El Radar
Por Jesús Aguilar
El Senado de la República ha dado un paso significativo en el debate sobre la reelección y el nepotismo electoral en México. Con 22 votos a favor, seis abstenciones y cero en contra, la iniciativa presidencial que prohíbe la reelección inmediata y restringe la participación de familiares en cargos públicos ha sido aprobada en Comisiones y se espera su votación en el pleno la próxima semana.
Los Monreal de Zacatecas, los Salgado de Guerrero y los Duranguenses y Veracruzanos tuvieron que poner sus barbas a remojar.
El caso de San Luis Potosí es un ejemplo emblemático, pues la familia Gallardo, fuertemente posicionada en la escena política local, se vería directamente afectada por la nueva disposición, sacudiéndose el polvo el propio Gobernador ha dicho que su partido, el Verde, tiene al menos 5 opciones competitivas para ganar elecciones.
Mientras a nivel nacional MORENA está reclutando al viejo estilo del corporativismo priísta al SNTE, en San Luis recientemente se nombró a la Secretaria de Finanzas Ariana García como líder del movimiento Fuerza Magister, una jugada que parece clave para contener desde esta poderosa posición los probables embates de los maestros potosinos ante las complicadas condiciones del erario público actual, pero el fondo es mostrar que la estrategia Gallardista es fortalecer su estructura para ejercer la fuerza electoral más allá del candidato en 2027.
Los Datos Detrás del Nepotismo y la Reelección
El nepotismo en la política mexicana no es un fenómeno nuevo. Estudios recientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revelan que en al menos 12 estados de la República, un alto porcentaje de cargos públicos electos han sido ocupados por familiares directos de funcionarios en funciones. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha identificado al menos 50 casos en los últimos tres años donde la reelección ha sido utilizada como un mecanismo para perpetuar dinastías políticas en el poder.
Leslie Holmes indica que nepotismo implica “nombrar a miembros de familia” en cargos públicos (Holmes, 2012). Lo menciona como “incorrecciones sociales” o corrupción tradicional; en ella, señala que está acompañado del amiguismo o, lo que es equivalente, contratar amigos y colegas en estos cargos.
El día a día de un sistema que dice que cambió pero para el regreso de muchas figuras que habían jurado combatir como el presidencialismo del dinosaurio priísta que ahora mutado escupe sangre color vino tinto.
El senador Waldo Fernández González del Verde expresó que la reelección ha distorsionado la equidad en la contienda electoral y ha favorecido el uso de recursos públicos para la permanencia de ciertos actores políticos. La senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, añadió que esta reforma busca erradicar la “herencia” del poder, considerándolo una práctica arcaica y corrupta.
La Perspectiva Legal y de Expertos
Desde una visión jurídica, el dictamen aprobado plantea interrogantes sobre la compatibilidad de estas restricciones con derechos fundamentales. La Constitución Mexicana, en su artículo 35, reconoce el derecho de todo ciudadano a ser votado en condiciones de igualdad.
La doctora en Derecho Constitucional, María Elena Morera, advierte que la prohibición absoluta podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o a través del Tribunal Electoral, al argumentar que restringe de manera desproporcionada el derecho a la participación política. Asimismo, el doctor en Ciencia Política, José Antonio Crespo, subraya que el reto radica en diferenciar el nepotismo de situaciones donde existen perfiles válidos y con trayectoria propia, pero que se ven limitados por sus lazos familiares.
¿Hay Margen para la Defensa de los Derechos Políticos?
El dictamen ha generado inquietudes sobre la posibilidad de recurrir a figuras jurídicas como el amparo para impugnar las nuevas disposiciones. Especialistas señalan que, si bien la SCJN podría revisar su constitucionalidad, la tendencia reciente del Poder Judicial ha sido respaldar reformas que buscan reducir privilegios políticos. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que cualquier restricción a los derechos políticos debe estar justificada por razones de idoneidad y necesidad.
En este sentido, podrían interponerse amparos alegando que la prohibición de candidaturas familiares viola principios de presunción de idoneidad. No obstante, el panorama político actual, con un Congreso dominado por Morena y sus aliados, hace poco probable una revocación legislativa.
¿Fin del Clientelismo o Nuevo Campo de Batalla Jurídico?
La aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión en la política mexicana. Si bien busca combatir la corrupción y evitar la consolidación de dinastías políticas, también abre un debate sobre los límites entre la regulación electoral y la restricción de derechos políticos individuales.
Con su entrada en vigor en 2027 y 2030, los actores afectados podrían recurrir a los tribunales para impugnar sus alcances, convirtiendo a esta iniciativa en un referente clave para futuras reformas. Lo que queda claro es que, lejos de ser una discusión terminada, el nepotismo electoral seguirá siendo un tema central en la agenda política y judicial del país.
Para el tema potosino, que es el que siempre más nos implica, el tema no es legal, es político, es de subsistencia sexenal, es de ir o no en contra de una iniciativa que como dijimos ayer aquí, es el “madruguete” de Sheinbaum para sus contras o no alineados.
Los costos y nuevas condiciones de una ruta muy adelantadad trístemente para un estado que necesitaría más acciones y menos grilla como San Luis están en desarrollo.
