María Ruiz
Silvia es una joven madre de un bebé de un año y medio de edad. En días pasados dio a conocer a diversos medios de comunicación haber sido víctima de detención arbitraria por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esto tras solicitar auxilio por un hecho de violencia intrafamiliar y de género por parte del padre de su hijo.
Esta situación se suscitó el pasado 7 marzo, fecha en la cual su exesposo, Oscar N., intentó quitarle la vida, agrediéndola brutalmente.
Este hecho, según lo relatado el día de ayer por Silvia a las afueras de la Unidad Administrativa Municipal, fue registrado por elementos de la policía vial que trabajaban dentro de las unidades 5810 y 5700 pertenecientes a la SSPC, quienes arribaron al lugar de los hechos y decidieron no intervenir, al referir que se “trataba de un pleito de familia”.
Luego, los oficiales la increparon de manera violenta y la detuvieron para trasladarla a la comandancia de la central de abastos con su bebé en brazos.
A pesar de presentar lesiones físicas evidentes, resultado de los golpes que le propinó su exmarido, el actuar de estos elementos expone una la violación a sus derechos humanos como mujer y víctima de la violencia.
A pesar de que un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se presentó en la comandancia, Silvia denunció de manera pública que la médico legista no quiso atenderla. Después fue trasladada por sus familiares a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde tampoco le brindaron la atención prioritaria, al alegar que se encontraba muy golpeada.
Ante esto, fue llevada en la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde sí fue atendida.
Atención sin perspectiva de género
Estos hechos fueron denunciados ante un Ministerio Público y ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas (CEEAV), de los cuales, según lo relatado por Silvia, existen videos de prueba de todo lo sucedido.
Una situación que no cumple con el supuesto modelo de justicia cívica de la SSPC que está dirigido en salvaguardar la integridad de las víctimas del delito.
Esto pone en evidencia una falta grave por parte de los elementos policiales en sus atribuciones al violar la integridad de Silvia, ya que jamás actuaron bajo los principios de apego a los derechos humanos, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y perspectiva de género.
Ante esto, el titular de la SSPC, Juan Antonio Villa Gutiérrez, aseveró que se va “aperturar toda la información” respecto a los hechos, a efecto de que las personas agredidas —en este caso Silvia y su madre— acudan ante las instancias legales correspondientes.
“Vamos a apoyarlas con la información que ellas requieran, en el sentido de que, si hubo una mala actuación por parte de los elementos, se les sancionará”.
Villa Gutiérrez mencionó que, respecto a los hechos que expuso Silvia, se tendrá que investigar y determinar el grado de responsabilidad, y si existe una mala actuación.
Mientras que en el caso del mal trato que recibió Silvia, el cual vulneró sus derechos humanos y expuso que los elementos pertenecientes a la SSPC no actúan conforme a los lineamientos de perspectiva de género que les obliga sus funciones, el comisario Villa aseguró que existe “una unidad especializada” para ese tipo de casos.
“Aquí lo que se dio fue un tema de flagrancia y de urgencia. En cuanto la actuación, pues existe el respaldo hacia los elementos, conforme al informe que ellos rindieron”.
Asimismo, aseguró que existe la evidencia de las cámaras corporales que portaban los elementos inmiscuidos el día de los hechos.
“Entonces derivado de las videograbaciones que se dieron en ese momento por parte de los elementos, se contemplará si hubo o no una mala actuación”.
Por lo cual esos videos los dispondrá ante la autoridad competente en cuanto se los soliciten, y de acuerdo con lo que se dictamine, sería la sanción de los elementos señalados.
