313 mil mexicanos entre 15 y 29 años fueron devueltos por las autoridades de EU tan sólo en 2009. Revalidar sus estudios cursados “al otro lado” es un suplicio que coartan el más noble de sus sueños: obtener un grado académico.
Moisés Zarco tiene fresco en la memoria el mes de agosto de 2011. El 27 viajó emocionado de Georgia a Florida para la boda de su mejor amiga. El 28, a su regreso, el sueño de graduarse en biología, química y matemáticas, comenzó a desmoronarse.
A punto de llegar a Georgia, un grupo de militares lo detuvo para revisar su auto. Moisés, de entonces 25 años, estaba por seguir su camino cuando un soldado preguntó a otro “Did you check his status?” La única documentación que Moisés pudo mostrar fue la matrícula consular. Ocho años antes, había entrado a Estados Unidos sin autorización.
En menos de dos meses, el joven fue expulsado de Estados Unidos. Al no tener antecedentes criminales y mostrar buenas calificaciones, un juez le ofreció una solución “amistosa”: firmar su salida voluntaria.
El día de muertos de 2011, Moisés volvió a pisar su lugar de origen, el Estado de México. Consigo trajo la meta de terminar las cinco materias pendientes para graduarse, pero a un año de aquello y tras un viacrucis de trámites, Moisés sólo ha podido revalidar high school. De los estudios universitarios le convalidan tan poco, que prácticamente es volver a comenzar.
Moisés Zarco, retornado de Georgia, recorrió oficinas de la Secretaría de Educación en el Estado de México, Hidalgo -su estado natal- y en el Distrito Federal, antes de tener claridad en el proceso de revalidación de sus estudios medio superiores. En la foto, muestra sus calificaciones.
Tan sólo en 2009, 312 mil 615 mexicanos entre 15 y 29 años fueron devueltos por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte. El término “devueltos” se usa porque en la mayoría de los casos no media un juicio de deportación.
“Suponemos que la gran mayoría estaba en etapa escolar”, dice el presidente de la Asociación Popular de Familias Migrantes (APOFAM), Marco Castillo. “La revalidación de estudios es una de las tantas problemáticas con las que regresan a México”, explica.
A partir de la llegada de Barack Obama a la Presidencia estadounidense en 2009, las deportaciones han aumentado 30% y 73% de los deportados son de origen mexicano. Por tanto, el problema de Moisés y de otros miles de jóvenes es, en palabras de Marco Castillo, “un laboratorio de lo que le espera a México”.
Para revalidar estudios de nivel medio-superior y superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pide hasta ocho documentos cuya obtención implica, generalmente, un costo (acta de nacimiento o pago de derechos). Sin embargo, el problema no sólo es de dinero. Conseguir antecedentes académicos, certificados o boletas de calificaciones se complica cuando los jóvenes retornados no tienen familia o redes de apoyo en Estados Unidos para ayudarles con los trámites que, a su vez, también tienen costo. En algunos casos, tener dinero o una red de apoyo tampoco resuelve el problema, pues hay estados en los que todos esos trámites son exclusivamente personales.
Para los jóvenes nacidos en Estados Unidos con derecho a la doble nacionalidad por ser de padres mexicanos, la carrera de obstáculos comienza con el trámite de “apostilla” de las actas de nacimiento. La apostilla certifica la autenticidad de los documentos oficiales ante países extranjeros; su costo varía entre 1 y 35 dólares según la entidad norteamericana y a ello se suma a que hay migrantes retornados que volvieron sin papel alguno.
Sin embargo, la revalidación de estudios para los mexicanos que retornan no es sólo una crisis de documentos.
“Estamos hablando de una falta de condiciones para la reinserción social y eso es gravísimo porque en el contexto de violencia que se vive en la frontera, en las comunidades de migrantes de Estados Unidos y en sus comunidades en México, la educación es una forma de asegurar la viabilidad del estado”, dice Castillo, quien además, suma otra variable a la ecuación.
