EL RADAR
Por Jesús Aguilar
Unas doscientas personas marcharon hasta el Congreso de San Luis Potosí para protestar contra la llamada Ley Serrano.
Tuvieron derecho a hacerlo.
La libertad de expresión también se ejerce caminando, gritando consignas y exigiendo explicaciones al poder. Una democracia que teme a las manifestaciones termina temiéndole a la sociedad.
Pero respetar, e incluso difundir, una protesta no significa renunciar a analizarla.
Quienes participaron representan legítimamente sus convicciones, sus organizaciones y sus inconformidades. No representan formalmente a toda la sociedad potosina.
Son personas que se consideran agraviadas, con derechos y causas propias. Pero a partir de esa movilización se convirtieron también en actores de una expresión política y contestataria: algunos defendiendo sus propios reclamos y otros asumiendo la representación de grupos que pueden —o no— participar realmente en la vida pública con intereses claros y ahora, en la podrida y eterna precampaña potosina, quizá hasta electorales.
En conjunto, disputan legítimamente espacios de atención e influencia pública.
Pero una marcha no es una encuesta.
Una consigna no es un mandato.
El politólogo Michael Saward explica que la representación no se consuma porque alguien afirme hablar por otros. Es una pretensión pública que debe ser reconocida, aceptada o rechazada por quienes supuestamente son representados.
Dicho en castellano llano: marchar da derecho a ser escuchado, pero no entrega un mandato para hablar por los ausentes.
Por eso creo que un contingente no puede apropiarse de la voz de quienes no estuvieron ahí, de quienes piensan distinto o de quienes, compartiendo la preocupación por la ley, no respaldan todas las expresiones de la protesta.
LA CAUSA ES LA LEY, NO UNA PERSONA
La movilización comenzó cuestionando una reforma legal, pero terminó concentrando buena parte de sus consignas en Héctor Serrano.
Serrano, sin duda, debe explicar y defender públicamente la iniciativa que promovió. Como legislador, está obligado a soportar una crítica mucho más intensa que cualquier ciudadano.
Pero convertir el debate en “saquen a Serrano” simplifica peligrosamente el problema.
La reforma no fue aprobada por una sola persona. La votó por mayoría un Congreso, empujado por un Ejecutivo que también la promulgó. Después la aplicaron ministerios públicos, fiscales y jueces.
La Fiscalía General del Estado, además, ha hecho un tremendo ridículo en el manejo de los casos relacionados con esta legislación.
La personalización de la protesta produce un efecto muy conveniente: permite que todos los demás responsables se escondan.
No necesitamos fabricar un villano.
Necesitamos corregir una ley.
NO A LA PENALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Nuestra posición es inequívoca.
Defendemos de manera irrenunciable la libertad de expresión, la crítica política, el periodismo incómodo, la sátira y el derecho ciudadano a cuestionar al poder.
Con la misma intensidad rechazamos el uso del derecho penal para resolver disputas relacionadas con la comunicación.
La cárcel no puede ser la primera respuesta frente a una publicación, un meme, una crítica o un contenido controvertido. Mucho menos cuando las definiciones legales son ambiguas y permiten que una autoridad decida discrecionalmente qué constituye un daño, una manipulación o una falsedad.
La comunicación no debe penalizarse.
Las figuras públicas deben responder con argumentos, pruebas y derecho de réplica. Cuando exista un daño demostrable, deben recurrir a vías civiles o administrativas proporcionales.
Nunca a leyes que produzcan miedo, censura o autocensura.
REGULAR NO ES CENSURAR
Defender la libertad de expresión no significa negar los riesgos de la inteligencia artificial.
Las suplantaciones de identidad, los montajes, los audios falsificados, las campañas coordinadas de desinformación y el uso anónimo de plataformas para destruir reputaciones son problemas reales.
No podemos elegir entre dos extremos igualmente irresponsables: dejar las redes sin reglas o entregarles a los políticos el poder de decidir qué puede publicarse.
México y este San Luis Potosí contaminado por intereses políticos necesitan regulación.
Pero una regulación construida por especialistas en derechos humanos, libertad de expresión, tecnología, inteligencia artificial, protección de datos y derecho digital.
Expertos independientes, sin subordinación partidista, intereses electorales, conflictos económicos ni agravios personales.
Las reglas deben proteger la crítica, diferenciar una sátira de una falsificación dolosa, exigir transparencia a las plataformas y establecer responsabilidades claras para quienes produzcan contenidos fraudulentos con la intención comprobada de causar daño.
Regular la tecnología no es criminalizar la conversación.
EL PUNTO MEDIO QUE NADIE QUIERE DISCUTIR
La discusión ha sido secuestrada por dos extremos.
De un lado, quienes pretenden utilizar el derecho penal para proteger a figuras públicas de la crítica y determinar desde el poder quién es digno de expresarse y quién no.
Del otro, quienes actúan como si la libertad de expresión incluyera el derecho ilimitado a suplantar, engañar, manipular o destruir reputaciones sin asumir consecuencias.
Ninguno tiene razón.
Nuestra postura es otra:
Sí a la libertad de expresión.
No a la penalización de la comunicación.
Sí a la regulación técnica, independiente y democrática de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales.
No a las leyes redactadas desde intereses políticos, personales o partidistas.
La protesta debe ser escuchada, pero no convertida artificialmente en la voz de toda la sociedad.
Héctor Serrano debe rendir cuentas por la propuesta, pero no ser utilizado como una cortina detrás de la cual se oculten quienes aprobaron, promulgaron y aplicaron la reforma.
El Congreso tiene que decidir si corregirá la ley mediante una discusión seria, plural y especializada, o si seguirá esperando a que la presión de la calle sustituya el trabajo legislativo.
La responsabilidad tendrá 27 nombres y apellidos.
Excusarse será un pecado mortal.
Porque nadie debe ser encarcelado por comunicar.
Nadie debe tener licencia para manipular.
Y, sobre todo, nadie puede hablar en nombre de todos.
Mucho menos nosotros.
