor me voy de aquí’. Dicho en términos muy coloquiales es un sistema inquisitorio o también se le llama persecutorio, porque antes de la Reforma se hablaba de que el objetivo del sistema penal era perseguir los delitos. Y si quieres, de una manera muy coloquial puedes decir si es un sistema qué persigue, quién va a ser el perseguido. Esa es como la lógica más básica, más fundamental, y así ha venido funcionando el sistema, desafortunadamente”.
Por su parte Margarita Gresbach, Fundadora y Directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC (ODI), comenta: “Históricamente, las reformas que se han propuesto y llevado a cabo en México para atender los problemas de justicia, de corrupción y de ineficiencia en la justicia, se atienden cambiando a la gente: nuevas escuelas para policías, nuevas escuelas para Ministerios Públicos, mejores mecanismos de confianza… Cuando realmente, gran parte del problema que encontramos con respecto a la justicia en México no tiene que ver con la gente sino que tiene que ver con el sistema en sí y esto tiene sentido. Los derechos no deberían depender de qué tanto puedes confiar en una u otra persona porque son tus derechos, y esto significa dos cosas: que el sistema mismo debe promover el apego al estricto derecho, que sea un proceso que esté construido para facilitar y fomentar que las cosas se den como se deben hacer; pero también que ese mismo proceso haga más fácil la detección de irregularidades y el poder fincar responsabilidad. Adecuados procedimientos te sirven para ambas cosas. Hoy por hoy, lo que pasa con los sistemas de justicia cuando son una caja negra, es que cuando suceden irregularidades el quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde está la irregularidad, son muy difíciles de detectar para poder fincar una responsabilidad clara”.
Con una sólida trayectoria de 10 años, la ODI surgió por dos razones claras: primero, porque no existía en México una instancia de asesoría y apoyo jurídico para la defensa de derechos de la infancia y, segundo, porque en muchos sentidos la infancia funciona como una población icónica en el ámbito de los derechos humanos en general. Con base en esta experiencia, Margarita Gresbach explica: “Todos requerimos de asistencia para el ejercicio de nuestros derechos, es decir, todos requerimos de un médico para hacer efectivo el derecho a la salud, todos requerimos vías de comunicación para hacer efectivo nuestro derecho a la libertad de tránsito… Sin embargo, en el caso de los niños es necesaria la asistencia que todos tenemos, más la mediación de un adulto para poderlos ejercer. El hecho de que, históricamente, la infancia sea vista como propiedad privada, como objetos y no tanto como sujetos, nos hace pensar que para ejercer nuestros derechos todos los adultos necesitamos un Estado –con sendos servicios especializados y diversos– y que los niños necesitan un DIF, pero el DIF no hace las veces de un Estado. Hasta hace muy poco, incluso, la justicia para adolescentes dependía directamente del Ejecutivo; esto es, cuando se era menor de edad y estabas en conflicto con la ley no necesitas un poder independiente como el poder judicial, sino que el propio Ejecutivo se hacía cargo, lo cual es una aberración absolutamente insostenible”.
Hace una década, cuando inició la ODI, “era impensable solicitar que un juez le diera un trato diferente a un niño que el que se le da a un adulto. De hecho plantear el tema era casi impensable, y cuando lo hacíamos las respuestas que recibíamos eran de mucho escepticismo. Hoy por hoy, la Suprema Corte ha publicado un protocolo para la atención especializada a niños y a niñas víctimas o testigos del delito, es claramente reconocido que un niño necesita una atención diferenciada y especializada en un juicio, y ese mismo reconocimiento derrama hacia otros grupos titulares de derechos especiales, y un ejemplo de ello son las publicaciones que a partir del protocolo de infancia la Suprema Corte está haciendo en otros temas –indígenas, mujeres–. Es básicamente el trabajo que hacemos, y en ese trabajo de litigar casos concretos, reales, familiares, penales, lo que ha sido evidente son las deficiencias propias del sistema, y la enorme necesidad de hacer un cambio de sistema y no solo de gente”, agrega Margarita.
LA REFORMA PENAL
Ernesto Canales Santos afirma que se trata de una transformación estructural, y pasa a explicar los cinco cambios que le parecen más significativos:
“El Ministerio Público (MP), que es el abogado del Estado encargado de procesar a los criminales, tiene facultades superiores a las otras partes del juicio penal, que son las víctimas y los acusados, lo que le da el poder de controlar un proceso que, pues ha estado en venta en muchas ocasiones; es una fuete de corrupción legalizada, digamos, y lo que todavía es más grave y más difícil de explicar, es que legalmente el MP tiene facultades que le permiten realizar injusticias. En el cambio que estamos proponiendo equilibramos los derechos del Ministerio Público con los de las víctimas y los acusados, de manera que ya no existe esta ventaja procesal del MP en el juicio. Esto que se dice fácil es de consecuencias mayúsculas”.