“Estamos en una nación que es más trasnacional que nunca. Ante una eventual reforma migratoria no sólo habrá una crisis de documentos, sino de prácticas”, dice. Los 6 millones de mexicanos que podrían beneficiarse de una reforma migratoria en Estados Unidos podrán elegir libremente entre vivir entre un lado y otro del Río Bravo y México no está preparado para atender sus demandas.
Moisés Zarco y otros miles de jóvenes han encontrado en las empresas de telemercadeo (call centers) la única fuente de empleo donde prácticamente sólo piden un perfecto dominio del inglés. No importan certificados de estudios ni actas de nacimiento mexicanas. O para el caso, tampoco las estadounidenses. Tampoco se fijan en tatuajes o en si los jóvenes tienen un historial criminal en Estados Unidos.
Éste es el esquema de revalidaciones:
“Don’t waste your talent” (No desperdicies tu talento)
En un volante hecho en media hoja carta sobresale el dibujo de un joven y una chica abrazados por los hombros. Arriba y abajo, en gruesas letras negras se lee: “Right to education. Right to dream. Los otros dreamers, ¡Únete al sueño!” (Derecho a la educación. Derecho a soñar. Los otros soñadores).
La dificultad para emprender los trámites de revalidación dio lugar a que un grupo de retornados formaran el grupo “Los otros dreamers”. A través de Facebook asesoran a jovenes de distintos puntos de la república. Su siguiente paso es convertirse en una Asociación Civil.
En Estados Unidos, 2.1 millones de jóvenes indocumentados que llegaron a ese país cuando niños podrían beneficiarse con la llamada “Dream Act” (Ley de desarrollo, alivio y educación por sus siglas en inglés). De aprobarse, la iniciativa otorgaría a los indocumentados menores de 30 años que cumplan con ciertos requisitos, prerrogativas como la residencia temporal, tarifas universitarias equiparables a las que gozan los nacionales y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense. Los chicos que promueven su aprobación se han denominado “dreamers”.
Los “otros dreamers” le piden a México algo similar. Trámites más sencillos, mejor información, mayor revalidación de créditos académicos. En suma, un camino más ligero para que las remesas culturales y educativas con las que han vuelto les den algún rédito.
“¿Regresaste de Estados Unidos y no has podido revalidar tu diploma de high school? DON’T WASTE YOUR TALENT!”. Así, en inglés y en español, se presentan en el volante Los otros dreamers. “Nosotros pasamos por esa situación y pudimos resolverla organizados”, dicen.
Uno de los miembros de Los otros dreamers es precisamente Moisés Zarco. Al momento de la charla tiene en sus manos la prueba irrefutable de que venció a la burocracia. Una hoja gruesa de fondo verde y blanco certifica la revalidación de high school. Finalmente Moisés puede aspirar a entrar en alguna universidad.
Mediante un grupo de Facebook y un correo electrónico, Moisés, otros conocidos del call center y la organización Apofam ya han asesorado a por lo menos una decena de jóvenes retornados. La red social permite que acompañen a chicos que lo mismo están en el Distrito Federal que en Coahuila, Jalisco o Tlaxcala.
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) reconoce que no existe una política de reinserción para los mexicanos deportados o que retornan al país voluntariamente. El propio director, Arnulfo Valdivia, aseguró que promovería una serie de acuerdos con distintas dependencias de gobierno para resolver dichas carencias, sin que hasta ahora se hayan anunciado avances.
En la SEP, desde mediados de la década de los 80 existe formalmente el Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) que, en teoría, permite la libre inscripción en la educación básica a niños mexicanos o con doble nacionalidad que hayan estudiado en Estados Unidos, sin embargo, deja fuera la educación media superior.
Vistos los obstáculos y sin tiempo que perder, Los otros dreamers han presentado ya la problemática de la revalidación tanto al IME como a senadores de la República.
María Eugenia Ponce, joven retornada que por más de 20 años vivió en Nueva York y empleada en un call center pese a estar titulada en Administración, explica el próximo paso para el grupo, al que también pertenece.
