México. El pasado 6 de abril, Brenda Orquídea Matuz Chacón fue golpeada por sus compañeros militares y su cuerpo arrojado al río Usumacinta. El 19 de abril el juez de Control de la Región Uno vinculó a proceso a los dos militares por el delito de homicidio calificado, pese a que dentro de la carpeta de investigación existen suficientes datos de prueba para realizar una imputación por feminicidio.
María Magdalena Chacón y Jesús Matuz Montesinos, madre y el padre de Brenda, joven asesinada 10 meses después de haber ingresado al Ejército Mexicano, señalaron que los responsables, los capitanes Juan Antonio R. y Agustín P., pidieron a un juez federal la protección de la justicia federal ante el presunto proceso irregular al que fueron sometidos por la FGE.
El 7 de mayo los presuntos feminicidas interpusieron un amparo en contra del auto de vinculación a proceso, por lo que será la juez Minerva López Constantino quien decida si los deja en libertad.
Las activistas Selene Domínguez, Paulina Conde y Holly Matus, así como la Red de Familiares de Víctimas de Feminicidio, denunciaron la falta de debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación.
Indicaron que la FGE no recabó de manera correcta las pruebas y tampoco desahogó técnicamente las audiencias, fallas que impiden el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, y dejaría en libertad a los feminicidas, con las consecuencias que eso conlleva.
Con información de: Letra Roja
