Seis meses después de que expertos del Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieran al gobierno de México abolir la figura del arraigo, legisladores mexicanos eliminaron ese procedimiento jurídico en el Distrito Federal, y en el ámbito federal determinaron reducir la temporalidad de su aplicación.
Los ministerios públicos utilizan la figura del arraigo para pedir a un juez que mantenga detenido a un presunto delincuente, mientras sigue la investigación del caso en la que está implicado, cuando se trate de delitos de delincuencia organizada.
En noviembre de 2012, integrantes del CAT mencionaron que esa práctica puede llevar a que se cometan torturas, porque en muchas ocasiones no se aplican las garantías mínimas de proceso penal, y los cargos que se imputan no son del todo claros.
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó este martes, por mayoría, la eliminación de la figura del arraigo en la capital del país.
Con 49 votos a favor, cero en contra y una abstención, los diputados avalaron la iniciativa que presentaron por separado el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y los legisladores del Partido del Trabajo (PT), Miriam Saldaña, y de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, indicó la agencia Notimex.
Durante la presentación del dictamen, el diputado Antonio Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el arraigo había “dejado de ser una medida precautoria, para convertirse en una pena”.
Mencionó que el arraigo propiciaba excesos y abusos de la autoridad, y que atentaba contra el principio de presunción de inocencia.
En lugar del Ministerio Público, quien es el que acusa y detiene a un delincuente, debe ser un juez el encargado de tener a su cargo al presunto culpable, buscando así salvaguardar los Derechos Humanos, expresó el legislador Gaviño Ambriz, según un comunicado del Panal.
Reformas al artículo 16
Los diputados federales mexicanos aprobaron también el martes en lo general reformas al artículo 16 de la Constitución, para reducir el periodo de aplicación del arraigo.
Con los cambios, se establece reducir esa figura, para pasar de 80 días a un máximo de 35 (incluyendo 15 de prórroga), tratándose de delincuencia organizada.
En el caso de delitos graves, el arraigo solo podrá durar 20 días, sin prórroga alguna, ya que actualmente el máximo es de 40 días, de acuerdo con la gaceta legislativa.
“La medida será procedente cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincular a la persona con esos delitos”, según el documento.
Los legisladores también aprobaron que los organismos de derechos humanos puedan visitar sin previo aviso los centros de arraigo, así como su vigilancia.
El Senado de México debe ratificar la reforma, en su próximo periodo de sesiones, para que pueda entrar en vigor.
Legisladores de izquierda criticaron que no se eliminara del todo la figura del arraigo. El diputado Catalino Duarte, del PRD, dijo que el dictamen aprobado no atiende las recomendaciones de organismos internacionales, en materia de derechos humanos.
“Pero sin lugar a dudas, es un dictamen que se perfila bajo el principio de progresividad de los derechos humanos en el camino de una derogación pronta y absoluta del arraigo en este país”, comentó.
La organización Human Rights Watch (HRW) había pedido el 25 de abril al Congreso de México rechazar el proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo o prisión preventiva, y actuar para eliminarlo por completo.
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