Ante la amenaza de una posible crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos, México se prepara aplicando una “estrategia de contención y agotamiento”. La presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum ha mantenido diálogos con el presidente electo Donald Trump, quien amenaza con imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas si no se frena la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.
Desde la asunción del poder de Sheinbaum en octubre, las autoridades mexicanas han interceptado a cerca de 5,400 migrantes diariamente, frente a los 3,400 bajo la administración anterior. Esto se debe a la dispersión de los grupos migrantes que salieron del sur de México y ahora cuentan con permisos de estadía temporales. Mientras tanto, albergues como El Buen Samaritano en Ciudad Juárez permanecen semivacíos, a pesar de las advertencias de activistas sobre una posible avalancha de migrantes antes de la toma de posesión de Trump el 20 de enero.
México también ha aprendido de su experiencia con el gobierno anterior, cuando desplegó miles de guardias para contener la migración, bajo un acuerdo que Trump describió como un “muro humano”. Ahora, con la aplicación del Título 42, México ha aceptado a millones de migrantes, incluyendo a un 40% de extranjeros, como parte de un trato para evitar aranceles. Además, Sheinbaum y su equipo están trabajando para renovar acuerdos con Biden que permitan el regreso directo de deportados a sus países de origen.
La estrategia legal también será fundamental. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, visitó recientemente Estados Unidos para coordinar la defensa de los connacionales en el país. Se espera que la renovación de acuerdos entre ambos países ayude a mitigar los impactos de una deportación masiva y las posibles repercusiones económicas y logísticas para México.
