México enfrenta una de las crisis más graves en materia de derechos humanos: más de 132 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Gobierno federal.
Durante la conferencia matutina de este 27 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde se evidencian profundas deficiencias en la integración de datos y en los procesos de búsqueda.
El informe, presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que 46 mil 742 casos —equivalentes al 36% del total— no cuentan con información suficiente para iniciar labores de búsqueda o abrir carpetas de investigación.
Esta cifra implica que más de un tercio de las personas registradas como desaparecidas no está siendo buscada activamente, debido a registros incompletos, inconsistentes o carentes de elementos básicos para su localización.
En contraste, el Gobierno informó que de un total histórico de 394 mil 645 registros, alrededor de 262 mil personas han sido localizadas, de las cuales el 92% fueron encontradas con vida. Sin embargo, 132 mil 534 casos continúan sin resolverse, consolidando una cifra alarmante que se ha acumulado principalmente desde 2006, en el contexto de la violencia vinculada al crimen organizado.
El diagnóstico oficial también apunta a una problemática estructural: miles de registros presentan errores, duplicidades o falta de seguimiento institucional, lo que ha dificultado la construcción de estrategias eficaces de búsqueda. En algunos casos, incluso se han detectado personas reportadas como desaparecidas que posteriormente tuvieron actividad en bases de datos gubernamentales, lo que evidencia fallas en la actualización del sistema.
Ante este panorama, el Gobierno federal anunció el fortalecimiento de herramientas de análisis de información y búsqueda forense, así como la creación de nuevas áreas especializadas para depurar los registros y mejorar la localización de personas.
No obstante, colectivos de familiares han manifestado preocupación por el enfoque del informe, al considerar que la depuración de datos podría derivar en una reducción artificial de la cifra real de desaparecidos, en lugar de resolver el problema de fondo: la impunidad y la falta de investigación efectiva.
El informe también exhibe una de las fallas más críticas del sistema: solo una proporción mínima de los casos cuenta con carpetas de investigación activas, lo que refleja la debilidad institucional para atender uno de los delitos más sensibles del país.
Mientras el Gobierno insiste en que la revisión busca mejorar la calidad de los datos y hacer más eficiente la búsqueda, la realidad es que detrás de las cifras persiste una crisis humanitaria: miles de familias continúan sin respuestas, en un país donde la desaparición se ha convertido en una herida abierta que sigue creciendo.