“Actualmente el sistema considera un solo tipo de juico penal, lo mismo si aplica un delito menor como un robo de celulares que un homicidio calificado, lo cual crea muchísimas ineficiencias y hace que los órganos jurisdiccionales estén saturados de asuntos que no son de la misma importancia. La Reforma contempla diferentes tipos de procedimientos, como el procedimiento abreviado cuando no hay dolo, por ejemplo en un accidente de tránsito, si hay aceptación de la culpabilidad e inclusive un acuerdo de la reparación del daño, que ahí el procedimiento termine y no se tenga que extender a una fase redundante; romper ese círculo perverso de que el individuo está en la cárcel porque no puede reparar el daño, y no puede reparar el daño porque no tiene trabajo, precisamente porque está en la cárcel, en un ambiente nada propicio para su regeneración. Se prevé que existan medidas diferentes a la cárcel para diferentes tipos de delitos, como sería arresto domiciliario, servicios sociales, etcétera. Aquí cabe destacar que encontramos, con nuestros estudios, que cerca de 40% de los reos en México están por delitos menores a 5 mil pesos. Es un sistema que penaliza muy fuerte a aquellos que no tienen recursos. Este es el segundo cambio: establecer procedimientos más eficaces, que no se tarden meses sino días o semanas, e inclusive que los más complicados tarden meses y no años”.
“Establecer un límite a la presión preventiva. En nuestros estudios igual resultó que, más de la mitad de los presos en México están en la cárcel sin haber sido todavía condenados; es decir, mientras son juzgados. De manera que el principio de presunción de inocencia, que es una garantía constitucional y que México ha ratificado en cuanto convenio internacional hay al respecto, no existe para este grupo carcelario. Y estamos hablando de una población carcelaria en el país de más de 200 mil, donde más de 100 mil están ahí sin que se les respete ese principio. Pasa muchas veces. Porque como le digo, si ligamos que el Ministerio Público tiene mayores facultades en el proceso se pueden lograr sentencias condenatorias relativamente fácil; otra estadística señala que más de 85% de las sentencias en México son condenatorias, lo cual indica, precisamente, la desproporción entre la facultad del Ministerio Público y lo que puedan alegar como defensa las víctimas y los acusados”.
“Es la pieza gorda, la diferencia fundamental: que para aquellos delitos de alto impacto, para aquellos casos donde la sociedad esté herida y no haya una admisión de culpabilidad, las pruebas se deben presentar en púbico, en presencia del juez, de manera que la sociedad entienda por qué se llega a condenar a una persona o por qué se le llega a absolver. Tenemos multitud de casos en México que pasan procesos de años, y todos son expedientes que la sociedad no entiende ni puede entender, y donde inclusive el juez está alejado del desahogo de las pruebas, de manera que no tiene una vivencia de la historia del crimen, y por lo tanto su sentencia está sin bases sólidas. Esto es lo que llamamos la audiencia de juicio oral, que solo se aplica para ciertos casos, los controvertidos, que van creando una cultura de que es lo que está bien y que está mal para una sociedad. Yo no me canso de poner el ejemplo de las puertas de emergencia. En los últimos años ha habido más de 100 muertos, porque no se ha declarado públicamente que no se pueden tener puertas de emergencia que no estén funcionando, porque no ha habido condenas, no ha habido un juicio donde de establezca esta situación. La Guardería ABC, el News Divine, el Casino Royale, el Almacén Coppel… son más de 100 muertos porque las puertas de emergencia no funcionaron, pero no ha habido un juicio público al respecto. Y así puedo mencionar muchísimos otros casos…”.
“Que haya una intervención judicial, es decir el poder autónomo, desde el inicio del procedimiento. Le llamamos el juez de control en la primera etapa, mientras se analiza la averiguación previa, se construye el expediente, etcétera. Hay un juez que controla al Ministerio Público en la parte del proceso. Es una figura que actualmente no existe, ya que el mismo juez que conoce del proceso conoce del fondo, lo cual crea una confusión de roles y además una contaminación en su juicio. Con la Reforma está el juez de control que tiene que ver con todo el proceso, y luego pasa al juez de la audiencia. Y se establece que el juez de la audiencia sea un panel de tres jueves en vez de uno (tribunal colegiado). Y en este mismo punto se establece un juez para el cumplimiento de sentencia. No dejamos la responsabilidad carcelaria a las direcciones de seguridad o a las secretarías de seguridad, sino que damos entrada al poder judicial, precisamente para que vigile que los términos de la sentencia sean cumplidos en apego a derecho”.
Otros puntos importantes de la Reforma implican procesos de investigación y seguimiento de los casos, porque actualmente el número de averiguaciones previas no corresponde con la cantidad de delitos que se registran, o como indica Edgar Cortez, del IMDHD: “Se calcula que de los delitos denunciados en alrededor de 94% no se logra completar una investigación, se queda ahí en el camino la denuncia, porque lo que también sucede es que en los hechos quien tiene la carga de la prueba, es decir de aportar pruebas, elementos… es la persona que denuncia, lo que muchas veces las desalienta. La investigación tendría que estar a cargo el Ministerio Público, pero no tienen el tiempo ni la capacidad ni los recursos”.
