Una orden militar enviada al comandante de la base militar de San Antonio del Rosario, que participó en los hechos de Tlatlaya, dice que las tropas deben operar de noche para “abatir delincuentes”.
Los militares que operaban en Tlatlaya tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
“Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”, se lee en una orden fechada el 11 de junio de 2014 dirigida al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, que relevaría al día siguiente al comandante de la base militar de San Antonio del Rosario.
“El concepto (abatir) fue empleado para significar la privación de la vida humana”, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, que difundió la fotografía del oficio militar.
El centro lleva la defensa legal de Clara Gomez González, una de las tres sobrevivientes de los enfrentamientos en Tlatlaya, Estado de México, en el que murieron 22 civiles. Clara, que había aparecido en los medios como Julia, es madre de una de las fallecidas, y estaba en el lugar porque había ido por su hija.
El director del Centro Prodh, Mario Patrón, informó que hoy presentaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un escrito en el que piden que emita medidas cautelares para que la Secretaría de la Defensa Nacional deje de girar órdenes de operación a sus elementos parecidas a la de Tlatlaya.
Los militares que participaron en los eventos de Tlatlaya están siendo juzgados en el fuero civil y militar. Gómez González pidió acceso al juicio castrense por ser una de las vícitimas, pero le fue negado hasta que un juez le otorgó un ampara y ordenó que le mostraran el expediente de la justicia militar. La orden de relevo que dio a conocer el Centro Prodh es parte de ese expediente.
Aguirre dijo en la rueda de prensa que según el expediente, después de los hechos de Tlatlaya el teniente a cargo informó que fueron abatidos 21 civiles.
El informe presentado este jueves dice que “esta orden es, desde el punto de vista de derechos humanos, un incentivo para cometer ejecuciones”.
El marco constitucional únicamente faculta a las autoridades militares a detener civiles cuando estos se encuentren en flagrante comisión de un delito, con la salvaguarda de que en tales casos los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad competente de manera inmediata, dice el informe.
Pero la orden de relevo da otras instrucciones. “En el propio expediente existen pruebas que acreditan la existencia de órdenes con visos de ser verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a derechos humanos”.
Aunque la orden militar dada a conocer también alude al respeto a los derechos humanos y de acuerdo con el Centro Prodh es acompañada de un anexo titulado “Conductas que deben evitarse en operaciones”, el informe insiste en que estos elementos resultan contradictorios.
La orden fue enviada por el Batallón de Infantería 102 de la zona militar 22 dirigida al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez para relevar al subteniente de infantería Carlos Cain Tinixcal al mando de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, la que participó en los hechos de Tlatlaya.
En el cuerpo del documento se reiteran las operaciones y el modo en que deben llevarse a cabo, refiriendo específicamente que son órdenes provenientes del “Alto Mando”, que según el Centro Prodh se refiere al secretario de la Defensa Nacional.
Fuente: Milenio.
