El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría usado un esquema de lavado de dinero no solo para enriquecerse, sino también para enviar fondos a campañas políticas en México, según reveló Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 23 de mayo, Gómez aseguró que el gobierno mexicano presentará pruebas de que el dinero lavado por García Luna terminó financiando actos políticos, aunque esta parte del caso no se está tratando en Estados Unidos, sino que será vista por la justicia mexicana.
El titular de la UIF detalló que García Luna habría utilizado 16 empresas sin contratos oficiales para lavar dinero, sacando millones de dólares del país a través de operaciones simuladas con entidades públicas. Ese dinero fue transferido al extranjero y después regresado para pagar a personas o cubrir campañas políticas.
Parte del dinero se movió mediante empresas como Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc, Nice Systems Ltd, y GLAC, las cuales obtuvieron contratos públicos y transfirieron grandes sumas al extranjero, particularmente al estado de Florida, usando cuentas en Occidental Bank.
Además, Gómez Álvarez señaló que este esquema de corrupción no ocurrió en un solo sexenio, sino que se trató de una “operación transexenal”, en la que participaron dos partidos políticos que, con el tiempo, terminaron aliados tanto electoral como políticamente.
La jueza Lisa Walsh, de la Corte en Florida, emitirá próximamente una sentencia adicional sobre las empresas utilizadas por García Luna para cometer fraude. Mientras tanto, las autoridades mexicanas ya han obtenido órdenes de aprehensión y han realizado detenciones relacionadas con este caso.
Gómez también informó que Genaro García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares al gobierno mexicano, mientras que su esposa, Linda Cristina Pereyra, tendrá que devolver mil 740 millones 25 mil 540 dólares como parte de los montos involucrados en el lavado de dinero.
El funcionario subrayó que hay avances importantes y se abrirán nuevos procesos legales. Afirmó que el gobierno no se detendrá hasta que se haga justicia, señalando que este caso es un ejemplo de cómo se desvió dinero público para fines ilegales.
