La reducción de la jornada laboral es un tema que ha causado bastante polémica entre la clase trabajadora y el sector empresarial. Actualmente, en México se trabaja bajo el esquema de 48 horas semanales, pero existe una propuesta que busca reducirla a 40 horas semanales, lo que implicaría aumentar los días de descanso.
Debido a que hay una fuerte oposición por el sector empresarial para que ésta se apruebe, se ha llevado a cabo un Parlamento Abierto que pretende discutir todas las posibilidades que existe entorno a este cambio.
Durante la cuarta jornada del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, el director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México,Mario López Roldán, señaló que el país vive en un momento oportuno para reducir la jornada laboral, pero ésta debe ser gradual e incluyente.
El representante del organismo destacó que nuestro país es una de las economías con jornadas más extensas, con peor balance de vida-trabajo y niveles de productividad, por lo que no se puede retrasar la discusión de este tema.
“Las empresas en México han tenido muchos años para prepararse para este tipo de cambios”, sentenció. En ese sentido, el especialista insistió en que nuestro país tiene que avanzar en la reducción del tiempo de trabajo aprovechando la experiencia internacional.
La realidad de la mayoría de las economías de la OCDE es un límite legal de 40 horas semanales, con economías como los Países Bajos y Dinamarca con un promedio mejor. “Con jornadas semanales de 45 horas a nivel global, México está en el grupo de Malasia, Turquía, Tanzania, Namibia, Samoa y sólo por arriba de Tailandia, Senegal, Afganistán, Corea del Sur, Sudáfrica”, señaló.
En esa misma línea, el representante del organismo indicó que una reforma “gradual e incluyente” para reducir la jornada de trabajo es oportuna y se traducirá en diversos beneficios no sólo en el plano laboral, también en aspectos de inclusión, salud, movilidad y calidad de vida.
Como dato extra, Mario López Roldán compartió que hasta ahora, entre los países miembros de la OCDE que han realizado reformas de este tipo, no hay evidencias de que se haya generado una crisis empresarial o de empleo.
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