San Luis Potosí enfrenta una crisis silenciosa en su sistema penitenciario: el 72% de las personas privadas de la libertad no han recibido sentencia. De las 3,958 personas recluidas en los centros penitenciarios del estado al cierre de junio de 2025, 2,854 permanecen en calidad de procesadas, mientras que solo 852 han sido sentenciadas, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La mayoría de estos internos están bajo el fuero común, que concentra el 93.6% de la población penitenciaria estatal. El fuero federal representa apenas el 6.5% y también muestra rezagos similares.
Causas de la alta prisión preventiva
Entre los factores que explican esta situación se encuentran la sobrecarga crónica de expedientes en los juzgados, la falta de jueces, defensores públicos y peritos, y los procedimientos burocráticos que prolongan audiencias. Además, el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar —que por ley debería aplicarse solo en casos excepcionales— afecta principalmente a personas de bajos recursos que no pueden costear defensa privada ni acceder a medidas alternativas como libertad condicional o brazaletes electrónicos.
Impacto social y humano
Para quienes están procesados, permanecer meses o años en prisión sin sentencia significa enfrentar condiciones de reclusión sin acceso pleno a educación, programas de reinserción o trabajo. Sus familias también sufren, enfrentando angustia y estigmatización social sin que exista una condena judicial.
San Luis Potosí se encuentra en una posición crítica frente a este fenómeno. Mientras no se agilicen los procesos y se garantice el respeto al principio de presunción de inocencia, miles de personas seguirán viviendo tras las rejas sin que el Estado pruebe su culpabilidad. La justicia tardía, en estos casos, se convierte en un castigo anticipado.
