Aunque San Luis Potosí registra una cifra baja en mujeres encarceladas a nivel nacional, el problema de fondo va más allá de los números. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muchas de ellas viven situaciones de abandono, discriminación y violencia, incluso antes de ser detenidas.
El informe revela que las cárceles del país siguen funcionando bajo un sistema pensado para hombres, lo que afecta directamente a las mujeres privadas de la libertad. En muchos casos no cuentan con condiciones adecuadas ni programas que consideren que muchas son madres o cuidadoras principales.
A través del estudio “Mujeres privadas de la libertad en México”, INEGI advierte que la baja proporción de mujeres presas, como ocurre en San Luis Potosí, no significa que haya mayor justicia. Por el contrario, refleja un sistema que invisibiliza sus derechos y necesidades específicas. Además, ellas enfrentan estigmas sociales más fuertes y tienen menor acceso a defensa legal o procesos justos.
En este estudio —publicado en 2025 como parte de la serie En Números, Documentos de Análisis y Estadísticas— se detallan las condiciones de las mujeres en los centros penitenciarios, a partir de datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
San Luis Potosí concentra apenas el 1% del total nacional de mujeres privadas de la libertad. En comparación, estados como el Estado de México (17%), Ciudad de México (12.8%), Morelos (8.6%) y Baja California (5.6%) tienen porcentajes mucho más altos. En el caso de los hombres, la participación potosina también es baja, con solo 1.2% del total nacional.
En este sentido, el INEGI y los autores del estudio hacen un llamado a diseñar políticas públicas con enfoque de género. Consideran necesario ofrecer alternativas al encierro para delitos no graves y garantizar condiciones dignas para las mujeres que sí están en prisión.
El caso potosino, aunque menor en cantidad, exige atención institucional. Las mujeres presas enfrentan múltiples violencias, y es urgente construir un sistema más justo que reconozca sus derechos tanto dentro como fuera de prisión.
