Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han demostrado sistemáticamente que no les preocupa lo que la ciudadanía piense de ellos, a juzgar por sus novedosas formas de violentar la Ley Electoral y por sus reiteradas acciones para retar los llamados al orden del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con especialistas y políticos.
Dijeron que el reiterado comportamiento ilegal denota que “le tiene sin cuidado” el hecho de que este año probablemente desembolsará 153 millones de pesos para pagar las multas impuestas por la autoridad electoral por diversas violaciones a la Ley Electoral.
Este comportamiento, de acuerdo con los especialistas consultados porSinEmbargo, se basa en la siguiente explicación: luego de las elecciones del próximo 7 de junio, el Verde podría tener un número récord de legisladores federales en la Cámara de Diputados, lo cual le representará más recursos y prerrogativas, así como mayor poder en la toma de decisiones dentro de la Cámara Baja.
De 2000 a la fecha, el Partido Verde Ecologista ha recibido más de 4 mil millones de pesos de financiamiento público. Sólo en el 2015 se presupuestó para este partido político más de 429 millones de pesos para sus gastos ordinarios, cifra sólo superada por el financiamiento del 2006, cuando superó los 478 millones de pesos.
Además, de los recursos presupuestados para su gasto ordinario, el Partido Verde, lo mismo que todos los grupos parlamentarios, obtiene del Congreso federal una serie de recursos públicos no regulados, dinero de todos los mexicanos de los cuales no tiene que comprobar un solo peso.
“En esta Legislatura, sólo por subvenciones extraordinarias, el Verde recibió 250 o 300 millones de pesos”, afirmó la Diputada federal Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano (MC).
La legisladora sugirió que estos recursos “extraordinarios” sirvieron para financiar gran parte de la propaganda empleada por el Partido Verde Ecologista de México para promocionarse a través de los cineminutos, los vales de medicinas, los kits escolares, y todos los artículos que ya han sido sancionados por el INE.
Más allá de los recursos públicos que pudiera obtener el Partido Verde, el hecho de contar con más legisladores federales le podría dar la posibilidad de ser un aliado eficaz del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprobar las votaciones que le convienen al Gobierno federal, y reafirmarse en las tareas que comúnmente realizada y corresponden a un ‘partido satélite’.
“A ellos no les preocupa mucho si los multan o si les van a quitar las prerrogativas, ellos ya tienen seguro lo que querían”, que es conservar curules en la Cámara de Diputados para conservar posiciones que les permitan negociar las leyes que les convienen, dijo la Diputada federal.
“Van a seguir siendo beneficiados tanto de las subvenciones de la cámaras de Diputados y la de Senadores, como de las televisoras, que es allí en donde está el negocio para ellos”, destacó Huidobro González.
En la segunda semana de mayo, durante la discusión de una nueva sanción contra ese partido, que el Consejo General del INE dejó en 322 millones 455 mil 711 pesos, el propio Consejero Ciro Murayama explicó el procedimiento del Verde para hacerse de recursos: “Es claro lo que ocurrió: El PVEM tomó dinero de los grupos parlamentarios, recursos de origen público dedicados al buen funcionamiento del Poder Legislativo, para sumarlos contraviniendo la Ley al Financiamiento Público Partidista que legalmente le correspondía”, anotó al argumentar su voto a favor de la multa.
Murayama Rendón dijo que el uso de recursos ilegales del partido “fue una aportación en especie que asciende a más de un tercio del financiamiento público ordinario anual que recibe”.
También se trata de una violación expresa a la ley, planteó, “pero además dolosa pues se quiso disfrazar la campaña que expresamente beneficiaba al PVEM, con un uso indirecto de más de 100 millones de pesos de informes legislativos”.
Silvia Gómez Tagle, del Colegio de México (Colmex), opinó que entre las denuncias y evidencias de abusos de poder de los partidos en este proceso electoral, las más evidentes son las que ha hecho el PVEM, que ha demostrado una actitud constante de impunidad al romper las leyes electorales que rigen las campañas electorales, pero que a las que el INE ha permanecido “tenue” en su manera de sancionarlo.
“Ese dinero de las multas lo van a pagar con los subsidios que recibe como partido y con los votos que gana ilegalmente”, dijo Gómez Tagle. La investigadora del Colmex añadió que mientras el Verde mantenga e incluso aumente su representación tanto en la Camara Alta como en la Baja, más recursos públicos llegarán a sus manos y, por tanto, el asunto de la ilegalidad es lo que menos le importa.
MÁS DIPUTADOS, MÁS DINERO
El Artículo 41 de la Constitución establece que el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo.
El resultado se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria “y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
En otras palabras, el número de Diputados federales es un factor que determina la cantidad de recursos que obtendrá el Partido Verde para su financiamiento anual.
De acuerdo con la mayoría de las casas encuestadoras, al terminar el proceso electoral federal 2015 el PVEM podría tener una cifra histórica de legisladores federales en la LXIII Legislatura, lo cual podría significar se convirtiera en la tercera fuerza política en la Cámara Baja, actualmente es la cuarta detrás del PRD.
El Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece el financiamiento de los grupos parlamentarios.
Ordena a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que asigne los recursos públicos “de conformidad con la representación de cada grupo parlamentario”.
Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada grupo parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, “en función del número de diputados que los conformen”.
Por si no bastaran estos recursos fijos, la Junta de Coordinación Política podrá destinar subvenciones extraordinarias a los grupos parlamentarios.
En el artículo noveno de la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros asignados a los grupos parlamentarios se establece que el importe de las subvenciones ordinarias fijas, ordinaria variable, para apoyo logístico y para pagos de honorarios, se entregará conforme el número de integrantes de la bancada.
“El importe de las subvenciones […] se obtendrá multiplicando la cantidad que determine la Jucopo por el número de legisladores en funciones que integren cada grupo parlamentario”.
En el “Quinto Reporte Legislativo”, presentado por la consultoría privada Integralia se especifica que durante los primeros 20 meses de la presente legislatura, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados recibieron dos mil 142 millones de pesos en subvenciones sin dar cuenta de su uso y destino.
Fuente: Sin Embargo.
