Si algo memorable hubo en el mes de junio fue la participación del Estado Mexicano vía la Secretaría de las Mujeres los días 17 y 18 ante el Comité responsable de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
De acuerdo al boletín de la oficina de la ONU en Ginebra la delegación mexicana dirigida por Citlali Hernández y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, y la Misión Permanente de México; fue elogiada por la información que dio para el Décimo Informe Periódico.
La actualización es decir los avances expresados por parte de la Secretaría de las Mujeres en estas reuniones de corte internacional fue decir que contaban con 678 Centros “Libre” sitios para “justicia social y atención a mujeres con abogadas de las mujeres y la “red” de tejedoras de la patria”, como se llaman ahora los centros de justicia para las mujeres provenientes de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña a través de la extinta ComisiónNacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en los que según ahora invierten 40 millones de dólares al año.
La delegación también dijo que México garantiza servicios especiales, cito la nota traducida al español:
“Ingrid Gómez, Subsecretaria para el Derecho a una Vida Libre de Violencia afirmó que la violencia feminicida erauno de los mayores desafíos que enfrentaba el Estado mexicano. La implementación de estrategias territoriales focalizadas, el fortalecimiento de los mecanismos de protección para mujeres en riesgo y la mejora de los sistemas de atención a las víctimas habían dado como resultado una tendencia sostenida a la baja en la incidencia de feminicidios. Durante los primeros dos meses de 2025, se registró una disminución del 29.23% en los casos reportados en comparación con el mismo período de 2024”.
Vamos a ver, al igual que se hizo con el noveno informe, entregado en julio de 2018, para adquirir noción de la veracidad, tomemos de ejemplo el fenómeno más grave que nos ofrecen: la violencia feminicida con todo y el componente de su falta de castigo.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no hay datos que permitan afirmar una disminución en la proporción que corresponde a los asesinatos, pero sí que un gran porcentaje de estos permanecen en la impunidad. Se iniciaron 45,434 carpetas de investigación entre presuntos feminicidios, homicidios dolosos y culposos donde las víctimas fueron mujeres y niñas, pero menos del 25% acabaron en sentencias.
Para esta administración, querer poner de muestra dos meses para asegurar un descenso a nivel nacional es por lo menos, aventurado. En el país las autoridades y el movimiento feminista junto con las familias de las víctimas nunca han coincidido acerca del número de mujeres asesinadas, es cierto que en enero y febrero de 2024 hubo 124 y en 2025 hubo 100 carpetas iniciadas por feminicidio, un punto, mínimo efectivamente, de las 9386 indagatorias iniciadas en México por delitos contra la vida de las mujeres hasta mayo pasado.
Otras informaciones francamente sobraban y ambas partes son conscientes de ello, el comité CEDAW mantuvo durante siete años la petición de que todo el territorio tipificara el delito de feminicidio lo cual ya era una realidad desde el año anterior, cuando Chihuahua creó el delito. Pero reiteraron el mismo cuestionamiento y ha vuelto a ser parte de las respuestas del Estado y de modo errático, en la audiencia señalaron que hay 28 tipos penales, en el documento se indica que son 32, en realidad son 33.
Algunos de los datos en esta labor de la que se dijeron sentirse orgullosas, al confrontarse con la realidad que hay aquí dentro acaba siendo para las mexicanas una burla, ya porque es mentira o porque las modificaciones jurídicas son resultado de la exigencia ciudadana y no del gobierno. Juzgue usted misma:
“Durante décadas, existió un sistema de desigualdad estructural que intensificó la violencia contra las mujeres en México. Las reformas legislativas del presidente, que entraron en vigor en noviembre de 2024, reforzaron la responsabilidad del Estado de combatir todo tipo de violencia contra las mujeres
La persona más pobre de México era una niña indígena con discapacidad, razón por la cual se habían invertido 45 mil millones de dólares, lo que permitió a 3.5 millones de mujeres salir de la pobreza moderada en los últimos seis años. De 2019 a 2024, la brecha salarial de género se redujo en un 29 % a nivel local”.
(Citlali Hernández)
“El Programa Nacional contra la Trata de Personas fue la columna vertebral, promoviendo la prevención, la protección, la persecución y la atención integral a las víctimas”. (Ingrid Gómez)
“El Estado mexicano fue sensible a los casos de desaparición de personas, incluidas las mujeres. En 2019, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda y, por primera vez, se desarrolló un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”. (Jennifer Feller)
“El Programa de Atención desde los primeros 1,000 días de vida, garantizaba el acceso a los servicios de salud de las mujeres, especialmente la salud reproductiva, la autonomía corporal. En México, la anticoncepción era gratuita y 24 de los 32 estados del país habían despenalizado el aborto”. (Teresa Ramos)
“Entre 2021 y 2024, también se adoptaron reformas legislativas clave, incluidas reformas al Código Penal Federal y a 22 códigos penales locales que ahora penalizan los ataques con ácido, así como otros tipos de violencia, dentro de la categoría penal de violencia familiar”. (Lucía Micher)
¿Tendría que ser significativo haber ido a presumir temas como la paridad en los poderes? No necesariamente, si políticas y funcionarias son obedientes y sumisas a sus partidos políticos y no representan ni abordan nada que tenga que ver con esa, más de la mitad a la que representan, 67.8 millones de mujeres, donde un buen número vive de ayudas, carece de trabajo o autonomía y todas absolutamente por el mero hecho de ser mujeres, corren el riesgo de ser asesinadas y desaparecidas, como sucede en México desde los años 90 de manera consuetudinaria; entonces no se ve por dónde a las expertas de CEDAW tuviese que importarles el salario sobrado de unas cuantas.
Y si, la vergüenza es compartida, en parte porque se confirma nuevamente la incapacidad de la Organización de las Naciones Unidas para advertir la realidad de las mujeres al interior de los países que aparentemente le rinden cuentas, pero también debido al intempestivo cambio de opinión de la propia instancia internacional de hacer severas observaciones acerca de las inconsistencias respondidas un día y al siguiente felicitar a las participantespor presumir una política de carácter simbólico que no le resuelve a ninguna mujer en el país la violencia y la desigualdad en la que vive.
Claudia Espinosa Almaguer
