Claudia Almaguer
Hay un tipo de feminicidio que es casi exclusivo del Estado y es el que se produce por no hacerse cargo de sus obligaciones, es decir por mera negligencia y omisión como sucede en el caso de la mortalidad materna que en 2021 cobró la vida de 1036 mujeres embarazadas en México.
Pero vayamos por partes. Existe una política que tiene como sujeto esencial a las mujeres en tanto que sólo las mujeres atraviesan el embarazo, el parto y el puerperio, etapas que conforman la Salud Materna. En México, la Ley General de Salud establece la atención materno infantil reconociendo su carácter prioritario a razón de la vulnerabilidad de la madre y de su hijo, por ello señala que toda mujer tiene derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea por parte de profesionales éticamente responsables que den trato respetuoso y digno además de una vigilancia integral a las condiciones que puedan derivar en emergencias obstétricas.
Es relevante señalar que la Organización Panamericana de la Salud reconoce que las 830 muertes maternas que suceden a diario en el mundo es un número inaceptablemente alto, en tanto el 99% se da en países en desarrollo, además, la gran mayoría podría evitarse con una atención de calidad y especializada para cada etapa tal y como la ley mexicana presume.
Y efectivamente existen riesgos inherentes a este periodo, como las hemorragias e infecciones, la preeclampsia, los abortos inseguros, los partos obstruidos entre otros que, se encontraron por ejemplo entre las causas de mortalidad entre 2006 y 2009 cuando México superaba las mil defunciones y también entre 2010 y 2019 cuando logró su número más bajo de 695.
Sin embargo, la semana epidemiológica 53 de 2020, la razón de mortalidad materna calculada fue de 46.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos en el grupo de edad de 50 a 54 años y las principales causas fueron COVID-19 confirmado (21.6%), COVID-19, (4.9%) sin virus identificado, enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.1%), hemorragia obstétrica (13.8%) y complicaciones (5.2%) entre las cuales se implicaba también “enfermedades del sistema respiratorio”. Supongamos, como fue, que ese año no se tenía vacunación al alcance y que ello sumado a la deficiente gestión que se dio de la pandemia produjo este retroceso en la política.
No obstante, para la última medición del año 2021, la razón de mortalidad materna calculada es de 53.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos en el grupo de edad de 45 a 49 años y las principales causas han sido COVID-19 confirmado (42.7%), COVID-19, virus no identificado (2.2%), edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (11.6%) y hemorragia obstétrica (10.3%), repito, 1036 mujeres embarazadas que murieron en un contexto donde las vacunas ya existían y el resto de las causas eran evitables.
Y entonces, volvemos al punto de la disertación sobre el femicidio/feminicidio iniciada a finales de los setenta, y en donde exponentes del movimiento feminista como la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos mantienen una perspectiva amplia de este fenómeno en donde el responsable es el Estado, porque incluye no solamente los asesinatos de las mujeres, sino otros tipos de muertes evitables que se dan a través de la carencia o deficiencia de las políticas públicas, como las que se generan por cáncer y VIH o las que se dan a través de la feminización de la pobreza y debido a la falta de acceso a los derechos reproductivos y a la salud materna.
Porque ese no hacer siempre lo termina pagando alguien, 1036 mujeres embarazadas en 2021 sin ir más lejos. A más ver.
