La Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por un total de 583.1 millones de pesos en el uso de recursos federales ejercidos por dependencias estatales y gobiernos municipales en San Luis Potosí. La mayor parte de estas observaciones corresponde a los ayuntamientos, que concentran casi el 95 por ciento del monto total señalado.
Del total detectado, 553.5 millones de pesos corresponden a anomalías encontradas en 39 de los 59 municipios del estado, como parte de la revisión del gasto federalizado. Estas auditorías incluyeron el análisis de las participaciones federales que reciben los gobiernos municipales para su operación y servicios.
Las cantidades observadas varían considerablemente entre los municipios. Mientras que Vanegas registró observaciones por poco más de 22 mil pesos, el ayuntamiento de Tampacán acumuló el monto más alto, con 83.9 millones de pesos. Este municipio, junto con otros nueve, concentra más del 65 por ciento de las irregularidades detectadas en los gobiernos locales.
En contraste, algunas instituciones y municipios no presentaron observaciones durante este proceso. Entre ellos se encuentran los ayuntamientos de San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que no registraron anomalías en el manejo de recursos revisados.
Por otra parte, las dependencias del gobierno estatal sumaron observaciones por 29.5 millones de pesos, derivadas de tres auditorías realizadas. En uno de los casos, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado devolvió más de un millón de pesos a la Federación tras detectar inconsistencias.
Asimismo, la Universidad Politécnica deberá aclarar el uso de 4.8 millones de pesos que fueron observados durante la revisión. Mientras tanto, la mayor cantidad señalada a nivel estatal corresponde a la Secretaría de Finanzas, con 23.6 millones de pesos relacionados con participaciones federales.
Sin embargo, se informó que esos recursos fueron ejercidos por el Congreso del Estado, el cual no presentó la documentación necesaria para justificar el gasto en servicios generales y la contratación de bienes, rentas y servicios, por lo que deberá aclarar el uso de dichos fondos.
