Puerta de Piedra y el peligro de discutir la ciudad en blanco y negro.
El Radar
Por Jesús Aguilar.
En San Luis Potosí se está instalando una peligrosa simplificación en el debate público: convertir cualquier decisión urbana compleja en una fábula moral de buenos contra malos. De un lado, ciudadanos heroicos. Del otro, autoridades depredadoras. Y en medio, la realidad —mucho más compleja— queda atrapada por la lógica de los absolutos.
El caso del predio en Puerta de Piedra ilustra con claridad esa tensión.
Ahí existe hoy un espacio que vecinos rescataron del abandono, limpiaron y arborizaron. Ese esfuerzo comunitario es real y merece reconocimiento. Cuando una comunidad decide cuidar un terreno que antes estaba olvidado, la ciudad gana.
Pero también es cierto algo que rara vez se dice con claridad: la recuperación social de un terreno no cambia automáticamente su condición jurídica ni su clasificación urbana.
El predio sigue siendo propiedad municipal y aparece en la planeación urbana como área de equipamiento, no como parque público formalmente decretado. Es decir, el mérito ciudadano existe, pero no ha derivado —al menos hasta ahora— en un cambio formal del uso del suelo.
El Cabildo aprobó la desafectación y eventual enajenación de varios inmuebles municipales dentro de un paquete de activos que el Ayuntamiento considera subutilizados. La lógica es conocida en la administración pública: convertir patrimonio inmóvil en recursos que permitan financiar infraestructura que el presupuesto ordinario no alcanza a cubrir.
Ese es el verdadero debate.
No se trata de decidir quién quiere más a los árboles. Se trata de discutir qué conviene más a la ciudad cuando un activo público puede convertirse en infraestructura que beneficiará a miles de personas.
Ahora bien, hay un elemento adicional que merece revisarse con serenidad.
Hasta ahora, en la discusión pública aparecen apenas cuatro voceros visibles encabezando la inconformidad. Cuatro personas pueden tener razones legítimas para defender una causa, pero eso no convierte automáticamente su postura en representación de toda una comunidad.
Si el argumento central es que ese espacio se ha vuelto un parque indispensable para la colonia, entonces la pregunta razonable es elemental: ¿cuántos vecinos realmente comparten esa posición?
Porque también existe otra realidad urbana que conviene recordar: se trata de fraccionamientos privados plenamente urbanizados, con servicios completos y equipamiento cercano. No son colonias marginadas que luchan por su primer espacio público.
Esto no invalida el valor de un área verde.
Pero sí obliga a dimensionar el conflicto con proporción.
Una cosa es un movimiento ciudadano amplio y legítimo.
Y otra muy distinta es una controversia impulsada por un grupo reducido que logra amplificación pública.
Por eso la salida inteligente no es la confrontación.
La salida es la política.
El alcalde Enrique Galindo está, probablemente como pocos actores públicos en la ciudad, en condiciones sobradas de explicar y defender su decisión. Tiene la experiencia administrativa, el respaldo institucional del Cabildo y, sobre todo, la capacidad política para poner sobre la mesa argumentos técnicos, urbanos y financieros que permitan dimensionar correctamente el tema.
Si el debate se ha encendido, lo más sensato sería convocar a una reunión directa con quienes se han manifestado inconformes, escuchar sus planteamientos y presentar con claridad los datos completos del proyecto.
No para ceder automáticamente.
Sino para convencer.
Porque gobernar una ciudad implica ponderar bienes públicos que a veces entran en tensión. Un terreno puede tener valor ambiental o comunitario emergente, pero también puede representar una oportunidad para financiar obras que benefician a miles de ciudadanos.
La tarea del gobierno es justamente equilibrar esas variables.
Y para hacerlo con legitimidad debe demostrar algo más que un expediente legal.
Debe demostrar que la decisión también es técnicamente sólida, socialmente escuchada y políticamente defendible.
Eso implica realizar un dictamen técnico serio sobre el valor ambiental del sitio, transparentar completamente los criterios con los que se seleccionaron los predios que entraron en el paquete de enajenación y abrir un diálogo directo con la comunidad.
No para gobernar por presión.
Pero tampoco para gobernar de espaldas a la ciudad.
Porque en el fondo este episodio refleja algo más profundo que un conflicto por un terreno.
Refleja el choque entre dos legitimidades distintas: la institucional, que administra patrimonio público y debe pensar en toda la ciudad; y la comunitaria, que surge cuando ciudadanos deciden apropiarse positivamente de un espacio.
Ambas son válidas.
Ambas tienen peso.
Y ninguna debería anular a la otra.
San Luis necesita más parques, más infraestructura, más espacios públicos y más participación ciudadana.
La pregunta no es cuál de esas prioridades debe ganar.
La pregunta es si somos capaces de equilibrarlas con inteligencia.
El alcalde tiene hoy la oportunidad de hacerlo.
Porque si los argumentos del gobierno son sólidos —y todo indica que pueden serlo— Galindo tiene la estatura política suficiente para convencer no sólo a cuatro inconformes, sino a toda la ciudad del peso de su decisión.
Gobernar no consiste en imponer.
Pero tampoco en renunciar a decidir.
Gobernar consiste en explicar, persuadir y sostener las decisiones que convienen al interés público.
Y esa es, al final, la verdadera prueba de liderazgo en una ciudad que quiere madurar.
