Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el Gobierno de México solicitará 15 mil millones de dólares a las empresas manufactureras de armas estadounidenses como reparación por los daños causados por las “prácticas comerciales negligentes” que permiten a grupos criminales acceder al armamento y afectar a la sociedad mexicana.
El Gobierno de México señaló que busca revertir la decisión de la Corte de Distrito de Massachusetts sobre su demanda, ya que un Juez federal la desechó, pues determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a las empresas demandadas, incluso si el daño causado ocurre en territorio mexicano.
“La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadounidense, por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños ocasionados en México”, argumentó el Gobierno mexicano.
Este lunes se llevó a cabo la audiencia de apelación en la que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston escuchó los argumentos del Gobierno federal sobre la demanda a las empresas manufactureras de armas estadounidenses.
Alejandro Celorio insistió en que la Ley que ofrece inmunidades a la industria de las armas en Estados Unidos contra demandas por responsabilidad civil no aplica por daños ocurridos en México.
Asimismo, argumentó que si la anterior Ley aplicara, se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el estadounidense, y que “si la PLCAA es vigente, el Gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta Ley y nuestro litigio tendría que proceder”.
“Según estimados, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, ‘arribita’ del cinco por ciento de su Producto Interno Bruto en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas” dijo.
“Es algo que México no desea, no quiere, y para lo que tiene que responder con recursos de contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud, o de educación, o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales”, agregó.
“De eso se trata el reclamo, hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicios psicológicos, servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos”, subrayó.
En caso de que la Corte de Apelaciones decida que el Juez de primera demanda erró en su análisis jurídico, se le ordenaría continuar con el litigio y volver a revisar los argumentos.
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