Como se puede observar, la Reforma Penal implica un cambio de paradigma, una forma radicalmente diferente de ejercer la justicia en el país, procurando que sea más clara y expedita, de ahí que especialistas como Edgar Cortez estén dedicando tiempos y esfuerzos importantes a labores de difusión y capacitación:
Es un cambio estructural que supone dos grandes cosas, primero, que tenemos que trabajar para que los operadores de justicia crean, porque aún hay muchos abogados, hay muchos jueces, muchos Ministerios Públicos, muchos policías, que no creen que vaya a cambiar nada. Hay que hacer un gran trabajo con todos ellos para cambiar sus percepciones. Segundo, hay que hacer un gran trabajo con la ciudadanía. A mí no me deja de llamar la atención, y me parece muy paradójico, que por un lado está el escepticismo y una falta de credibilidad en las instituciones de justicia en el país, y en contra parte no hay una expectativa de la sociedad de que este nuevo sistema que estamos construyendo pueda cambiar las cosas. Pero no hay una expectativa porque la mayoría de la sociedad ni siquiera sabe que estamos en este proceso”.
Y así es, a pesar de que se estableció un plazo de ocho años, Ernesto Canales externa: “Hay estados que ya la han implementado de forma total, o que la han implementado de forma gradual, como Nuevo León, pero hay entidades que prácticamente no han hecho nada, no han tomado ninguna reforma legal, y dentro de estos está el Distrito Federal y el Gobierno Federal; con lo que nos debemos cuestionar, por ejemplo, si los ciudadanos del Distrito Federal tienen menores derechos que los estados donde sí hay Reforma”.
CAMPAÑA CIUDADANA POR UN MÉXICO JUSTO
Lo cierto es que el tiempo se agota y puede derivar en: a) una improvisación de la Reforma Penal y las consecuencias que ello implica –ya que en el plazo estipulado también se prevén periodos de prueba y perfeccionamiento de los procesos–, y b) que llegue 2016 y exista en el país una impartición inequitativa de la justicia, de acuerdo con la entidad donde se localicen las víctimas y/o acusados.
Por ello, tres organizaciones civiles –el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México– sumaron esfuerzos para crear la campaña “Reforma Penal Mx con un Click” (www.reformapenalmexico.org), que tiene dos grandes objetivos:
1. Difundir los contenidos y beneficios de la Reforma Penal, a fin de que la ciudadanía se sensibilice sobre las implicaciones favorables que este cambio de cultura implica para una aplicación correcta de nuestros derechos y un sistema de justicia más transparente y eficaz.
2. Motivar la participación de la sociedad –y en especial la de los jóvenes– en el envío de una serie de cartas (preparadas previamente), que llegan directamente a los correos oficiales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la Federación como de cada uno de los estados, donde se presiona para que manifiesten públicamente su compromiso por la Reforma Penal y para que agilicen todos los procesos que esto requiere.
En el sitio online de esta campaña ciudadana puede apreciarse un mapa de México donde, como indica Margarita Gresbach, hay un código de colores para indicar el avance de los estados en el tema de la Reforma Penal: “Muchos estados han decidido implementar por regiones; entonces idealmente éstos también tendrían mucho que se les pudiera exigir y presionar, pero la campaña tiene que ser simple para que sea algo funcional en el público amplio, entonces lo que se decidió es que todo estado que ya ha tenido un juicio oral cuenta como que ya lleva un buen avance y ya está en este proceso de que se irá perfeccionando, entonces están en verde; los amarillos son los que han empezado a dar algunos pasos y los rojos son los que no han hecho nada, por decirlo más fácilmente. Y curiosamente, digamos, Oaxaca que es un estado problemático en términos de los índices de educación, pobreza, etcétera, es uno de los estados que ya está implementando la Reforma; otros estados que uno esperaría que lo pudieran hacerlo no lo han hecho, como por ejemplo el Distrito Federal. Los avances no necesariamente se correlacionan con las dificultades que presentan. Es más bien de voluntad e interés político”.
A partir de un video que prepararon a modo introductorio (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NlqumtIoc4c), la campaña tiene un sistema de monitoreo que les permite saber, con exactitud, cuántas cartas se logran enviar y a qué destinatarios; así como conocer si existen respuestas directas. Por ejemplo, el pasado 18 de marzo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit realizó un pronunciamiento público en el que se comprometía a implementar con prontitud la Reforma Penal; mientras autoridades de otros estados, como Quintana Roo, han expresado su molestia por recibir este tipo de peticiones.
Esta campaña ciudadana cuenta también con un soporte en Facebook y en Twitter, donde informa con claridad cuáles son los avances –por mínimos que puedan parecer– que cada entidad registra. Pero trascendiendo las cuestiones jurídicas, el mayor objetivo es que los mexicanos de todas edades, géneros, condiciones socioeconómicas o culturales, estén más concientes de sus derechos y de cómo opera el sistema de justicia en nuestro país, y tener así las herramientas correctas para exigir su buen funcionamiento.