“Queremos convertirnos en Asociación Civil. De esa manera podríamos acceder a fondos para solventar el costo de todos los trámites a otros retornados que están pasando por lo mismo que nosotros”, detalla.
“Allá mis hijos tienen derechos”
Si a nivel superior y medio-superior los jóvenes retornados se encuentran desamparados, en la educación básica la historia no es tan distinta pese a la existencia del Probem.
En una casita de sólo dos habitaciones, hecha de adobe y pintada con cal vive ‘La Prieta’, una michoacana de 39 años. Es madre de un adolescente mexicano y de dos niñas estadounidenses.
‘La Prieta’ se llama María Madrigal Reyes, pero nadie la conoce por su nombre. Su tenacidad la ha hecho líder entre las familias de Patambarillo, un poblado a 135 kilómetros al oriente de Morelia. Si se necesitan pláticas de salud para sus vecinas, ella las busca. Si hay alguna capacitación para el trabajo, lo sabe. La mujer es incansable. Para muestra, los más de 10 años que vivió en Forth Worth, Texas, con su familia. En todo ese tiempo, aportó más dinero que su marido para sostener a la familia.
Incómodo en su papel de proveedor, el esposo de ‘La Prieta’, Luis Fernando, cayó en el alcoholismo. Entre más dinero proveía su mujer, más bebía. Una noche, conduciendo ebrio, lo detuvo un policía y terminó deportado. Al mes siguiente, ‘La Prieta’ y sus hijos lo alcanzaron en Patambarillo.
Wendy, la segunda hija de ‘La Prieta’, acaba de entrar a la primaria. Apenas habla inglés. Iniciar la primaria le causaba cierta emoción, pero el constante acoso de sus compañeritos comienza a pesarle. Poco a poco sus calificaciones bajan
La boleta de Wendy no es la única preocupación de ‘La Prieta’. Eventualmente, la niña terminará la primaria y la expedición de un certificado es imposible si no tiene un acta de nacimiento apostillada.
Con las prisas por el regreso, la madre sólo consiguió copias. Conseguir originales y apostillarlos le cuesta 3 mil pesos, y otros 140 pesos para ir y volver de Morelia. En una familia de cinco, con un padre que sólo tiene trabajos esporádicos, 3 mil pesos puede ser el sustento de tres meses.
En todo Michoacán, 12% de los hogares tiene por lo menos a un migrante de retorno. Con esas cifras, las escuelas de los municipios con gran tradición migratoria cada vez tienen a más estudiantes como Wendy, pero también existen los que ni siquiera han podido entrar a la primaria.
El Probem estipula que la falta de documentos no debe impedir el ingreso de los niños a la escuela, pero eso es sólo la norma.
En el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, el académico Gustavo López Castro ha estudiado el retorno desde antes que la crisis económica de 2008 lo hiciera más evidente.
“Un profesor puede rehusarse reiteradamente a aceptar un niño estadounidense en su salón de clases. Un director puede ver problemático aceptar a un niño sin acta de nacimiento mexicana o sin CURP”, dice.
En Zamora, uno de los municipios grandes de Michoacán más cercanos a Patambarillo, los migrantes ya se organizan mediante grupos espejo para que el Gobierno del Estado establezca a la brevedad una oficina del registro civil que permita a los mexicanos con hijos nacidos “al otro lado” registrarlos también como mexicanos. De esa manera tendrían un trámite resuelto en caso de volver a México por cualquier situación.
Mientras tanto, ‘La Prieta’ sólo ve cómo las calificaciones de Wendy empeoran, y que el trabajo escasea para ella y su marido. Sentada en un tambo de plástico, porque en su casa no hay una sola silla, ‘La Prieta’ baraja una posibilidad.
“De un tiempo para acá ya no pensaba irme a Texas, pero los niños van creciendo y a mí se me mete en la cabeza cruzar otra vez. Allá mis hijas tienen todos los derechos, y aquí, los están perdiendo”.
http://www.animalpolitico.com/2013/04/la-traicion-de-mexico/#axzz2PsRQRBzS
