Ciudad de México.– La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque el dictamen avanzó únicamente con el respaldo de Morena y en medio de un fuerte desacuerdo político, incluso con partidos que forman parte de su bloque aliado.
El proyecto fue avalado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral con 45 votos a favor y 39 en contra, en una sesión marcada por discusiones y acusaciones entre legisladores de distintas bancadas.
A pesar de formar parte del bloque oficialista, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra del dictamen, argumentando que la propuesta aún presenta aspectos que deben revisarse para garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral.
El diputado del PVEM Ricardo Astudillo explicó que, aunque coinciden con la idea de una democracia más austera, consideraron que el proyecto requiere ajustes para asegurar igualdad en las contiendas electorales. Por su parte, el legislador del PT Pedro Vázquez González señaló que su partido decidió apartarse del dictamen porque aún existen elementos que pueden perfeccionarse mediante el diálogo.
A la oposición de estos partidos se sumaron también PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que rechazaron la iniciativa al considerar que fue elaborada sin consenso y que no incluye medidas suficientes para enfrentar problemas como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado al Pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse y votarse. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, será necesario obtener el respaldo de dos terceras partes de los legisladores, una mayoría calificada que Morena no tiene asegurada debido a la falta de apoyo de sus aliados.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal contempla modificaciones a varios artículos de la Constitución en materia electoral, incluyendo cambios en la forma de asignar diputaciones plurinominales, ajustes al financiamiento público de los partidos y nuevas reglas para las campañas políticas.
En este contexto, el debate en el pleno de San Lázaro se perfila como el punto decisivo para determinar si la reforma electoral propuesta por el gobierno federal logra avanzar o queda descartada por falta de votos suficientes en el Congreso.
