Por Jesús Aguilar
Te puede caer bien o mal, lo puedes recordar o no, pero el ex alcalde capitalino Xavier Nava Palacios sufrió de un linchamiento político y personal desde un órgano tan importante como el Congreso del Estado Potosino y eso debe quedar claro y en un ejercicio de principios elemental se le debe de defender.
Además de eso, es un símbolo de una terrible descomposición del órden público.
En un país donde la justicia suele llegar tarde, cuando llega, la urgencia política se ha vuelto un arma de doble filo. El caso de la inhabilitación de Xavier Nava por parte del Congreso de San Luis Potosí —anulada este mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— no solo exhibe un error jurídico de gran calado, sino un patrón cada vez más común: el uso de órganos legislativos como trincheras de grillo y vengativo ajusticiamiento.
En diciembre de 2021, la entonces Legislatura potosina aprobó una sanción ejemplar contra Nava y varios de sus funcionarios, por haber promovido una obra en la zona de Rancho Viejo —un puente vial— bajo el argumento de haber ignorado un amparo agrario vigente. Aquella votación en el Congreso fue categórica, estridente, hasta festiva. Se hablaba de justicia, de castigo a los poderosos, de reivindicación para los ejidatarios. Lo que no se discutió con el mismo énfasis fue el debido proceso legal.
La Suprema Corte acaba de recordar al Congreso potosino —y de paso a todos los del país— que no están por encima del derecho. En una sentencia clara, el máximo tribunal concluyó que la inhabilitación se impuso de forma ilegal e indebida, sin agotar las vías jurídicas correspondientes ni esperar la resolución de fondo sobre la presunta violación al amparo agrario.
El mensaje es devastador: el Congreso sancionó políticamente sin base jurídica firme. Y eso, en una democracia, es veneno puro.
No se trata aquí de absolver a Nava ni de convertirlo en mártir. Si hubo daño, que se demuestre. Si se violaron derechos ejidales, que se repare conforme a derecho. Pero no se puede sustituir la justicia por el aplauso partidista ni convertir la sede legislativa en paredón.
La política no puede seguir actuando con el reflejo tribal del castigo sin pruebas, del linchamiento disfrazado de legitimidad popular.
Casos similares han ocurrido en otras entidades: ex alcaldes, síndicos o gobernadores que han sido inhabilitados o perseguidos por legislaturas dominadas por facciones opuestas. En muchos de esos casos, como en Veracruz o Tlaxcala, los tribunales han tenido que corregir los excesos del poder legislativo, recordando que ni la mayoría ni la indignación son sustituto de la ley.
En este contexto, urge una revisión profunda del actuar del Congreso potosino en este y otros casos. No basta con que la Corte corrija. La ciudadanía merece una explicación de los ex legisladores que votaron la sanción. ¿Actuaron por consigna? ¿Fueron advertidos de que la resolución jurídica estaba incompleta? ¿Hubo presión política o interés electoral?
Por supuesto que sí.
¿Nava hizo lo necesario para defenderse más allá de su proceso legal consumado en la Suprema Corte?
Creo firmemente que no.
Sin embargo, esa es su condición política y pública y es parte de una ruta distjnta porque lo sucedido aquí no solo mancha a un ex presidente municipal, sino que socava la credibilidad de todo el aparato legislativo local.
Hay algo más profundo y más peligroso en juego. Cuando los congresos se erigen en jueces sin serlo, cuando dictan condenas antes que las cortes, cuando sancionan en función de cálculos partidistas, están sembrando un precedente devastador para el Estado de derecho.
Lo sucedido con Xavier Nava no debe pasar como una simple corrección de la Corte. Es momento de abrir el expediente del Congreso. No solo para esclarecer responsabilidades, sino para enviar un mensaje claro: en democracia, ni siquiera el poder legislativo tiene licencia para abusar.
El Gobernador Gallardo al ser cuestionado sobre el tema hace poco respondió lacónico: “la verdad es que no merece mi opinión, pero tengo entendido de lo que se libró es de una inhabilitación de tipo administrativa, todavía falta todo lo penal, la verdad es que no hay ni siquiera que opinar de este tipo de gente que le falló a los potosinos.”
Finalmente el que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma…
Línea del tiempo: Caso Nava – Congreso de SLP – Rancho Viejo
2019–2021
• Xavier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí, promueve y ejecuta un proyecto vial (puente en Periférico Oriente) sobre terrenos del ejido Rancho Viejo “La Libertad”.
• El ejido tenía un amparo agrario vigente que prohibía la construcción.
Octubre 2021
• El ejido gana un recurso ante el Tribunal Unitario Agrario. Se ordena detener la obra.
• Se denuncia que la administración de Nava no acató la resolución judicial.
Diciembre 2021
• El Congreso del Estado de SLP, con mayoría opositora a Nava, aprueba:
o Inhabilitarlo por hasta 18 años para ocupar cargos públicos.
o Sanciones similares para otros funcionarios de su gabinete.
2022–2024
• Nava y sus abogados interponen recursos ante tribunales federales.
• Denuncian violaciones al debido proceso y exceso de atribuciones por parte del Congreso local.
7 de julio de 2025
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revoca la inhabilitación de Nava.
• Declara que el Congreso se extralimitó y actuó sin base jurídica suficiente.
• Se establece que no se agotaron los recursos judiciales previos a la sanción legislativa.
⚖️ Potenciales consecuencias tras el fallo de la Suprema Corte
🔍 1. Revisión y posible nulidad de otras sanciones similares
• Otros funcionarios inhabilitados en el mismo proceso podrían impugnar sus sanciones.
• Se abriría la puerta para una cascada de amparos y juicios administrativos contra el Congreso.
🧾 2. Exigencia de rendición de cuentas a ex diputados
• La ciudadanía y sectores académicos podrían exigir que los ex legisladores comparezcan y expliquen su voto.
• Se abre un debate sobre responsabilidad política vs. responsabilidad jurídica.
🏛️ 3. Impacto institucional en el Congreso del Estado
• El Congreso actual podría enfrentar una crisis de legitimidad histórica.
• Se demanda mayor asesoría jurídica independiente en futuras decisiones legislativas.
🧨 4. Regreso político de Nava
• Al quedar sin efectos la inhabilitación, Nava recupera sus derechos políticos.
• Esto reconfigura el tablero electoral rumbo a 2027, especialmente en la capital potosina.
📚 5. Precedente nacional en materia de sanciones administrativas
• La SCJN sienta un precedente clave para frenar el uso faccioso de sanciones políticas desde los Congresos locales.
• Legisladores de otras entidades deberán ser más cautelosos antes de castigar a funcionarios sin respaldo judicial firme.
