Aunque no hay una cifra oficial de parte del gobierno mexicano, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) coinciden en que son poco más de 4 mil niñas y niños menores de 18 años los que han sido asesinados en el marco de la guerra contra el crimen organizado, lanzada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en 2006.
Por si fuera poco, denuncia la ONG, ninguna de esas muertes ha sido investigada con suficiencia por las autoridades y no hay una sola sentencia contra los culpables de esas muertes violentas.
Otra cifra estremecedora, mencionada por Luis González Plascencia, titular de la CDHDF, es que la situación de conflicto armado que se vive en México ha dejado al menos 3 mil 700 huérfanos, además de que más de 500 niñas y niños han sido reclutados por el crimen.
Los asesinatos de menores han aumentado particularmente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban mas homicidios era de 15 a 17 años ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de 0 a 4 años, advierte Juan Martín Pérez García, director de Redim, quien alerta que los estados con mayor números de homicidios infantiles son Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero.
Además de las pérdidas humanas son decenas de miles los que han sido afectados sicológicamente por la violencia, lo mismo en zonas rurales que en las ciudades.
Sin embargo, ante es marco de trastorno social para las futuras generaciones ni el entonces gobierno de Calderón Hinojosa ni la actual administración de Enrique Peña Nieto se han referido al hecho con contundencia ni mucho menos han desplegado un programa de protección y ayuda para los infantes.
A esta tragedia humanitaria se suma el hecho de que México tiene más de 37 millones de niños, casi 37% de la población total, y 20 millones de infantes padecen situación de pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83% de esos niños tienen algún tipo de carencias.
Otra cifra del consejo precisa que más de la mitad de la población menor de 15 años (56.3%) se encuentra en situación de pobreza multidimensional, es decir: no tiene garantizado al menos uno de sus derechos para su desarrollo social y los ingresos familiares no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Ante esta realidad, el Estado mexicano sólo destina 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para proteger a los menores, cantidad que es insuficiente pues ni siquiera les garantiza el derecho a la vida.
Para Pérez García, la situación con el nuevo gobierno no ofrece tintes de cambio. Ni conCalderón ni con Peña Nieto, dice, el Estado mexicano ha podido dar información sobre el número de niños heridos, asesinados, detenidos o secuestrados producto de la guerra.
Sin ese reconocimiento oficial sobre el impacto que está teniendo el conflicto en las niñas y niños de México poco será lo que pueda avanzarse. el gobierno –lo mismo a nivel federal, estatal y municipal– ha enmudecido ante el clamor ciudadano que tiene ya más de seis años exigiendo el esclarecimiento pleno de estos asesinatos.
Discursos van y discursos vienen, pero desde Los Pinos, por ejemplo, no ha salido un solo compromiso por llevar ante la justicia a los autores y cómplices de este agravio social.
Encima, las “bajas colaterales”, como llamó Calderón a los asesinatos de civiles producto de la guerra, también han sido responsabilidad de la policía y las Fuerzas Armadas, lo que en cualquier Estado democrático habría sido castigado de inmediato.
Hay muchos vacíos en la ley y en la implementación de justicia, pero urge llenarlos y para ello el nuevo gobierno federal debe tener voluntad política. El problema es que esa señal no se ve por ninguna parte.
http://www.sinembargo.mx/opinion/02-05-2013/14090
