Alejandro Rubín de Celis
La contratación de asesores, auxiliares administrativos y asistentes se ha convertido en un mecanismo más de la corrupción que prevalece en el Congreso del Estado.
A la red de extorsión de diputados sobre alcaldes en problemas conocida como Ecuación Corrupta, la presentación de facturas falsas, la creación de empresas fantasma, la aprobación de presupuestos para obras que no se hicieron o quedaron inconclusas ꟷcon su presumible tajada de por medio para los legisladores involucradosꟷ, el sobreprecio acordado a productos y servicios cuyo destino ha sido el Congreso del Estado, entre otras formas de corrupción, ahora se perfecciona la de los moches que congresistas cobran a sus colaboradores y aumenta indiscriminadamente la contratación de personal con fines particulares.
Una investigación de la organización civil Ciudadanos Observando, a partir de solicitudes de información pública, ha revelado la contratación con cargo al erario de “asesores” VIP ꟷque en realidad fungen como secretarios técnicosꟷ y de familiares, amigos, prestanombres y aviadores muy bien pagados, sin justificación alguna, y la petición o exigencia de moches a colaboradores que ya ha sido denunciada ante las autoridades por un ex asesor.
La práctica no es nueva pues fue denunciada desde la LX Legislatura por los entonces integrantes del Consejo Ciudadano de Transparencia, pero se ha convertido en un nuevo escándalo porque el pago a personal por honorarios pasó de un millón 800 mil pesos en la pasada legislatura, a tres millones 500 mil pesos en la actual, y un total de 140 personas contratadas bajo este esquema.
104 mil 500 pesos de sueldo no son suficientes para las desbordadas ambiciones de algunos diputados que, hasta con argumentos pueriles, como el de la diputada Alejandra Valdés, que pidió prestado a su entonces asesor “para pagar la renta” ꟷsegún lo denunció el propio Paul Ibarra, su ahora ex asesorꟷ, les quitan a sus colaboradores parte de su salario.
La partida presupuestal para asesores se ha incrementado en tres ocasiones en lo que va de esta legislatura, que empezó con una partida de entre 26 mil y 29 mil pesos ꟷno lo recuerda con precisión la ex oficial mayor, Marcelina Oviedoꟷ, pasó a 40 mil aprobados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), luego a 60 mil, y después, a solicitud del diputado Eugenio Govea ꟷcomo lo confirmó la propia Marcelina Oviedoꟷ, miembro de ese órgano de gobierno, se elevó a 80 mil pesos, con el compromiso de la coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga de no dejar huella del incremento y desaparecerlo en los laberintos contables del Congreso. Obviamente, la medida no se asentó en el acta pero opera a la perfección en la práctica.
Con el último incremento se buscaba recuperar y hasta incrementar la reducción de un 10 por ciento de su sueldo que a regañadientes habían aceptado la mayoría de los diputados en el contexto de austeridad convocado por Andrés Manuel López Obrador.
Personal de la Coordinación de Finanzas del Congreso llamó telefónicamente a diputados para decirles que contaban con otros 20 mil pesos mensuales para sus asesores ¡y ningún legislador denunció la maniobra en su momento!, como tampoco lo hicieron en los dos incrementos anteriores. Actualmente, hay congresistas que sólo tienen asignados 60 mil pesos para este concepto y no los 80 mil que se supone serían parejos para todos.
Se sabe que las diputadas morenistas, Marite Hernández Correa y Consuelo Carmona Salas rechazaron el incremento y distribuyen actualmente 60 mil pesos entre sus asesores. De Marite Hernández, reciben: Graciela Lomelín López, Ricardo Sánchez García y José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, 20 mil pesos cada uno; de Consuelo Carmona, reciben: Claudia Mariana Estrada Martínez, 15 mil 600 pesos; Laura Patricia López de Ávila, 23 mil 400, y; Jesús Palacios Chávez, 21 mil pesos.
Mauricio Ramírez Konishi, secretario de la Jucopo, ha revelado que también distribuyen 60 mil entre sus asesores y personal de apoyo las diputadas Beatriz Benavente, Paola Arreola y Patricia Silva Celis, aunque no se conoce quiénes son sus colaboradores. ¿A dónde irán a parar los 100 mil pesos mensuales que las cinco diputadas no tienen asignados como parte del último aumento?
Los más privilegiados en todos estos actos de opacidad son el diputado Edson Quintanar Sánchez, que tiene asignados 160 mil pesos para asesores por ser además presidente de la Jucopo y líder de su bancada ꟷy que distribuye a discreción entre sus asistentesꟷ, y la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, con 120 mil pesos.
Quintanar ha sido acusado de complicidad por parte de Ciudadanos Observando, organización que puso oportunamente al tanto al legislador sobre el tema de los moches sin que éste hiciera algo al respecto. También por falsear datos al informar primero que en el Congreso no hay asesores y luego admitir que sí los hay.
Y como era de esperarse, ninguno de los dos, ni Sonia Mendoza ni él, promoverán que se investiguen los moches entre diputados y sus colaboradores. Faltaba más, en una de esas también a ellos los alcanza la indagatoria.
Si no fuese por este nuevo escándalo, gran parte de los potosinos desconocería todo este cochinero que se da gracias a la opacidad y discrecionalidad con que opera la mayoría de los diputados y por la impunidad que impera en el estado, que es el mejor incentivo para que sigan incurriendo en sus fechorías, sabedores de que nada les pasará.
Ahora sí, y sólo porque el asunto ya salió a la luz pública ꟷsi no por supuesto que en otra de esas se aumentan otros 20 mil para “asesores”ꟷ, diputados dicen que se va a reglamentar la contratación del personal por honorarios y que para ello ya se elabora un código de ética. ¿Qué pueden saber de ética, y sobre todo de practicarla, unos diputados cínicos que en cada oportunidad que tienen incurren en abusos y actos de corrupción?
¿Un código de ética?, ¿para qué?, ¿para que sea otro acto de simulación como tantos en los que han incurrido?
Este nuevo escándalo de moches y de personal sin preparación ni perfil para hacer labores de asesoría ꟷcon sus excepcionesꟷ y de apoyo, es una raya más al desprestigio que se ha ganado ya, y a pulso, esta legislatura, a sólo 10 meses de haber iniciado su gestión.
¿Hasta dónde serán capaces de llegar estos diputados en términos de corrupción si la ciudadanía no les pone un freno? Porque las autoridades competentes, empezando por la Contraloría Interna del Congreso, no parecen tener intención alguna de hacerlo.
